Por Leonardo Vázquez | Una manifestación de organismos de Derechos Humanos de La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero esperaba al ex Jefe del Ejército en la puerta del Juzgado Federal de Tucumán, en el que tenía que declarar ayer desde las 10 ante el magistrado Fernando Poviña en la causa que investiga la desaparición del soldado Alberto Ledo en 1976.

Sin embargo, César Milani llegó dos horas antes para evitar la concentración y se retiró al mediodía por una salida lateral, después de haber negado todos los cargos en su contra y sin hacer declaraciones periodísticas.

Su abogado Gustavo Feldman, en cambio, explicó que Milani declaró no haber conocido personalmente al conscripto desaparecido e informó que el imputado “dejó otro escrito ampliatorio donde ofrece una buena cantidad de pruebas”. Sorprendió al asegurar que ofrecieron al magistrado “las declaraciones testimoniales de León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y Graciela Fernández Meijide sobre aspectos de orden general y en particular en cuanto a la participación de los subtenientes en esa época”. E insistió con el débil argumento de la corta edad que el militar acusado tenía a la fecha de los sucesos investigados, para intentar desligarlo de cualquier responsabilidad, estrategia que en general carece de valor en los tribunales, pero suele desparramar algún tipo de confusión en la opinión pública.

Adriana Mercado Luna, abogada que representa a Graciela Leo, hermana de la víctima, dialogó con Canal Abierto.

Familiares de Ledo y organismos de Derechos Humanos, ayer, frente a los Tribunales en Tucumán

-¿Qué análisis hace de la declaración de Milani?

La indagatoria es beneficiosa para el avance de la causa, pero en cuanto al contenido de la declaración, no cambia en nada lo que ya está probado. Este es un acto en defensa del imputado y no está obligado a decir la verdad, es más, puede mentir, que es lo que pasó efectivamente. Dice que no conoció a Ledo, que no fue su asistente, pero a su vez incurre en algunas contradicciones, como cuando desconoce el sumario de deserción y su firma, pero dice que puede ser que haya sido él quien confeccionó el acta porque era una tarea habitual en su carácter de subteniente. Descalifica a los testigos pero no ofrece prueba para desacreditar la veracidad de sus testimonios     

-¿Confiaban en la posibilidad de que quedara detenido?

Si, en ese sentido fue un poco desilucionante, si bien los delitos que se le imputan son delitos con una pena menor, nosotros teníamos la esperanza de que quedara detenido, porque son delitos cometidos en el marco del Terrorismo de Estado calificados como crímenes de lesa humanidad. Pensábamos que ese extremo podía tenerse en cuenta y también las características del imputado, la posición política que ocupó, el cargo que ocupó y la posición política que sigue teniendo, que hace pensar que podría generar conductas a través de sí o de terceros, que puedan incidir en el curso del proceso. Nosotros tenemos esperanzas que en 10 días el juez dicte el procesamiento con prisión preventiva

-¿Cómo analizan que a pesar de la cantidad de prueba reunida haya llegado hasta el máximo mando de la fuerza?

Es incomprensible, porque hay que reconocer que el gobierno anterior hizo mucho por los Derechos Humanos, no se entiende que haya nombrado como jefe del Ejército a una persona que tenía dos causas abiertas por violación a los Derechos Humanos, porque tiene esta causa en Tucumán y otra en la Rioja por privación ilegitima de la libertad y tormentos en perjuicio de Pedro y Alfredo Olivera, en la que está citado a indagatoria parea el viernes 17 en el Juzgado Federal de la Rioja. Nos preguntamos cuáles fueron las razones superiores que llegaron a sostener a Milani a pesar de que cuando se iba a aprobar la designación ya había un informe del CELS que daba cuenta de estas dos causas

-¿Cómo esta impactando el movimiento de la causa a nivel social?

Esta causa ha generado diferencias entre los organismos de derechos humanos de la zona a partir del alto grado político al que ascendió el imputado y el nivel de exposición que han tenido las denuncias en su contra. Además han recibido amenazas telefónicas Graciela y Marcela Ledo y también dos de mis colegas querellantes, las doctoras María Elisa y Viviana Reinoso, en la casa de la madre de ellas

-¿La querella confía en la prueba que han logrado reunir?

