Redacción Canal Abierto | Este jueves 2 de agosto inicia el jury al juez en lo Contencioso Administrativo platense Luis Federico Arias. Fue dispuesto en noviembre de 2017 por el Jurado de Enjuiciamiento del Senado bonaerense tras aceptar 21 de las 22 imputaciones que se le hacían al magistrado reconocido por, entre otras cosas, haber investigado el número real de muertes en la inundación de la ciudad de La Plata en 2013, por haber frenado los aumentos en las tarifas de servicios públicos y por haber intentado frenar los decretos de necesidad y urgencia con que el ejecutivo destruyó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que con tanto trabajo habían construido las organizaciones sociales y comunitarias del área.

Consultado por Canal Abierto en la conferencia de prensa previa a la primera audiencia del jury, sobre cuáles de sus decisiones lo empujaron a esta situación señala: “Yo creo que hubo varias situaciones que fueron molestas, que perjudicaron tanto intereses políticos como económicos; tiene que ver con una decisión judicial mía que suspendió el decreto de necesidad urgencia que eliminó el AFSCA y modificó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en ese momento, fines de 2015, un juez federal revocó pero la Cámara confirmó mi decisión. Luego, no se pudo cumplir porque en el Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral, convalidó esos decretos.”

“También la decisión de suspender el aumento tarifario en la provincia Buenos Aires fue una sentencia que molestó muchísimo y perjudicó intereses económicos concretos, sobre todo los de Rogelio Pagano*, quien controla las cuatro distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires, quién ha obtenido una ganancia de entre 2300 a 2700 millones de pesos durante 2017. Finalmente, mi intervención durante los conflictos docentes. Esas son las verdaderas causales de este juicio político, lo demás es todo chamuyo”, describe Arias, quien esta mañana en La Plata fue acompañado por organizaciones y referentes sociales y políticos.

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Un tipo incómodo para el poder

Arias supo ser una piedra en el zapato de Daniel Scioli. Hagamos memoria de algunos hechos:

  • Revocó la decisión del gobernador de pagar el aguinaldo de los estatales en cuotas en 2012;
  • Investigó la cantidad real de muertes producidas en la inundación de la ciudad de La Plata que el ejecutivo bonaerense había cerrado en 52, y luego de su investigación la Justicia convalidó que los decesos fueron 89. En esa ocasión Arias señaló a la prensa: “lo que está en juego no es la cantidad de víctimas sino el derecho a la verdad colectiva”.
  • Dispuso la prohibición de las detenciones de menores de la Policía Bonaerense por averiguación de antecedentes y también terminó con el uso de álbumes de sospechosos en las comisarías.

Estos son sólo algunos de los fallos del juez. Con el cambio de administración y la sorpresiva llegada de Vidal a la provincia, Arias no tardó en ganar enemigos en la nueva administración. Enumeremos: falló contra los tarifazos; dictaminó que era inconstitucional el traslado de los comedores escolares a los municipios; hizo lugar a las presentaciones de los gremios en medio del conflicto docente y dejó sin efecto la conciliación obligatoria que había dispuesto el ejecutivo bonerense para frenar el paro docente de 2017.

En el transcurso de la primera audiencia del jury se analizarán las 21 acusaciones en su contra por presunto mal desempeño en sus funciones, irregularidades administrativas, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Respecto al asidero del jury, Arias señaló: “Yo no tengo denuncias de particulares, no tengo denuncias de abogados, no tengo cuestiones patrimoniales de ningún tipo. Solamente son denuncias de otros jueces o de funcionarios políticos, todas referidas a sentencias mías, a criterios judiciales que no pueden ser sometidos a juzgamiento. No me imputan irregularidades, me imputan contenido de las sentencias y eso es realmente grave porque forma parte de la garantía de independencia de los jueces. Imagínense si a un juez por revocarle una sentencia una Cámara lo sometieran a un juzgamiento, sería imposible ejercer como magistrado”.

Consultado sobre si esta era una medida disciplinaria para todo el poder judicial, aseveró:

“Es un mensaje que se quiere dar. Cuando suspendí el aumento tarifario, había 50 jueces que estábamos decidiendo lo mismo respecto a las tarifas provinciales y nacionales. Hoy no existe ningún juez que suspenda las tarifas. Algún juez como Alejo Ramos Padilla de Dolores, resolvió la prohibición de cortar el servicio, pero no la suspensión de las tarifas. Hoy dejarle una demanda a un juez para la suspensión de los aumentos de tarifas de los servicios públicos es dejarle una bomba con la mecha encendida”.

Disciplinamiento

El juez en lo Contencioso Administrativo ya había sufrido un intento de jury en la gestión Scioli, que había impulsado entre otros el hoy Defensor del Pueblo Guido Lorenzino. Llegado a estas instancias, la mayoría de los jueces renuncia, pero Arias sostiene: “Es obvio que hay una persecución política. Yo asumo el jury porque estoy convencido y orgulloso de las sentencias que hemos dictado y que forman parte de las acusaciones.”

“Hoy la sociedad se está quedando sin poder judicial. Frente a la afectación de derechos no existen jueces que puedan decidir esas cuestiones.”

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Pagano controla la luz de la provincia de Buenos Aires con EDEN (norte y centro), EDEA (Costa Atlántica y centro), EDES (sur) y EDELAP (La Plata y alrededores), conformando un monopolio privado de la distribución de la luz en la provincia gobernada por Vidal, irregularidad manifiesta con el vigente marco regulatorio nacional y provincial.

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