Redacción Canal Abierto | Con el pie en el acelerador, el Gobierno anunció ayer lo que llamó un Plan de Simplificación del Estado que comenzará a ponerse en práctica desde hoy a través de decretos y resoluciones. La promesa es doble: trámites más fáciles que llevarán la mitad del tiempo, y ahorro estatal de $90 mil millones en dos años. Lo que el anuncio no aclara es cómo.

El plan cuya presentación encabezaron los ministros de Producción, Francisco Cabrera, de Modernización, Andrés Ibarra, y el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, hace, según el comunicado oficial “foco en la transparencia, la agilidad y la federalización”. El mismo posibilitará, entre otras cosas, realizar trámites a distancia con carácter de declaración jurada para evitar que los ciudadanos del interior del país deban viajar a la capital, la eliminación de intermediarios, y la digitalización de los servicios.

“En el Estado que queremos no hay filas ni demoras, no hay idas y vueltas con papeles. Vamos hacia un modelo donde todos los trámites sean 100% online y el Estado esté al servicio de la gente -apuntó Ibarra -. Hoy, con los 634 trámites a distancia, los argentinos se ahorran costos, traslados y, lo más importante, tiempo y esfuerzo”.

Por su parte, Cabrera afirmó que a través de este plan harán “ahorros equivalentes a 1 punto de PBI en desburocratización, de esta manera, estamos dando más productividad a toda la economía para avanzar hacia nuestro objetivo de generación de empleo”.

Consultado sobre el tema, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo que “este anuncio plantea hechos que son técnicamente asequibles con los recursos de los que dispone el Estado y con el nivel de capacitación de sus trabajadores. Pero lo que no dice el Gobierno, lo que ni siquiera puede desmentir, es que no se van a producir despidos”.

Es que fuera del anuncio del plan de “desburocratización” quedaron los trascendidos, que hablan de una reducción de ministerios, funcionarios y puesto de trabajo. Sin embargo, el ahorro que promete difícilmente se logre sólo reduciendo papeleo.

“Mientras el Gobierno habla de las bondades de la iniciativa, incumple su promesa de regularizar la situación de 3.500 contratados y pasar a planta permanente a los 12 mil precarizados que a diciembre del año pasado tenían más de diez años de antigüedad –recordó Godoy en diálogo con Canal Abierto-. Es, como mínimo, una ingratitud hacia los trabajadores que son los que están sosteniendo estos cambios capacitándose en las nuevas tecnologías a través de los Fondos de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap) que son parte de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) y se financian con recursos propios”.

También afirmó que, en cambio, el oficialismo “intenta reformular progresivamente los CCT, como lo hace en el Estado Nacional con las figuras de presentismo y productividad en acuerdo con UPCN, y marcha hacia un proceso de reforma estatal de la cual sólo anuncia esto porque es lo que se puede contar. El resto es la privatización de sectores públicos, como en el caso de Dioxitek o Enarsa, y la creación de organismos paralelos con financiamiento estatal que garantizan ganancias a empresas amigas del Gobierno, como ocurre con el Instituto PAMI o la empresa Corredores Viales S.A.”.

“Si hay trabajadores de más o no tiene que ver con el proyecto de Estado que se plantea. Desde ATE estamos convocando a nuestros compañeros a fortalecerse en la unidad, a establecer alianzas con sectores docentes o científico-técnicos y a demostrar que se puede construir un Estado diferente”, finalizó el sindicalista.

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