Nosotros tenemos absoluta confianza en la prueba que hemos aportado, que es prueba testimonial muy abundante, porque la prueba documental ya estaba en la causa que es el sumario de deserción, aún cuando Milani desconozca su firma es un documento público, es una fotocopia certificada. El ya hizo un planteo de nulidad pero le fue denegada en todas las instancias, incluso en la cámara de casación penal.

Ahora el titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán tiene 10 días hábiles para determinar la situación procesal del imputado y las posibilidades oscilan entre una ampliación de indagatoria a partir de incorporación de prueba o el sobreseimiento de Milani.

La historia

El 17 de junio de 1976, el capitán Esteban Sanguinetti (procesado con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral en esta causa) salió de recorrida en tres oportunidades por Monteros, Tucumán, acompañado de Ledo. De la tercera ronda volvió solo. En la causa consta que el oficial le encomendó al entonces subteniente Milani confeccionar el acta de deserción e investigar el caso.

La lógica militar de aquellos años pareciera no haber indicado que a un desertor se lo buscara en la casa de su propia familia: unos días después, la madre de Ledo viajó a Tucumán para averiguar el paradero de su hijo ya que ninguna autoridad militar se había contactado con la familia.

Tal vez el sin sentido común castrense del terrorismo de Estado no destinaba tiempo ni recursos a buscar a un “desertado”, sin embargo las investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales, incluidas en la causa, señalan que “según el Código de Justicia Militar y el reglamento que regían entonces, Milani debía practicar todas aquellas diligencias que mejor convengan al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani

Su Wikipedia dice que es un militar nacido en Córdoba en 1954, que el 3 de julio de 2013 fue promovido a Teniente General y designado como Jefe de Estado Mayor General del Ejército.

Más allá de su presentación espontánea de julio de 2013, ayer declaró por primera vez como imputado ante Poviña, que reemplazó en noviembre de 2016 al juez Daniel Bejas, apartado de la causa con murmullos sobre su poca dinámica para hacer avanzar el expediente.

Los investigadores y especialistas aseguran que la llegada de Milani al máximo escalafón de la fuerza se apoyó en que, por su formación, trayectoria y estructura propia dentro del Ejercito, era la única persona capaz de apuntalar la cruzada del Gobierno de Cristina Fernández contra el espía Antonio Horacio “Jaime” Stiusso. El kirchnerismo habría necesitado de sus servicios de inteligencia para desplazar al oscuro jefe de la SIDE, en lo que pareciera una tenebrosa trama de un cuento de mafias subterráneas más poderosas que el poder.

Al momento de los hechos investigados, Milani tenía 23 años y el grado de subteniente. Entre sus ascensos, cursos de formación, carrera de grado y renglones del CV, se destacan algunos títulos que riegan esa versión.

  • El 4 de diciembre de 1975 egresó del Colegio Militar de la Nación con el grado de Subteniente de Ingenieros, especializado en el área de Inteligencia.
  • En diciembre de 1983, según su legajo, egresó como Oficial de Inteligencia de la Escuela de Inteligencia militar.
  • Durante el período 1984-1987, estuvo destinado al Batallón de Inteligencia 601 que sobrevivió a la dictadura y continuó operando en democracia; y en la Central de Reunión de Inteligencia Militar.
  • Ya durante el gobierno del Frente Para la Victoria, siendo Milani Coronel en 2007, fue puesto al frente de la Subdirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército y el 31 de diciembre de ese mismo año fue promovido a General de Brigada. Fue designado Director General de Inteligencia el 30 de enero de 2008.

Las investigaciones de organismos de derechos humanos, de familiares y sobrevivientes de la dictadura cobraron visibilidad inmediatamente conocido el último ascenso de Milani en 2013, cuando se incorporó al expediente el documento que pretendió en su momento decretar la deserción de Ledo, en el juzgado federal número 1 de Tucumán.

Milani deberá demostrar que fue un militar, tal vez el único, destinado al “Operativo Independencia” que inauguró en Tucumán la represión y el genocidio de la larga noche de la historia argentina, que no cometió, ni participó, ni encubrió crímenes de lesa humanidad.

