Redacción Canal Abierto | La CUT (Central Única de Trabajadores, ligada al PT), la CTB (Central de Trabajadores de Brasil), la InterSindical y más de cien entidades que comprenden los frentes populares marcharán por las calles de San Pablo y de las ciudades más importantes del país. El día elegido para la protesta coincide con el aniversario del golpe de Estado de 1964, que instauró la dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1985.  (Foto del encabezado: Toma de la O Globo de Río de Janeiro en el marco de las actividades del #31M, por su complicidad con los golpes de 1964 y 2016) 

El 22 de marzo, el gobierno del presidente interino Michelle Temer consiguió otra de las piezas fundamentales en su plan de reforma del Estado y achicamiento del sistema de derechos laborales. La cámara de Diputados aprobó el proyecto de flexibilización que permite a las empresas tercerizar a sus empleados, incluyendo los de producción y actividades primarias, no sólo los de tareas de apoyo (mantenimiento y seguridad), como era hasta ahora. Además, la nueva ley extiende el plazo de los contratos temporarios de 90 a 180 días, abriendo naturalmente las puertas a despidos de trabajadores de planta para incorporación de subcontratados con salarios más bajos y menos derechos.

Se trata del segundo escalón del ajuste impulsado por el PMDB para, según argumentan desde el partido oficialista, mejorar la competitividad de las industrias a partir de reducir “el costo laboral”. El primer paso fue el congelamiento del gasto público por 20 años, aprobado en 2016. El siguiente será el intento de modificar el sistema jubilatorio. Como los números en la última votación parlamentaria no fueron tal holgados, se espera que la batalla por reformar el sistema previsional será la más difícil  en el Congreso.

Iván González Alvarado, coordinador político de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, cuestionó duramente la medida: “La ley deja a los trabajadores sin derecho a jubilación, vacaciones, salario mínimo, seguro de desempleo, negociación colectiva, salud y seguridad laboral, además de minar la organización sindical. Más de 200 diputados, la mayoría de ellos financiados por grandes empresas y asociados a los múltiples esquemas de corrupción en Brasil, han eliminado los derechos de casi 200 millones de brasileños”.

El especialista señalo que “Brasil, su pueblo y sobre todo su izquierda, necesita ser un poquito latinoamericana y caribeña. Ser explosivo, inconforme e imprevisible. De otra forma la derecha golpista, criminal y antinacional completará su misión de destrucción de este país, condenándolo a décadas de atraso y postración”.

Por su parte, la CUT aseguró en un comunicado que “la lucha es contra el desmantelamiento de la jubilación y el Código de Trabajo, en contra de la tercerización, que mata, mutila y esclaviza a los trabajadores y todas las ‘reformas’ del gobierno ilegítimo y golpista”

El presidente de la central convocante, Vagner Freitas, explicó que el gobierno debe “pagar la factura de los empresarios que financiaron el golpe”.

31/3/2017 | São Sebastião, localidad del distrito federal, a 26 kilómetros de Brasilia (Foto: CUT)

Contexto regional

A tono con las iniciativas de gobiernos de distintos países de la región de corte neoliberal, Brasil busca crear condiciones de “competitividad” empresarial en el mercado internacional, trasladando el costo de la crisis a los trabajadores y los sectores vulnerables.

En la Argentina, medidas como el veto presidencial a la ley anti-despidos, la precarización de los programas de primer empleo, las nuevas escalas impositivas en ganancias, la quita de retenciones al sector agro exportador y a las mineras, la subas de tarifas en servicios básicos y transporte, la inflación ascendente en alimentos y canasta familiar, tienden a los mismos objetivos que el proceso de flexibilización del sistema laboral brasileño.

En Paraguay, la ley de inserción laboral para jóvenes, que implica la posibilidad de extender en el tiempo la relación irregular entre la empresa y el nuevo empleado, es impulsada por el banco español BBVA.

En Perú, el gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki se debate, presionado por las cámaras empresariales, entre un proyecto de crecimiento económico que favorezca la gran inversión con rebajas de impuestos y enfocado hacia una flexibilización laboral, o uno con desarrollo e inclusión de mayorías.

 

Contexto de crisis económica y política

Ayer Eduardo Cunha (PMDB) fue condenado a 15 años de cárcel por varios delitos de corrupción. Se trata del ex presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, principal impulsor de la causa que apartó del cargo a la presidenta Dilma Rousseff.

Los casos de corrupción ensucian a todos los partidos tradicionales, fundamentalmente el PT y el PMDB (partido gobernante), y amenazan con terminar con el gobierno de Temer. La investigación judicial conocida como “Lava Jato” ya arrastró a la cárcel a grandes empresarios como Odebrech, a importantes políticos como José Dirceu (ex jefe de gabinete de Lula), acusados por una operación multimillonaria de coimas y lavado de dinero a través de las contrataciones de Petrobras y la obra pública. El escándalo abarca no sólo al brasileño, sino a varios gobiernos del continente, incluido el de Argentina, con una investigación sobre el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones y amigo del presidente Macri, Gustavo Arribas.

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