Redacción Canal Abierto | Hace más de dos años, vecinos de diferentes organizaciones de la ciudad de Buenos Aires, acompañados por el abogado Jonatan Baldiviezo, comenzaron con el reclamo para que se realice una planificación ciudadana y que se discuta con ellos el nuevo Código Urbanístico de la ciudad de Buenos Aires.

A pesar de que existió una instancia judicial, Cambiemos decidió hacer oídos sordos al pedido de los asambleístas de poder participar en la discusión del Código. Finalmente se aprobó, pero sin la participación de los vecinos.

“Es un código ajeno a la realidad de los porteños. Tendría que haber sido la herramienta para operativizar  la planificación ciudadana y regular el mercado inmobiliario para disminuir la cantidad de familias inquilinas o resolver las problemáticas ambientales, la falta de espacios verdes, el colapso de los servicios públicos. No es un código urbanístico sino que se transformó, por decisión del gobierno, en un código inmobiliario”, explicó Jonatan Baldiviezo abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Uno de los discursos del Gobierno en torno a la implementación del nuevo código, se basa en “proponer una densidad poblacional adecuada” sin embargo, no hubo un diagnóstico previo.

“Decidieron que en la Ciudad de Buenos Aires debía haber mayor densidad pero no cómo. Sabemos que hay un colapso en cada uno de los servicios públicos: transporte, agua, cloacas, espacios verdes, educación, salud. En cada una de esas dimensiones hay problemas en alguno de los barrios y esto no fue acompañado con políticas”, relata Baldiviezo.

Cambiemos es el Gobierno que más tierras públicas ha vendido. En los últimos once años, 400 hectáreas fueron puestas en el mercado inmobiliario a través de la venta o de las concesiones. Al tener desregulado el mercado y no controlar, quienes tienen los recursos son los únicos que delinean la planificación y accesibilidad a la vivienda. En la actualidad, Capital Federal tiene una crisis habitacional.

“La ciudad se va ‘inquilinizando’. Hay menos propietarios que van haciéndose de más suelo urbano y va generando una fragmentación social. Por una parte están los propietarios y por otro inquilinos. Todos los meses van transfiriendo capital desperdiciado a ese sector de propietarios, que a su vez va adquiriendo más tierras. Esto genera un espiral en el que desde 2001, hasta ahora, se han multiplicado por dos los inquilinos en la ciudad”, sentencia el abogado.

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