Redacción Canal Abierto | “Que el Gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas”, chicaneó Julio De Vido en los pasillos del anexo de Diputados. El mensaje era para los legisladores del oficialismo, en referencia a las empresas de la familia Macri y el amigo del Presidente, Nicolás Caputo.

Aquel martes 4 de julio de 2017, ya era noticia durante la jornada de trabajo en comisiones en el Congreso de la Nación el pedido de desafuero por parte del fiscal federal Carlos Stornelli. No obstante, tres semanas después el ex ministro de Planificación conseguía esquivar su expulsión de la cámara baja.

Hoy, miércoles 25 de octubre, Diputados finalmente votó el desafuero del ex ministro de De Vido, quien se entregó a la Justicia en Comodoro Py para quedar detenido por malversación de fondos, administración fraudulenta, sobreprecios y defraudación. Votaron a favor 176 legisladores, hubo una abstención y ninguno en contra. La gran mayoría del bloque del FPV no bajó al recinto, facilitando así el tratamiento en el recinto.

En este contexto vuelve a cobrar importancia el sinfín de proyectos que manejó De Vido durante los casi 12 años en que ocupó un lugar privilegiado del gabinete kirchnerista.

El propio Ministerio de Planificación publicó en 2015 un ranking de empresas beneficiarias de contratos de obra pública. Más allá del sexto puesto ocupado por la brasileña Odebrecht -envuelta en múltiples causas de corrupción a nivel mundial- o del segundo para la cordobesa Electroingeniería –vinculada a Carlos Zanini, candidato a vicepresidente en 2015-, llamaba la atención el tercer lugar de Iecsa, empresa de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Si bien Iecsa opera desde la década del 60´, fue en 2007 que Franco Macri  se la vendió a su sobrino y en poco más de una década se convirtió en una de las constructoras más importantes del país.

En total Calcaterra ganó licitaciones durante toda la era kirchnerista por unos 1.823 millones de dólares para obras viales, hidráulicas y ferroviarias. Incluso fue contratista de la polémica Enarsa (empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner en 2004), manejada por Julio De Vido y Exequiel Espinoza, cuando en 2010 se le adjudicó –junto a la española Isolux– la construcción de la usina Ensenada Barragán, uno de los tantos emprendimientos impulsados bajo la órbita del Ministerio de Planificación.

Iecsa, además, hizo obras para la represa Yacyretá, para Paraguay y para la petrolera brasileña Petrobras SA por 15 millones de dólares.

Su principal traspié fue la licitación para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que ganó junto a la brasileña Odebrecht. La obra iba a ser financiada por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, investigado por corrupción en Brasilila, Buenos Aires, Lima, Caracas y La Paz. El banco iba a aportar un crédito de US$ 3 mil millones, pero la construcción se vio trunca.

En la megacausa por asociación ilícita contra Ricardo Jaime, funcionario de De Vido, surge que la empresa china CITIC cobró sobreprecios del 160% por la venta de vagones para el subte porteño. El intermediario de esa compra fue el padre de Mauricio, Franco Macri, que recibió una comisión millonaria.

Otro de los actores principales de la “patria contratista” es Nicolás Caputo. Dueño de Caputo S.A. y Ses S.A., el amigo de toda la vida del Presidente fue uno de los mayores beneficiarios de obra pública durante la gestión del PRO en la Ciudad. Se calcula que en cerca de cuatro años, la firma Ses S.A facturó alrededor de 1.400 millones de pesos. Sin embargo, “Niky” también contó con el favor del Gobierno nacional durante la gestión kirchnerista al conseguir obras en la remodelación de edificios públicos nacionales, ministerios, hospitales y la construcción de escuelas, comisarías.

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