Redacción Canal Abierto | El miércoles 22 de agosto de 2012, tras un debate caliente de más de 9 horas, la Cámara de Diputados convertía en ley el proyecto oficial para expropiar la ex Ciccone Calcográfica. Se trató de un trámite exprés, a menos de 24 horas del dictamen aprobado en comisión, y que tenía solo un objetivo: encubrir la responsabilidad del por entonces vicepresidente Amado Boudou, hoy acusado por negociaciones incompatibles y cohecho (el Código Penal de la Nación prevé para estos delitos penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos).

Pasaron mas de cinco años de la aprobación y sanción en Diputados de aquel proyecto impulsado por el kirchnerismo y que, al igual que anteriormente en el Senado, contó con el apoyo de varios opositores. En la Cámara Baja el resultado fue 145 votos a favor contra 77 en contra, con cinco abstenciones. En esa oportunidad el bloque del Frente para la Victoria –que en ese momento contaba con una amplia mayoría parlamentaria- logró el número necesario con el apoyo del Frente Cívico de Córdoba – el sector del FAP que respondía a Luis Juez –, tres legisladores de Proyecto Sur que lideraba Fernando Solanas y el trío que encabezaba Felipe Solá.

Si bien la expropiación era presentada como una “ley de soberanía monetaria”, las acusaciones contra el Vicepresidente ya formaban parte del “periodismo de guerra” que Clarín y varios medios aplicaban contra el Gobierno de Cristina Kirchner, así como también una acusación judicial con fundamento y en curso.

En los días ´previos a la polémica sesión, y como parte de una campaña de legitimación política por parte del oficialismo, el entonces ministro de Economía e Interventor de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone), Hernán Lorenzino aseguraba que expropiación de la compañía “no le costará ni un peso al Estado argentino”.

Sin embargo, en octubre de 2016 la Justicia resolvió que el Estado debía pagar más de $ 350 millones por Ciccone. La resolución fue de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, la cual confirmó así la decisión del juez de primera instancia Javier Cosentino.

Casualmente, la cifra coincidía con el cúmulo de deudas impositivas que la familia Ciccone había sumado durante años y por las cuales había resuelto la quiebra de la imprenta, luego apropiada irregularmente –como investiga hoy la Justicia- por el ex Vicepresidente a través de sus testaferros.

La primera audiencia del juicio

Este martes 3 de octubre comenzó el juicio que llleva al banquillo al vicepresidente, José María Núñez Carmona (socio de Bousou), Alejandro Vandenbroele (sospechado como testaferro de Boudou), Rafael Resnick Brenner (Jefe de Asesores de la AFIP), Guido Forcieri (ex jefe de gabinete del Ministerio de Economía durante la gestión de Boudou) y Nicolás Ciccone (uno de los fundadores de la imprenta Ciccone).

Esta primera audiencia del Tribunal Oral Federal Nº 4 duró minutos y consistió en sólo cuestiones formales, leguleyas, como la lectura de distintas partes de la elevación a juicio realizada por el fiscal Jorge Di Lello. Tras ello también se leyeron parte de los requerimientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA), que actúan como querellantes en el debate.

Los hechos

Boudou está acusado de haber adquirido junto con su socio, José María Núñez Carmona, la ex imprenta Ciccone Calcográfica (hoy llamada Compañía de Valores Sudamericana) para quedarse con la impresión de billetes y documentación oficial del Estado nacional aprovechando su condición de funcionario público. Esta compra la habría hecho a través de la empresa The Old Fund, propiedad de su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele. La imprenta, que pertenecía a la familia Ciccone, entró en quiebra en julio de 2010 a partir de un pedido de la AFIP. Pero, al poco tiempo, The Old Fund adquirió el 70% de las acciones de la empresa y levantó la quiebra.

Según consta en la causa, The Old Fund había sido creada en 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa con el Estado nacional, por el que cobró $7,6 millones en su primera factura emitida. Boudou participó de esa negociación como ministro de Economía, según las constancias judiciales. Habría tenido injerencia, además, en negociaciones de Ciccone con la AFIP para lograr un plan de pagos ilegal.

El derrotero judicial del ex Vicepresidente

Es el segundo juicio oral que afronta Boudou desde que dejó la función pública en diciembre de 2015. En el primero, en el que había sido procesado por la falsificación de los documentos de un auto, resultó sobreseído por prescripción (el paso del tiempo sin definición de la Justicia).

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