Publicada 30/09/2026
Por Elisa Corzo | A principios de septiembre, la Cámara de Representantes de Misiones eliminó la prohibición que regía para el uso de glifosato en la provincia, tras modificar una ley sobre promoción de Bioinsumos que regía desde 2023 y que implementaba un período de transición de dos años que ahora se cortó de cuajo. La medida preocupa, por los riesgos que implica para los trabajadores tareferos y las comunidades de la zona, y porque históricamente más del 80% de la producción detrás del consumo de mate del país vino de esta provincia.
Ahora bien, ¿de dónde viene semejante recule?
En diálogo con Canal Abierto, el periodista Sergio Alvez explica que ésto se da, por un lado, por presiones de las cámaras rurales, e incluso por la queja de algunos pequeños productores. Pero además, en el marco de una interna política dentro del propio oficialismo provincial. Y es que el actual diputado y referente histórico del Partido de la Concordia, Carlos Rovira, fue uno de los principales impulsores de la Ley de Bioinsumos en 2023, en el marco de un gran consenso social, pero hoy se encuentra limado por el sector del actual gobernador, Hugo Passalacqua.
En 2023, señala Alvez, los apoyos a la medida tenían que ver con argumentos sanitarios y ambientales, respaldados por sobrada evidencia científica, y vinculados a la necesidad de reducir la exposición de la población a los agroquímicos, proteger el suelo, el agua y la biodiversidad. Además, la provincia tenía un camino recorrido: con la ley 124 de 2018 que prohibía la fumigación con agrotóxicos en ejidos urbanos, o con la ordenanza del municipio de Montecarlo de 2012, que directamente prohibía el uso en todo ese distrito.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, ese consenso se fue resquebrajando. Las sospechas por los vínculos del hijo de Rovira -Ramiro- con la empresa Agro Sustentable, contratada por la provincia para proveer de forma gratuita los bidones de bioinsumos, en el proceso de transición de dos años dispuesto por la ley, fue un factor que influyó.
Pero también -apunta Alvez- “las quejas por parte de los pequeños productores, en relación a que no les producía el mismo efecto”. “Hubo cierto malestar porque, incluso reconociendo la cuestión sanitaria, veían que esas alternativas implicaban mayor costo de mano de obra, de combustibles y que afectaban los rendimientos”. “Y ya en 2025 empiezan los cuestionamientos más formales y a plantear de que no existía un reemplazo que justificara la eliminación del glifosato para ellos”.
Ernesto Cándido Ojeda, titular de la FeTARA – CTA, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Agrarios de la República Argentina, también pone el foco en “la crisis política”, que no permitió que la Ley de Bioinsumos se desarrolle e implemente de forma adecuada, pero destaca sobre todo la desregulación del sector por parte del gobierno de Javier Milei, con la eliminación de los precios mínimos y la pérdida de funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, como un golpe certero que profundizó la problemática de “los rendimientos”.
“Lo que cunde es una visión negativa”, dice Ojeda en relación a la modificación de la ley de Biosinsumos. “Porque, claro, porque como se achicó el margen de rentabilidad de la producción de la yerba, como consecuencia de la política del Gobierno nacional, entonces los productores van a buscar la ganancia y al buscar la ganancia van a ir al agrotóxico. Porque el agrotóxico le da una cantidad de ventaja que no te da la forma de producción sana”, afirma.
El referente de los trabajadores rurales de Misiones también pone el acento en las presiones de las cámaras rurales. Así, ya en 2023, la Sociedad Rural y la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre otras entidades, presentaron una denuncia de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de la Nación contra la ley de Bioinsumos.
Ojeda señala que si bien en 2023 vieron con buenos ojos y hasta con sorpresa la aprobación de la normativa y la intención de ir hacia un modelo productivo más sustentable -sobre todo por lo que implicaba para el trabajador no tener que “manipular veneno”- lo cierto era que era una medida provincial, aislada de lo que ocurría en el resto del país.
“Es muy difícil la batalla contra los agroquímicos -analiza Ojeda- y solamente un estado nacional puede planificar a largo plazo”.
La persecución contra la investigadora del INTA Balcarce y del CONICET, Virginia Aparicio, apunta Ojeda, también es una muestra y parte de esa lucha con cancha inclinada.
En la misma línea, agrega Alvez: “Yo creo que detrás también hay mucha presión de distintos sectores del agro y sobre todo algunas cuestiones ideológicas que fueron muy cuestionadas acá, y esto quizás obedezca también a alguna cuestión interna, a una política electoral. Hay como un combo de cuestiones. Lo cierto es que se volvió atrás con el discurso, y si, es un poco un mamarracho”.
