Redacción Canal Abierto | Mauricio Macri fue imputado a raíz de una denuncia realizada por Claudio Lozano, representante de Unidad Popular, en conjunto con el Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad a través de Jonatan Baldiviezo. Allí advierten que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se trata de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público.

“Presentamos la denuncia hace cuatro semanas y en el día de ayer nos enteramos de que el fiscal (Jorge Felipe) Di Lello había requerido al juez (Julián) Ercolini la instrucción imputando a Mauricio Macri, al jefe de Gabinete Marcos Peña, al ministro Nicolás Dujovne, al presidente del Banco Central Luis Caputo y a futuros ministros y funcionarios públicos que ingresen en esta conversión del delito”, explica en diálogo con Canal Abierto Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad y codenunciante en la causa.

Lo que denuncian es la ausencia de una ley del Congreso que apruebe o autorice al presidente de la Nación y a sus ministros a firmar un acuerdo con el FMI. El abuso de autoridad es el de dictar normativa o cometer actos en contra de lo que dice la Constitución que establece que el Poder que tiene la facultad para tomar deuda pública es el Congreso.

Meses atrás ya habían presentando una denuncia pública sobre vicios inconstitucionales que iba a tener el acuerdo. En ese momento, el Gobierno respondió que existía la Ley de Administraciones Financieras que los autorizaba, una norma de 1992 dictada en un contexto de emergencia económica.

En esa ley, el artículo 60 nunca fue prorrogado o revisado. Es allí donde se establecía la delegación de facultades al Poder Ejecutivo -una excepción al texto de la Constitución Nacional y acorde con la emergencia de aquel momento- para llevar adelante la negociación sin consultar. En 1994, con la reforma constitucional, se ratificó que el único que estaba a cargo de tomar esas decisiones era el Parlamento. Hasta ese momento, el Congreso delegaba al Poder Ejecutivo la facultad de tomar deuda pública con dos requisitos: que sean organismos internacionales y que la Argentina formase parte de ese organismo. Esto también caducó, pero en 2010.

“El artículo que el Gobierno utiliza para justificar no haber pasado por el Parlamento es un artículo que está caduco. Al Gobierno no le importó lo que decía el conjunto de la sociedad ni lo que decía la Constitución y para eludir esto utilizó un artículo y una ley que ya no tienen valor legal”, afirma por su parte Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular.

“El Gobierno está reviviendo una norma que ha muerto jurídicamente para soslayar el Congreso. En 2010, el Congreso reabsorbió todas las facultades que había delegado en el Poder Ejecutivo. Las delegaciones del Congreso no son eternas, por Constitución tienen que tener un plazo determinado. La otra respuesta del Gobierno es que se encuentra en la autorización del presupuesto del año pasado, pero en ese presupuesto nunca se mencionaba al FMI ni se preveía que iban a incorporarlo a la economía”, explica Baldiviezo.

Por lo pronto, el fiscal federal de la causa Di Lello, decidió impulsar la acción penal al considerar que los hechos, las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en la denuncia, resultan verosímiles y lógicas y solicitó la producción de varias pruebas.

La denuncia se encuentra en manos del juez federal Ercolini. Se espera que se pueda frenar el acuerdo y proseguir con la investigación del endeudamiento unilateral firmado por el gobierno de Cambiemos sin el acompañamiento de los representantes de la ciudadanía argentina.

“Las decisiones tienen que pasar por el Congreso porque son trascendentales para la Argentina. Es pernicioso que el país quede sujeto a las políticas del FMI y siga endeudándose para tapar un déficit fiscal que lo que genera son más ajustes y despidos”, sentencia el abogado.

En marcha para frenar el acuerdo

Además de la denuncia penal, desde diferentes espacios políticos se encuentran generando estrategias para frenar el acuerdo con el FMI y, en el caso de que esto no ocurra, acumular elementos para advertir a futuros gobiernos sobre que el préstamo puede ser desconocido por su inconstitucionalidad.

“Hacemos esto en el marco de una estrategia política general que desde Unidad Popular y desde la experiencia que estamos trabajando junto a Libres del Sur, el Movimiento Evita, Patria Grande y otros partidos que componens el frente En Marcha, por la que intentamos recabar todas las herramientas posibles para suspender este acuerdo. En el mismo sentido de la denuncia judicial está planteada la consulta que pretendemos convocar abiertamente a partir del 20 a la ciudadanía para que se exprese en pedido de suspensión- explica Lozano-. El FMI está violentando su propio estatuto de funcionamiento ya que dice con toda claridad que este organismo no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales y, casualmente, el caso argentino es el de un país donde el dinero del Fondo entra por un lugar y se va por el otro”.

 

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