Redacción Canal Abierto | Según el reglamento, este martes 15 de septiembre vence el plazo para que el Poder Ejecutivo presente el Presupuesto 2027 a la Cámara Baja.
Hasta el cierre de esta nota no se conocían los detalles del proyecto, pero el rumor era fuerte: la ley de leyes para el año que viene irá por un ajuste aún mayor. El rumor tiene fundamentos.
Esta mañana, en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, Javier Milei se reunió una hora y media con sus ministros, secretarios y colaboradores. Según trascendió, allí el Presidente aprovechó para repetir que no cambiará el rumbo económico porque “al populismo no se le gana con populismo”, y aseguró que, por el contrario, “profundizará las políticas adoptadas”. Pero nada dijo sobre el Presupuesto.
Por su parte, el vocero presidencial Adrián Ravier sólo se refirió al asunto en lo que refiere a Defensa y la SIDE, carteras para las que habrá partidas más grandes (en línea con la causa soberana sobre Malvinas, recientemente descubierta por el Gobierno).
Todo para la SIDE
Con este contexto y el accionar de la gestión libertaria en los años precedentes, la oposición desconfía. “No hay que tomar en serio el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 que presentará el gobierno el 15 de septiembre. El motivo es simple: el propio Presidente Javier Milei y el ministro Toto Caputo no consideran que el Presupuesto sea un instrumento central de la política económica. Además, no creen que deba cumplirse”, aseguró el exlegislador y actual director de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez en su cuenta de X.
Además, afirmó que en 2024 y 2025, “el Gobierno decidió (sí, decidió) no tener presupuesto anual y prorrogó —en ambos ejercicios— el Presupuesto 2023”.
Para 2026, con cálculos de crecimiento e inflación lejanas a la realidad, aprobó un Presupuesto que luego fue modificado —resoluciones y decretos mediante— para retacear recursos originalmente previstos a partidas sensibles. Rodríguez enumera: “a bibliotecas populares; al cuidado del ambiente; al deporte federado; a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer; a la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles; a la compra de productos farmacéuticos y medicinales (…); al sostenimiento de acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida; al diseño y construcción de satélites; a los Bomberos; a Ciencia y Técnica; a la infraestructura hidráulica en todo el país; a las obras en rutas y mantenimiento vial, entre otras finalidades”.
En cambio, recordó que amplió las partidas previstas para la SIDE en un 82%, como anticipó Ravier que volverá a ocurrir.
Ajustar o prorrogar, distinto pero lo mismo
A esto se le suma la subejecución. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hasta agosto 2026, “la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023, evidenciando un ajuste significativo en áreas sensibles”.
En su informe, aseguran que las partidas de la SIDE registran hasta agosto “un incremento real del 42% en su ejecución”. “Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública concentran el 12% del gasto total ejecutado”, detalla el CEPA. Y asegura que, en un análisis por organismos, se evidencian “recortes profundos en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública”.
En consiguiente, los escenarios que la oposición baraja son dos: que aprueben un Presupuesto de ajuste, o que éste resulte tan invotable que sirva de excusa para prorrogar por otro año el de 2026, lo que en la práctica significa administrar el Estado a discreción.
Ilustración: Marcelo Spotti
