Redacción Canal Abierto | La filial argentina de Amnistía Internacional presentó un documento ante el peso gravitacional que Peter Thiel, fundador de Palantir, ha adquirido entre integrantes del gobierno nacional. El organismo advierte sobre los graves riesgos que estas tecnologías de vigilancia masiva representan para los derechos humanos.
Thiel no es un inversor tecnológico convencional. Su pensamiento, plasmado en ensayos como The Education of a Libertarian de 2009, sostiene una tesis explícitamente antidemocrática, poniendo en cuestión que la libertad y la democracia sean compatibles . Thiel argumenta que la expansión del sufragio femenino y del estado de bienestar ha vuelto a las mayorías «hostiles al capitalismo», por lo que aboga por «encontrar una salida de la política en todas sus formas» .
Esta visión se complementa con una defensa de la guerra como herramienta de «renovación occidental»: su compañía Palantir ha suministrado activamente sistemas de inteligencia artificial al ejército israelí para el genocidio en Gaza, y su reciente manifiesto corporativo de 22 puntos clama por un “nuevo orden basado en la disuasión con IA” y por “deshacer la castración de Alemania y Japón después de la guerra”.
Para Thiel, la democracia es un estorbo que debe ser reemplazado por una tecnocracia autoritaria donde los ingenieros de Silicon Valley —y no los ciudadanos— tomen las decisiones estratégicas, incluso las que definen quién vive y quién muere en el campo de batalla.
Los sistemas de Palantir, (Gotham, Foundry, Gaia) están diseñados para integrar y analizar grandes volúmenes de datos provenientes de fuentes dispares: registros policiales, migratorios, biométricos, financieros y de redes sociales. Su propósito es generar inteligencia operativa para la toma de decisiones estatales en áreas tan sensibles como la seguridad, la inteligencia, la defensa y el control migratorio.
Como señala el informe de Amnistía, “su relevancia radica en que opera en sectores altamente sensibles, donde sus herramientas pueden influir directamente en decisiones estatales que afectan derechos fundamentales”.
La preocupación no es especulativa. Amnistía documenta antecedentes internacionales que pintan un cuadro alarmante. Cita ejemplos como Estados Unidos, donde las herramientas de Palantir fueron utilizadas por la agencia migratoria ICE para monitorear a migrantes y activistas. O Alemania, el Tribunal Constitucional Federal declaró inconstitucional su uso policial en los estados de Hesse y Hamburgo, al considerar que “violaban el derecho a la autodeterminación informativa porque permitían construir perfiles exhaustivos de personas —incluidos testigos y contactos sin ninguna sospecha fundada— sin umbrales legales suficientes”. El caso más grave es el de su participación activa en las operaciones militares de Israel en Gaza.
En Argentina, el arribo de Palantir se suma a un proceso ya en marcha de expansión de la vigilancia estatal. Cabe tener en cuenta que desde diciembre de 2023, el Gobierno ha impulsado reformas en el Sistema de Inteligencia, creado la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y adquirido tecnologías de monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial y análisis predictivo. Frente a esta realidad, la opacidad del Poder Ejecutivo es total.
Amnistía Internacional Argentina presentó pedidos de información pública para conocer el alcance de las reuniones con Palantir o posibles acuerdos, pero las respuestas fueron, en sus propias palabras, “insuficientes, lo que revela una falta de transparencia en torno a un asunto de alto interés público”.
“Cuando están en juego posibles vínculos entre el Estado y empresas que proveen infraestructura de vigilancia, así como decisiones que pueden afectar el tratamiento y la circulación de datos personales, la opacidad no es un problema secundario: es uno de los principales factores de riesgo”, alerta el informe.
La organización es concluyente: los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, la reunión y la no discriminación corren serio peligro. La implementación de estos sistemas sin un debate público ni garantías robustas podría conducir a un escenario de vigilancia masiva, perfilamiento discriminatorio y una profunda erosión del espacio cívico.
En tal sentido Amnistía culmina el trabajo con una serie de recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Al primero, le plantea “hacer pública toda información sustantiva sobre reuniones, acuerdos, pruebas piloto, contrataciones o cesiones de datos vinculadas a Palantir y a otros proveedores de tecnologías de vigilancia”; “abstenerse de avanzar en cualquier acuerdo, prueba piloto, contratación o esquema de intercambio de datos” con la empresa “mientras no exista transparencia plena, debate público informado y garantías compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.
También considera conveniente que el Gobiernorealice y publique “evaluaciones de impacto en derechos humanos previas a cualquier adquisición o despliegue de tecnologías de vigilancia”; garantice “mecanismos efectivos de habeas data, supervisión técnica independiente y auditorías externas” y suspenda “el avance del acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de transferencia transfronteriza de datos hasta tanto exista un debate público informado y se aseguren garantías equivalentes a los estándares internacionales”.
En tanto, al Congreso le recomienda “ejercer su función de control mediante interpelaciones, pedidos de informes y, de ser necesario, comisiones investigadoras” y “avanzar en la actualización del marco legal de protección de datos personales y en la regulación específica del uso estatal de tecnologías de vigilancia, con audiencias públicas y participación de organizaciones especializadas”.
