Redacción Canal Abierto | Hoy, mientras la Legislatura rionegrina aprobaba el mega endeudamiento que conlleva el Plan Castello, en las afueras la policía provincial reprimía una protesta de ATE y CTA en rechazo al proyecto.

Con la sanción del Plan Castello, el gobernador Alberto Weretilneck buscará financiamiento por 580 millones en bonos en dólares (9.500 millones de pesos) para obras de infraestructura en la provincia.

Sin embargo, para el oficialismo no fue tarea fácil conseguir el voto afirmativo de las dos terceras partes de la Legislatura. Desde aquella pomposa presentación durante la última visita de Mauricio Macri a Viedma, el proyecto tuvo infinidad de oposiciones. El principal cuestionamiento que enfrentó tuvo que ver con el fuerte endeudamiento que representaría para la provincia, eje central de la protesta de ATE y CTA. Incluso, según especialistas, este punto podría llevar la discusión al ámbito judicial, con el potencial riesgo de que se lo declare inconstitucional.

“Este proyecto lo único que dice de la tasa –de intereses- es que puede ser fija, variable o mixta, y que la deuda será de seis o doce años, nada dice de los aspectos puntuales, centrales, específicos que el constituyente nos obligó y que nosotros juramos cumplir y hacer cumplir”, enfatizó Nicolás Rochas, una de las voces en contra al interior del Frente Para la Victoria (FPV).

A esto hay que sumar los cuestionamientos respecto de la falta de información en cuanto a qué obras y proyectos se destinará la financiación.

Conseguir los votos significó cooptar a intendentes y un sector del bloque kirchnerista (necesario para alcanzar las dos terceras partes) con la promesa de repartir 900 millones de pesos entre los municipios, que representa sólo un 10% del endeudamiento proyectado. Se trata de poco más de 11 millones para cada localidad, mientras el resto (450 millones de pesos) se asignarán según índices de coparticipación.

Protesta y represión

Desde bien temprano, la Policía de Rio Negro parapetó con vallas la Legislatura provincial, impidiendo así el acceso a las inmediaciones del edificio. Allí ATE y CTA tenían programado un acto para expresar su rechazo al Plan Castello.

Según informaron medios locales, bastaron sólo minutos -y la actitud hostil de las fuerzas policiales de la provincia- para que sucedieran los graves hechos violentos que dejaron cerca de 20 heridos.

“El Gobernador Weretilneck sabe mejor que nadie que si hubiera diálogo, si las instituciones del Estado funcionaran correctamente y no trataran a  los estatales como marginales, seguramente no habría hechos de  violencia que lamentar”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario  general de ATE y la central sindical.