Redacción Canal Abierto | El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció el viernes pasado un importante recorte para la obra pública: “Nos duele tocar el presupuesto de la obra pública, pero entendemos en este contexto que necesitamos acelerar el camino hacia la convergencia fiscal”.

Se trata de $30 mil millones menos para poder cumplir la nueva meta de reducción del déficit -del 3,2% del PBI previsto anteriormente a 2,7%- fiscal para este año, una de las medidas que anunció para dar una señal tranquilizadora a los centros financieros internacionales y frenar la suba del dólar.

Sin embargo, la obra pública presenta recortes desde mucho antes.

La medida se trata de una especie de ajuste sobre ajuste porque esta reducción se suma a la caída del 30% en licitaciones públicas y de retraso en los pagos durante el primer trimestre de 2018, que hasta marzo ya llevaba una merma total de un 50% con respecto al año anterior.

Junto con el anuncio del presupuesto para este año, el Gobierno ya había anticipado una caída en términos reales -si se toma en cuenta una inflación de al menos 22%- para la obra pública. En 2017 contó con más de $11.500 millones en 2017, pero con la suba en los costos en 2018 el presupuesto sólo llegó a poco más de $13.600 millones en 2018, a los que se le acaban de restar $30 millones.

Y, mientras el Gobierno busca aumentar proyectos financiados con el sistema de Participación Público Privada para compensar esta caída, la suba del dólar empuja los costos de la construcción.

Esto preocupa a las empresas y sobre todo a las provincias, que esperan contar con más detalles de cómo los afectará el recorte anunciado, porque el freno también tendrá repercusión en las obras en ejecución.

Sin embargo, en la reunión celebrada ayer entre Macri y los representantes de Cambiemos, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larretta, el Presidente declaró que “ninguna determinación se adoptará sin el consenso de la gobernadora en la provincia de Buenos Aires y del jefe de Gobierno en la Capital”, dando a entender que sus aliados no se verán afectados por el ajuste.

Desde que se sancionó la Ley Nacional de sistema de Participación Público Privada, sólo 10 de los 24 distritos refrendaron la norma en las legislaturas locales. Ahora, el Gobierno buscará sumar a los que faltan para poder así contener los reclamos de gobernadores y sectores sindicales.

El sistema PPP ya se había puesto en marcha con una primera etapa de US$ 6.000 millones para construir autopistas y rutas. Ahora el presupuesto establece 52 iniciativas por US$ 21.000 millones, y en los próximos días se conocerán las ofertas económicas por los primeros PPP viales que comenzarán a ejecutarse en octubre.

Si se tiene en cuenta que para 2019 el presupuesto de obra pública asciende de manera exponencial a $48 mil milllones, podemos hablar claramente de una campaña electoral -tanto presidencial como en las gobernaciones de las provincias- que tendrá como caballito de batalla a la obra pública. Este monto, que incluirá la renovación de la Casa Rosada, representa un incremento de casi el 253% con respecto al período anterior en el presupuesto oficial. ¿Cómo impactarán en las elecciones estos recortes?

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