Redacción Canal Abierto | Hoy se pondrá en marcha por primera vez la Cobertura Universal de Salud (CUS) que el Gobierno aprobó mediante el decreto 908 en agosto del año pasado. El lugar elegido para esta prueba piloto de un programa que se pretende nacional es Mendoza y, según afirman desde el Ejecutivo, cuando se aplique en todo el territorio beneficiará a 15 millones de argentinos que no poseen obra social ni prepaga y se atienden en hospitales y centros de salud públicos.

Según el decreto, se destinaron 8 mil millones de pesos a financiar este programa que se propone un plan de mejoras en la calidad y los servicios de salud que se le brindan a la población. Sin embargo, desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), su titular Jorge Yabkowski la llama “una estafa”. “Es transformar el derecho a tener un hospital público y salas de atención bien equipadas en 15 millones de carnets de pobre que van a ser la presunta vía de entrada hacia ese derecho, y no su DNI”, explicó en diálogo con Canal Abierto.

Para Yabkowski esto no es nuevo, sino que se trata de “parte de las estrategias del Banco Mundial a nivel internacional desde los 90 que hay cobrado un nuevo impulso en los últimos años”. El planteo no es descabellado. En junio pasado, “autoridades del Ministerio de Salud de la Nación participaron en Washington de un encuentro con expertos internacionales que organizó el Banco Mundial para trabajar sobre la implementación efectiva de la de la CUS, eje principal de la gestión del ministro Jorge Lemus”, según anunció en su página la propia cartera nacional.

Por su parte, la propia Organización Mundial de la Salud es el organismo que plantea por primera vez, en 2005, la necesidad de esta cobertura universal para todos los países miembros de las Naciones Unidas. Y lo hace en alianza con el Banco Mundial que establece como objetivo tenerla implementada en todo el mundo para 2030. Pero el objetivo dista mucho de entender a la salud como un derecho.

“Es para asegurar que las familias pobres no sufran catástrofes financieras por el pago de atención de la salud. Esta es la filosofía de la cobertura -advierte el titular de FeSProSa-. Si el plan se desarrolla tal cual está pensado, el hospital público y los centros de salud dejarían de recibir el presupuesto de rentas generales, como reciben ahora, y sólo recibirían (dinero) de acuerdo a la cantidad de asegurados que atienden. Es el modelo colombiano o norteamericano, y en Colombia cerraron más de quince hospitales públicos de alta complejidad”.

 

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