Redacción Canal Abierto | “Aunque sería muy arriesgado decir que este estancamiento se debe a una sola razón, hay algo que no ayuda. Si vos tenés un Poder Ejecutivo que da señales contradictorias en torno del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, porque por un lado dice que los juicios de lesa humanidad son política de Estado, y por el otro desmantela o debilita los equipos de investigación que están en los ministerios, no contribuye a profundizar el proceso de justicia o a acelerarlo.”

La explicación es de Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos participantes de la Mesa de Discusión Institucional sobre juicios de lesa humanidad que se reunió hace pocos días y sacó a la luz en sus conclusiones una preocupación que circula en los pasillos de los tribunales desde hace tiempo: el estancamiento de las causas.

Las razones de este problema son múltiples y atañen tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo, encargado de sostener vivos los equipos de investigación que proveen pruebas vitales para los juicios, y los programas estatales de contención de testigos. “Son equipos que dependen del Poder Ejecutivo y si vos los desmantelás o precarizás, la situación de sus trabajadores impacta directamente en la tramitación de la causa”, afirma Palmas Zaldúa.

Esto, sumado a la aparición regular de funcionarios oficialistas negando el terrorismo de Estado, configuran un clima de época amigo de revivir la teoría de los dos demonios, a la cual adhirió el propio presidente Mauricio Macri al describir como una “guerra sucia” a la represión ilegal de la última dictadura en una entrevista con el sitio BuzzFeed en agosto de 2016.

No por casualidad, la Corte Suprema acaba de fallar en favor de otorgar al represor Felipe Jorge Alespeiti con prisión domiciliaria. Sobre el tema, el abogado querrellante en juicios por lesa humanidad, Rodolfo Yanzón, sostuvo en una entrevista a Canal Abierto que “hay una especie de acuerdo por parte del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avluj, y del (ministro de Justicia, Germán) Garavano, con algunos sectores que reivindican los métodos de la dictadura para generar algún tipo de beneficio para las personas que están siendo juzgadas”.

El propio fiscal general Jorge Auat sostuvo durante la reunión de la Mesa: “Permanentemente enfrentamos estrategias que significan empezar a revertir la historia del proceso de Verdad y Justicia. Lo más grave es cuando esas estrategias de impunidad empiezan a filtrarse en las propias causas”.

 

Pocos y lentos

Mientras tanto, la preocupación de los organismos de Derechos Humanos radica en el enorme atraso que hay en más de un centenar de causas en todo el país para fijar audiencia de debate, y en la extensión en el tiempo de los juicios orales, una vez que suceden. “Hay una cantidad de dificultades en torno al trámite de los juicios de lesa humanidad que se van agravando. Algunas se vienen arrastrando desde hace tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con la lentitud del trámite de las causas”, detalla Palmas Zaldúa. Y agrega: “Cuando una causa llega a la instancia de juicio oral, hay mucha demora en que el juicio empiece. Eso se debe a que hay jurisdicciones que no tienen un tribunal integrado totalmente, o que tienen uno cuyos jueces tienen también causas en otra jurisdicción. Entonces, cuando el juicio oral empieza las audiencias son pocas por semana y duran poco tiempo”.

En la práctica, esto significa que un juez que lleva adelante un juicio en otra provincia, tiene que viajar dos veces por semana para realizar las audiencias. Es por eso que, en general, los juicios de lesa humanidad tienen muy pocas audiencias por semana, lo que ralenta los juicios. “El caso paradigmático es el de ESMA unificada, que empezó en noviembre de 2012 y hoy sigue en curso. Las defensas comenzaron los alegatos en abril de 2016 y todavía están alegando. Empezamos el juicio con 68 imputados y el paso del tiempo hizo que en el camino fallecieran algunos y otros quedaron fuera del proceso. Hoy tenemos sólo 54 imputados”, detalla Palmas Zaldúa.

Entre los problemas cuya resolución atañe al Poder Judicial está la integración de nuevos tribunales orales federales que podrían llevar adelante estas causas, y “controlar que los jueces que tienen a cargo causas hagan audiencias con una duración razonable, y no que movilicen personas y recursos para hacer audiencias que duren dos horas”, afirmó la abogada del CELS. Esta lentitud hace que la cola de los juicios que esperan para empezar se haga cada vez más larga. Las jurisdicciones más complicadas son La Plata y San Martín. San Martín tiene 21 causas judiciales atoradas en la instancia oral sin fecha de inicio, y en La Plata hay alrededor de 15.

La Mesa de Discusión fue convocada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y reunió a un centenar de representantes de diferentes organizaciones civiles, de agencias del Estado y querellantes, entre ellas el CELS. Esta instancia está encargada de diagnosticar los problemas, y la demora en la revisión de las sentencias también formó parte de la lista de preocupaciones. El último informe de la Procuraduría a cargo de Auat indica que “sólo el 25% de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17% (13 imputados)”.

 

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