Por Roxana Dib | En tan sólo unas pocas semanas el gobierno de Salta no sólo renovó su gabinete, poniendo en cargos estratégicos a funcionarios del ex Gobernador Juan Carlos Romero (Urtubey también formó parte de aquella gestión), sino que también avanzó en las políticas de ajuste que el macrismo impulsa a nivel nacional y provincial.

Ahora, en un marco de numerosas reformas (laboral, fiscal, previsional), Juan Manuel Urtubey firmó un decreto -cuyo título es Modernización y Asignación Eficiente de Recursos Públicos- donde anuncia una serie de medidas perjudiciales para la clase trabajadora. El primer mensaje es claro: se pretende, mediante un congelamiento de salarios de funcionarios hasta el 31 de diciembre del 2018, poner condicionamientos a la discusión salarial del año próximo.

A su vez, el decreto 1603/17 exige tanto a ministros como secretarios reducir en un 20% el personal a su cargo. Si bien aclara que esto no involucraría una reducción de empleados públicos de planta permanente, no especifica la situación de los contratados. Al mismo tiempo requiere un listado de los estatales en condición de acceder a la jubilación, solicitando que se los intime a comenzar el trámite correspondiente. Además, el texto que lleva la firma del gobernador implementa el retiro voluntario para el personal de planta permanente. También prohíbe la autorización de nuevas designaciones, interinatos, subrogantías, modificaciones en las estructuras, cargos y funciones jerárquicas.

En la misma línea, el decreto suspende el incremento de los viáticos para aquellos trabajadores que, por sus tareas habituales, lo requieran (casos trabajadores de Rentas, Minería, Ambiente, entre otros).

Por otra parte, se solicita la presentación -antes del 10 de diciembre de 2017- de un informe de roles y funciones de todos los trabajadores, donde se distingan aquellos que no tengan un rol o función específica.

Otro de los puntos plantea la implementación de un sistema de control de ingreso a los establecimientos de la administración centralizada, ya sea para empleados, proveedores, contratistas registrados o visitas. “Se legitiman los dispositivos de espionaje, que constantemente vemos en asambleas, paros y movilizaciones”, aseguran desde el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Salta.

Sobre el final, en el artículo 5°, se invita a los poderes Legislativo y Judicial, Ministerio Público y Municipios de la Provincia a adoptar medidas similares de ajuste y congelamiento.

Las nuevas medidas del Gobernador Urtubey muestran a las claras el clima de reformas políticas, económicas y sociales que se avecinan, en todos los casos orientadas a la vulneración de derechos adquiridos. En las provincias, las mismas ya se empiezan a sentir fuerte, generando incertidumbre y polémica. La única certeza pareciera ser que los cambios que se avecinan son de retroceso, y no avance, para los trabajadores.

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