Redacción Canal Abierto | Con el objetivo de declarar la nulidad absoluta del acuerdo stand by de 50.000 mil millones de dólares firmado entre el Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional, Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, y Jonatan Baliviezo, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, presentaron un amparo colectivo para solicitar una medida cautelar urgente.

En los argumentos del pedido se detalla que se trata de una medida “inconstitucional y violatoria de los derechos de los ciudadanos a la participación en la dirección de los asuntos públicos”. Según el escrito, este acuerdo “se refiere a un tipo de empréstito en dónde el FMI evalúa periódicamente el desarrollo de las variables macroeconómicas para continuar con los desembolsos, para asegurarse así el reembolso de los fondos, aunque quien se adjudica la mayor responsabilidad es el deudor“. “Un acuerdo de este estilo, en tanto presenta riesgos a los que se puede llegar cuando se pierde soberanía en las decisiones de Estado, necesariamente deben ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación”, sostienen.

También radicaron una denuncia penal, que recayó en el juzgado a cargo del Juez Julián Ercolini, “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al haber evitado someter el acuerdo al debate parlamentario”.

Para Lozano, “el gobierno de Macri ha incurrido en el delito de abuso de poder al no someter el acuerdo con el FMI a la aprobación Parlamentaria según manda la Constitución Nacional. La excusa esgrimida en base a un artículo de la ley de administración financiera, pasa por alto que dicha norma es inconstitucional y que además está caduca. Por otra parte el FMI ha prestado violando su propio Estatuto que le impide prestar fondos en países en situación de fuga de capitales. Por ambas razones Argentina puede y debe desconocer este acuerdo”.

Por su parte, Baldiviezo sostuvo que “el Gobierno decidió avanzar con el acuerdo sin tener ninguna ley del Congreso que autorice a esa operación de crédito público. Esto se transforma en una monarquía financiera donde una sola persona, una sola voluntad, decide el endeudamiento de la Argentina.”

 

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