Redacción Canal Abierto | Horas después que se levantara la sesión que trataría la reforma previsional en Diputados, el presidente Macri reunió a su ministros y los instó a firmar el ajuste sobre los jubilados por decreto. Pero él no lo hizo, para convertir a ese documento en un chirlo disciplinante.
Al otro día, en Casa Rosada, el secretario Quintana y los ministros Dujovne y Frigerio recibieron a los gobernadores oficialistas y a sólo ocho opositores. El resultado de esa reunión fue un nuevo decreto que se pondrá en marcha apenas se apruebe la reforma previsional.
¿Qué dice ese documento? Que se pagará por única vez en marzo alrededor de $750 a jubilados con asignaciones de hasta $10.000 y con 30 años de aporte. Los que están en moratoria más el resto de los beneficiarios (AUH, pensiones, veteranos de guerra) cobrarán la mitad.
El espíritu del proyecto es compensar el empalme entre el actual cálculo de incremento de haberes y el que propone en Gobierno a partir de marzo. No obstante, los beneficiarios seguirán perdiendo.
Primero, porque queda excluido el 30% de los jubilados que cobra por encima de los $10.000.
Segundo, porque la pérdida promedio entre un cálculo y el otro es de $2700, mientras el bono es sólo de $750.
En términos globales, el Gobierno ofrece una partida que oscila en los $4000 millones y los $6000 millones y se ahorraría entre $70.000 y $100.000 millones.
Según especialistas, existen otras maneras de financiar el agujero que tiene la ANSES. Por ejemplo, gravando a exportadoras. Se calcula que con la eliminación de retenciones el gobierno las ha beneficiado en más de $120.000 millones.
El ajuste que promueve Cambiemos sobre los fondos de ANSES es para cubrir el nuevo pacto fiscal que beneficia, por sobre todo, a la provincia de Buenos Aires y morigerar el desfinanciamiento que significa exceptuar de aportes a los patrones, en el marco de la reforma laboral que se pretende implementar.