Redacción Canal Abierto | En los últimos minutos donde se definía la votación por el aborto legal, seguro y gratuito, el Gobierno difundió la Carta de Intención enviada al FMI para lograr el respaldo económico que finalmente terminó siendo por US$ 50.000 millones.

El documento detalla los objetivos y las decisiones consensuadas entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger y el equipo técnico del Fondo, para hacer frente a una crisis que, según ellos, todavía no existe.

Hasta el momento, lo único certero e informado durante la conferencia de anuncio del acuerdo era la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

“Consideramos que el plan que hemos diseñado es sólido, ayudará a construir confianza y reducir incertidumbre, y fortalecerá a la economía argentina”, expresa la misiva.

Sin embargo, el texto ahora explica lo que Dujovne y Sturzenegger callaron ante las preguntas de la prensa: recortes en subsidios, postergación de la obra pública, revisión de impuestos, jubilaciones, cambios en el sistema de empleo, y modificaciones en las metas de inflación y déficit.

“Reduciremos el gasto público hasta llevarlo a niveles adecuados y sostenibles, lo que resulta fundamental para alcanzar tanto el equilibrio fiscal como macroeconómico”, continuaba, dando cuenta del proceso de recesión en el que se terminará el 2018 por los salarios bajos y la inflación en su nueva meta del 27%.

Por otra parte, se explica el brutal ajuste a través del aumento de los servicios públicos. “Continuaremos avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para el gas y desde el 60% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para la electricidad”.

También, y como ya se sobreentendía, el alerta por más despidos en el Estado ahora está más que justificada, ya que no se renovarán cargos en puestos no prioritarios, no habrá ingresos en el sector por dos años, y se eliminarán las posiciones redundantes, con el objetivo de reducir el gasto en personal del 3,2% del PBI en 2017, al 2,7% al finalizar el programa.

En otro párrafo, un tanto sorpresivo, se expresa la búsqueda de la equidad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

El Estado se compromete a empujar proyectos para promover igual paga y un sistema más equitativo de licencias de paternidad y maternidad (ambos en el Congreso), y se exigirá a las empresas que cotizan en bolsa que publiquen anualmente datos sobre el equilibrio de género en su Directorio y entre sus puestos gerenciales.

En cuanto al dólar, continúa el tipo de cambio flexible y afirman que la venta de las divisas será más limitada para acomodar las presiones del mercado cambiario. Teniendo en cuenta que la moneda estadounidense superó los $28, no es un dato menor.

Por su parte, informaron que las reservas del Banco Central sólo servirán para implementar políticas cambiarias y monetarias, al mismo tiempo que se limitarán las transferencias al Tesoro a utilidades realizadas que únicamente podrán ocurrir cuando el capital del BCRA exceda un nivel adecuado.

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