Redacción Canal Abierto | La aprobación del Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo para los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN), publicado a fines de abril en el Boletín Oficial, fue celebrado como un paso más hacia el Plan de Modernización del Estado, uno de los caballitos de batalla de la política oficial.

En línea con esa norma, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Modernización, y la Sindicatura General de la Nación comenzaron a poner en práctica un plan para eliminar el ausentismo en las dependencias públicas que tendrá aplicación sobre más de 307 mil trabajadores de la Presidencia y los ministerios, en forma casi inmediata.

Este plan incluye la creación de un responsable de control de ausentismo que informará a diario sobre las salidas anticipadas o las demoras en el ingreso. En una segunda etapa, habrá controles biométricos de asistencia en todos los organismos, es decir que se marcará tarjeta a través de un lector de huellas digitales.

El impulso para que los organismos decidieran llevar adelante estas medidas vino de la mano de la firma del acuerdo paritario realizada ayer, donde uno de los gremios intervinientes, UPCN, aceptó un 20% en tres tramos y un adicional por presentismo de $1300 mensuales que se medirá y se pagará por cuatrimestre. En números, una inasistencia en cuatro meses significará $5200 menos en el ingreso del trabajador que, incluso de no faltar jamás, no verá sumado ese monto a su salario básico.

El otro gremio sentado a la mesa fue ATE, que rechazó el acuerdo objetando, entre otras cuestiones, este adicional que no contempla las licencias por enfermedad.

“Estamos absolutamente de acuerdo con que la gente debe estar presente en su lugar de trabajo, pero queremos un Estado presente. Y un Estado presente no se construye a partir de meterle presión a la gente para que tenga que ir a trabajar enferma diseminando enfermedades, lo que se agrava en el caso de los trabajadores de los hospitales. Ni para que tenga que dejar a los hijos enfermos en la casa porque necesitan el mango”, detalla Flavio Vergara, dirigente del Consejo Directivo de ATE Nacional.

Claro que en el sector privado estas presiones son moneda corriente, aunque también es cierto que ofrece –en la mayoría de los casos- mejores remuneraciones: el grueso de los trabajadores del Estado cobran sueldos por debajo de la canasta básica. Pero la objeción más significativa es otra. “El Estado no puede tener la misma política flexibilizadora para los trabajadores, tiene que dar el ejemplo a los privados”, sostiene Silvia León, secretaria de Organización del Consejo Directivo Nacional, presente durante la reunión paritaria.

El planteo que realizan desde el gremio se resume, entonces, en que desde el oficialismo se está trasladando al ámbito público una lógica empresaria que no es trasladable. En principio, porque el Estado tiene una función social que se lleva adelante a través de sus trabajadores.

Una de esas lógicas radica en la mirada de género, donde León pone el foco: “Es llamativo que un Estado que plantean como moderno y eficiente, en un momento en que la defensa de los derechos de la mujer está en boca de todo el mundo, piense medidas que atentan directamente contra la mujer trabajadora que somos la mayoría del plantel estatal. Mientras no haya un Estado que se haga cargo del cuidado de los hijos, que no haya guarderías y jardines maternales en los lugares de trabajo, escuelas de doble jornada, políticas de cuidado para nuestros mayores, en este modelo patriarcal esos cuidados siguen recayendo sobre las mujeres que no van a poder acceder al presentismo. Incluso la mujer que tiene un hijo pierde el premio, porque la licencia por maternidad no está contemplada”.

En lo que refiere a la productividad, la cuestión se vuelve todavía más álgida porque en el Estado sobran las tareas donde los criterios de medición que contempla el Plan de Modernización se vuelven inútiles. “El concepto de productividad que el Gobierno maneja es muy básico porque está vinculado solamente a los trabajos administrativos, y el Estado tiene una cantidad y variedad de funciones que no se pueden medir con los indicadores que ellos imaginan -agrega Vergara-. Producir una vacuna, atender a un enfermo, a alguien con padecimientos mentales, a gente que necesita una pensión, no son cuestiones que se puedan medir con tiempos cerrados. Hay gente cuya atención demanda más tiempo del que te puede poner un timer. La productividad es que el Estado sea eficiente, y la eficiencia es poder atender a la gente y solucionarle sus problemas, no ponerles marcadores”.