Alberto Agapito Ledo

Era estudiante de Historia en la Universidad de La Rioja y colaborador del PRT-ERP. Ingresó al Servicio Militar en febrero de 1976 en su provincia, pero el 20 de mayo fue enviado a Tucumán, para colaborar en el combate contra la guerrilla marxista y su debilitada Compañía de Monte.

El 4 de julio, ante la falta de noticias, Marcela Brizuela de Ledo viajó a Monteros a averiguar por su hijo. Ese fue el primer movimiento de la triste historia que la llevó a ser presidenta de Madres de Plaza de Mayo de La Rioja.

Las sentencias de los tribunales de los últimos años confirman las denuncias históricas de los familiares, que durante décadas aseguraron que las “actas de deserción” fueron, en la gran mayoría de los casos, la tapa con la que el genocidio intento ocultar sus crímenes contra integrantes de las fuerzas armadas. El libro “El Escuadrón Perdido” del ex capitán José Luis D’Andrea Mohr (Ed. Planeta 1998), contabilizó 129 jóvenes soldados desaparecidos entre 1975 y 1983. Al menos doce de esos casos sucedieron en Tucumán. Ledo es uno de ellos.

La causa

Milani está imputado por el fiscal Carlos Brito por los delitos de “encubrimiento y falsedad ideológica de documentos públicos”. Según testimonios obrantes en la causa, el estudiante y militante Alberto Ledo fue ayudante suyo en Tucumán, a donde llegó un mes antes de su desaparición, desde el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja en el que realizaba el servicio militar.

La causa se inició hace 7 años y ya tiene 15 cuerpos. El 2 de noviembre el Ministro de Justicia, Germán Garavano, recibió a la mamá y a la hermana de Ledo. Luego de eso, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación solicitó participar como querellante en el juicio, algo que el magistrado aceptó finalmente en los últimos días.

Tal como ocurrió con la investigación por la segunda desaparición del testigo Jorge Julio López, Avruj y Garavano se interesaron rápidamente por involucrar al Gobierno Nacional en la causa, algo que no ocurrió con ningún otro juicio por delitos la dictadura que se haya iniciado desde que Cambiemos llego a la Casa Rosada. Sin embargo, en aquella oportunidad el magistrado a cargo rechazó el ofrecimiento gubernamental explicando que, a diferencia de lo que ocurre con causas por delitos cometidos en período 1976-1983, un Estado democrático no puede querellarse a sí mismo, sino que lo que debe hacer es responder ante la justicia y facilitar la investigación, teniendo en cuenta la responsabilidad que podría caberle al propio Estado en ese caso, por la casi segura participación de fuerzas de seguridad en el secuestro del albañil que testimonió contra el genocida confeso Miguel Etchecolatz.

En contra

Además de la familia Ledo, compañeros y ex colimbas del Batallón 141 de La Rioja clase ´55, organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y periodistas, hay algunas declaraciones que complican la situación de Milani, que conviene señalar:

  • Ramón Olivera, otro colaborador de PRT de la época, declaró ante la Justicia en 2013 que Milani comandó un grupo de tareas que irrumpió en su casa y se llevó secuestrado a su padre en La Rioja, confundiéndolo con él mismo, que de todas maneras fue detenido por la represión unos días después
  • El periodista Oscar Schaller (otro querellante), y su padre Plutarco Schaller, que fue desaparecido y luego legalizado durante la dictadura (ambos directores de la cooperativa que editaba el diario “El Independiente”, apropiado por el terrorismo de estado), son dos fuertes acusadores, pública y judicialmente, de Milani
  • Clara Waite fue militante de la Juventud Peronista en los ‘70; luego fue diputada del PJ cordobés en los 90. Es la única cuñada de César, hermana de Ana María ZafiraWaite de Milani. La mujer declaró contra el esposo de su hermana en 2014, en entrevistas radiofónicas.

Luego en 2015 agravo su acusación en sede judicial asegurando que su padre le había comentado en 1985 que el militar había “matado” a un soldado durante la dictadura. Pero además, luego llegó al máximo tribunal de la opinión pública y reiteró en la pantalla de Canal 13 todas las afirmaciones anteriores, agregando que, el ya ex Teniente General, guardaba secretos comprometedores de la ex presidenta Cristina Fernández y que también podría estar involucrado en la muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, en la mesa de Mirtha Legrand.

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