Redacción Canal Abierto | Hoy se realizó una audiencia en la ciudad de Washington entre representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, Claudio Avruj, y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda.

Los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno de Gerardo Morales debieron responder ante las denuncias sobre persecución gremial, represión social y criminalización de la protesta que habían realizado distintos organismos de derechos humanos y sindicatos de trabajadores de la provincia. El reclamo es para que el Estado Argentino garantice los derechos consignados en los tratados internacionales que argentina suscribe.

Las denuncias de los peticionantes ante el organismo de la OEA realizadas en enero  incluyen represión y criminalización, persecución judicial de organizaciones y referentes a través de causas penales y contravencionales, detenciones arbitrarias, multas, la clausura de locales.

Las agrupaciones que encabezan los reclamos son los gremios azucareros como el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (SOEA de La Esperanza), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el CELS.

Avruj y Molina defendieron la aplicación del código contravencional contra los referentes sociales, las causas judiciales contra organizaciones y sindicatos, y priorizaron el derecho a la circulación en rutas y calles sobre el derecho a la protesta.

El asesor en política internacional de la CTA-Autónoma Bruno Dobrusin valoró, en conversación con Canal Abierto, la audiencia  denominada “Represión en Jujuy”: “No es inusual que los gobiernos sean citados, nacionales, provinciales y municipales, pero en el caso de Milagro Sala es más grave por la cantidad de organizaos que hicieron la crítica y que aseguran que se trata de un hecho ilegal. En ese caso sí es un escándalo”.

Además el Investigador del CONICET advirtió que el peso de la denuncia está directamente ligado a la repercusión que la causa logre desarrollar: “El escándalo está más basado en el impulso político que en la denuncia en la CIDH. La denuncia en sí es muy difícil que tenga visibilidad, porque es un proceso muy técnico y el debate en la comisión es parte una batería de denuncias muy grande”.

Si bien no se abordó puntualmente el tema de la detención de Milagro Sala, el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS,  explicó que “la detención arbitraria de Milagro Sala es parte de una situación global. Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional”.

Según consigna el diario Página/12, el fiscal de Estado jujeño resaltó que el código contravencional provincial “no desconoce el derecho de reunión, de peticionar y de libertad de expresión”, pero lo contrapuso a un “ejercicio abusivo de derecho”. Miranda calificó como “aparente derecho de protestar” y “ejercicio ilegítimo de la protesta” justificó las causas abiertas contra los dirigentes por impedir la circulación y calificó el acampe en la Plaza Belgrano como “un sitio al centro de la Ciudad”.

A su turno, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, observó que, en el marco del respeto al derecho a la protesta y la libertad de expresión, el espacio y el tiempo son “sustantivos” porque condicionar los lugares y extensión de las protestas “también son prohibiciones”. Lanza recordó que no se consideró ilegal el corte por más de dos años del puente internacional San Martín, durante las protestas contra la pastera Botnia, y aconsejó que el Código Contravencional que “puede convertir en ilegal” una protesta sea puesto a consideración. “Cortar una calle o una ruta forma parte de la consideración del derecho a la protesta, no se transforma en ilegal”, insistió Lanza.

Dobrusin evaluó por último cuál es el conflicto que le genera el reclamo internacional al Gobierno de Mauricio Macri: “Por eso renuncio Despuoy, representante especial para asuntos de Derechos Humanos de la Cancillería, porque representa un sector de la UCR que respeta mucho a los Organismos Internacionales. También el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, que fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, es crítico de no atender los reclamos de los organismos internacionales. Él dice que si la ONU resuelve que hay que liberarla, hay que hacerlo. Esas son las tensiones que existen dentro del gobierno”.

Además se realizó otra audiencia por la tarde para tratar el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que endurece las normas migratorias. Publicado en el Boletín Oficial el 30 de enero, prevé la creación de “un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio”.

En este caso la reunión fue convocada de oficio por la CIDH, y contó con la participación de representantes del Estado argentino, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi), la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, Amnistía Internacional y el CELS.