Redacción Canal Abierto | “Los miembros de la Justicia Federal tienen que saber que… ¡Cuidado! Los argentinos queremos saber la verdad, así que más vale que nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen”, advirtió Macri ayer, al clausurar las actividades por el 104° aniversario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la Bolsa de Comercio.

Aquellas republicanas formas, que tanto exigió Cambiemos al kirchnerismo en campaña electoral, lejos están de formalizar la relación que mantiene el Ejecutivo con la Justicia. En especial con el fuero laboral, en el que ciertos fallos que resguardaron los derechos de los trabajadores dieron pie a una cacería de brujas inédita.

En abril pasado, por ejemplo, la jueza de primera instancia de La Plata Dora Temis hizo lugar a una medida cautelar de un sindicato docente bonaerense que obligaba al ministerio de Educación a abrir la paritaria nacional. El gobierno entonces la recusó: el ministro Jorge Triaca manifestó que la magistrada tenía “antecedentes que demuestran vínculos con el kirchnerismo”.

Temis podría ascender a camarista, si prospera su candidatura ubicada entre los primeros lugares. Pero como el orden de chances queda sujeto -en parte- a la decisión del Poder Ejecutivo, es probable que quede fuera de carrera.

Otro caso se remonta a enero de 2017, cuando una Sala de la Cámara Nacional del Trabajo declaró ilegal la intervención del ministerio de Trabajo de la Nación, que se rehusó a homologar el acuerdo salarial entre La Bancaria y las patronales financieras.

En consecuencia, el Gobierno exigió al Consejo de la Magistratura un juicio político contra los magistrados Enrique Arias Gibert y Graciela Marino. Jorge Triaca los acusó de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional.

Un año antes, una Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó una medida cautelar para reinstalar a nueve trabajadores despedidos en el ENACOM (ex AFSCA), al entender que habían sido despedidos por su afiliación a un partido político.

En represalia, días atrás el Gobierno demandó al Consejo de la Magistratura el juicio político a los jueces Ana Cañal y Luis Rafaghelli, quien además es presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo.

“El juicio político es un mecanismo previsto por mal desempeño de los jueces en sus funciones. Lo que no resiste el menor análisis jurídico es iniciarlo porque a alguien no le gusta el contenido de una sentencia”, manifestó a Canal Abierto Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

Para entenderlo, hay que saber que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tiene una larga historia de jurisprudencia progresista y de avanzada en la doctrina judicial. Incluso muchos tribunales provinciales siguen sus lineamientos.

La estigmatización que sufre la Justicia del Trabajo por parte del Ejecutivo nacional llegó a estar encabezada por el Presidente Macri, cuando se refirió a “la industria del juicio” promovida por abogados mientras se reformaba la ley de Contrato del Trabajo.

Para garantizar su estrategia en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo trabaja arduo en generar una correlación de fuerzas favorable para sancionar o destituir a los jueces que considera díscolos.

Actualmente, el Gobierno cuenta allí con ocho votos favorables. Necesita uno más para alcanzar los dos tercios necesarios que constituyen una mayoría absoluta. Esa aspiración la ponen en juego con Jorge Candis, un hombre del camporista Julián Álvarez, que acompañó varias decisiones de Cambiemos. Ya lo han seducido con almuerzos y cenas, reuniones varias y agasajos.

El oficialismo también apuesta a traspasar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires -en cuyo Consejo de la Magistratura tiene mayoría- y a precipitar el nombramiento de jueces vacantes. Se calcula que el 26% de los juzgados del país están acéfalos. Por ejemplo, cuatro puestos en la Cámara de Casación Penal, el más importante tribunal penal del país.

Uno de ellos intentó ser ocupado con el nombramiento del Carlos Mahiques, ex ministro de la gobernadora Vidal y padre de Juan, representante del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Magistratura. La propia Cámara lo rechazó, por considerar que no medió concurso ni acuerdo del Senado y porque Mahiques no es juez del mismo fuero ni jurisdicción ni cumple con los cuatro años de antigüedad como magistrado en la Cámara Nacional.

Engolosinado, el Ejecutivo se inmiscuye además en otros tribunales, como en el caso del miembro de una Sala Federal Eduardo Freiler, mezclando denuncias de corrupción con fallos cuyos contenidos son recibidos como balas de cañón desde el otro lado de la grieta. La continuidad del juez depende hoy del voto de Candis.

La primera parte del plan tiene fecha de vencimiento. Antes de agosto el Gobierno querrá destituir al juez federal Daniel Rafecas y en el último cuatrimestre a los camaristas Ana Figueroa, Oscar Hergott y Jorge Ferro.