Redacción Canal Abierto | Las derivaciones de su incumplimiento son muchas y públicas. Cuando detuvieron al lonko mapuche Facundo Jones Huala, se encontraba defendiendo sus territorios ancestrales. Cuando Agustín Santillán, joven dirigente wichí de Formosa, fue detenido en julio, estaba junto a familias de la Comunidad MbyaKokuereí, desalojadas sin mediar orden judicial. Cuando desapareció Santiago Maldonado, estaba apoyando el reclamo de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen, por sus territorios.

La falta de avances en la Ley 26.160 mantiene en vilo a todas las comunidades originarias del país. Esta norma fue sancionada en noviembre de 2006 con el objetivo de declarar la “emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena” por el término de cuatro años, suspender los desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. El plazo para realizar esa suerte de censo se venció reiteradamente sin que se completara.

En diálogo con Canal Abierto, Luis Romero, miembro del Área de Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia (SerPaJ) explica que, luego de once años, se encuentran relevadas apenas un 24% de las comunidades, sólo un 12% tiene su carpeta técnica, y fue ejecutado más del 70% del presupuesto asignado para el proyecto. “En los últimos años, esta ley está siendo avasallada y están avanzando en contra de las comunidades. Hay lugares donde se ha metido Gendarmería”.

La ley no es la panacea, sino apenas un comienzo para que las comunidades puedan reclamar la propiedad sobre los territorios que ocupan e impedir los desalojos arbitrarios.

La última prórroga para realizar el relevamiento que debió terminarse hace años vence en noviembre y hoy, mientras todas las organizaciones de pueblos originarios, de derechos humanos y sociales pedían que se tratara una nueva, la comisión de labor parlamentaria que tenía que aprobarla para que llegara al recinto en condiciones de ser votada, no lo hizo.

“Ninguno de los bloques mayoritarios se la carga al hombro. Los senadores que tienen voluntad clara son de bloques minoritarios”, señaló Eduardo Hualpa, docente en la Universidad Nacional de la Patagonia y abogado especializado en derecho indígena.

Durante la sesión –que posiblemente sea la última antes de las elecciones-, los senadores Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda pidieron el tratamiento “sobre tablas”, que no requiere un dictamen de comisión y requiere de dos tercios del Senado para ser aprobado. Sin embargo, la votación terminó con 33 votos negativos, 11 afirmativos y 10 abstenciones rechazando el pedido. “No quiero que después salga en los portales de noticias que el oficialismo se opone a prorrogar la 26.160 porque no es así”, señaló el senador radical Ángel Rozas, aunque –en rigor- su bloque votó en disidencia. También alegó: “Sólo pedimos tiempos razonables para generar una solución para las comunidades indígenas en vez de seguir con más prórrogas”. El problema es que “la solución”, de no votarse un nuevo plazo, deberá discutirse con miles de familias desalojadas.

Minutos antes, el jefe de la banca del PJ, Miguel Pichetto, había ofrecido comprometerse a tratar la prórroga de forma preferencial en la próxima sesión. Sin embargo, Romero recuerda que fue él quien “prácticamente evitó que se tratara este tema en dos ocasiones”.

Finalmente, Odarda aceptó y al cierre de esta edición esa propuesta aún no había sido votada. Mientras tanto, las comunidades siguen a la espera de un relevamiento que reconozca sus derechos e impida su desalojo.

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