Publicado 6/10/2026
Redacción Canal Abierto | Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un fallo reabriera el debate sobre la venta de territorio nacional a capitales extranjeros, Diputados se prepara para discutir la continuidad (o no) del megadecreto 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales.
“La Corte Suprema debió haber abordado de oficio el tratamiento global del decreto 70/23”, asegura el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, en diálogo con Agenda propia*. Y afirma: “No estamos en Estado de derecho, estamos en excepcionalidad institucional”.
El contexto
En una sesión especial convocada para el 15 de octubre, la Cámara baja discutirá la anulación del megadecreto con el que Javier Milei inauguró su gestión y con el que quitó numerosas regulaciones estatales, entre ellas las que frenaban la venta ilimitada de tierras a capitales foráneos.
La discusión sobre la constitucionalidad del DNU volvió a abrirse luego de que los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaran la cautelar que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
“La reforma del año 94 dice textualmente: ‘El Poder Ejecutivo Nacional, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas’. Un tribunal integrado por tres académicos, sabiéndolo de memoria y teniendo escritos sobre esto también, ¿por qué no lo aplican? ¿Cuál es la maldad o perversión institucional que lleva a esta omisión dolosa?”, plantea Barcesat.
Cómo leer a la Corte
En su análisis, el voto negativo que debería emitir Diputados —y que, sumado al que emitió el Senado en 2024, dejaría sin efecto el decreto— se trata de una anulación, no de una derogación.
“En el derecho se deroga lo que es válido, pero que cumplió o agotó su objeto normativo, como los DNU que se dictaron bajo la pandemia. Anular es cuando algo salió por gente incapaz, en este caso debemos decir que sí, o porque el objeto es prohibido, más decimos que sí. Entonces se dan los dos requisitos para tumbar el decreto 70”, detalla.
Y agrega: “Esto es, desde el punto de vista penal, más que mal desempeño: esto es posible comisión de delito en ejercicio de acción, es violación de los deberes de funcionario público y concursa también la figura del prevaricato. Es decir, cuando un juez, a sabiendas, no aplica el derecho que debe aplicar”.
De declararse nulo el DNU 70/23, la legislación volvería al momento previo de la producción de esa nulidad. En este caso, al 20 de diciembre de 2023.
“Se tienen que hacer cargo de las responsabilidades el Presidente de la Nación y los ministros y jefes de Gabinete que firmaron ese decreto. Y también quienes han validado la extensión de la vigencia del decreto 70”, señala Barcesat.
Estado de excepción
La firma del DNU 70/2023 ofició de acto inaugural del entonces flamante gobierno de Javier Milei. Y en su kilométrico texto compuesto por 366 artículos barría con distintas regulaciones —ideadas por Federico Sturzenegger— que en su mayoría continúan vigentes, con consecuencias múltiples.
“Esto está conduciendo a un genocidio silencioso del hambre —considera Barcesat—. La incidencia que tiene este plan perverso es que hace perder expectativa de vida razonable al pueblo argentino, ya no digo vida digna. De manera que lo que está en juego es el derecho a la vida”.
Y sentencia: “Milei mintió: dijo que venía a destruir el Estado, pero lo que vino a destruir es el Estado nación. Porque el Estado nación implica pueblo, territorio, soberanía. Cada día se suma un capítulo más del deterioro y de la necesidad de enfrentar institucionalmente esto que efectivamente es la excepcionalidad. Esto es haber ungido una dictadura por el voto popular, pero no se tuvo en cuenta, no se supo, o no se quiso entender qué es lo que se venía con este Gobierno, que está demostrando que no tiene límite ninguno. Inventan cada día algún instrumento adefésico perverso para perjudicar la calidad de vida de la gran mayoría del pueblo argentino y hundir definitivamente la institucionalidad con la colaboración, por omisión de obrar, del Congreso de la Nación y del Poder Judicial de la Nación”.
¿Por qué la Corte deja el amparo sin efecto ahora? ¿Cómo hay que leer esta jugada? ¿Qué puede hacer Diputados? ¿Y la gente? Todo, en esta entrevista.
Además, la respuesta popular que se traducirá en movilizaciones a Tribunales y al Congreso para reclamar la nulidad del DNU 70/23, el saldo de la “Argentina week” en París, y un análisis de las consecuencias del nuevo emprendimiento oficialista: la ciudadanía por inversión.
Mirá ésta y otras entrevistas en Agenda propia*, un streaming de Canal Abierto que aborda la coyuntura disputando el sentido de la agenda.
Con la conducción de Gladys Stagno y Manuel Rodríguez, y la participación del secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y del economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano.
Programa completo:
*Todos los martes, a partir de las 11, en vivo por streaming en el canal de YouTube de Canal Abierto.
Equipo audiovisual: Pablo Martínez Levy, Ramiro Lorenzo y Juan Alaimes.
