Por Sergio Alvez | El sábado 22 de septiembre, efectivos policiales de la Unidad Regional II de  la ciudad de Oberá, Misiones, detuvieron en su domicilio al dirigente social Hugo Silva, referente de la Asociación de Tareferos de la Zona Centro. Silva es acusado de “incitar a la usurpación de tierras”, debido a la ocupación de un terreno el barrio Villa Stemberg, dónde en los últimos días se asentaron cerca de 40 familias en situación de emergencia habitacional y en extrema pobreza.

Diversas organizaciones sociales reclamaron por la libertad de Silva en la mañana de este lunes 24 de septiembre, ya que entienden que se trata de una detención que configura un caso de criminalización de la pobreza y de persecución a militantes sociales.

Desde la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha, integrada por una veintena de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, señalaron que “tanto en la Zona Centro como en otras de la provincia son frecuentes los reclamos de tierras para familias que necesitan un lugar para vivir, mientras que el Municipio de Oberá no sólo evade su responsabilidad de buscar una solución al problema, sino que promueve la denuncia judicial contribuyendo a criminalizar, discriminar y estigmatizar a las familias en situación de pobreza”.

En tanto, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitieron un comunicado donde indican que “la detención de Silva sienta un nuevo y nefasto precedente de criminalización de la pobreza, dado que es un reconocido luchador social al cual se acusa de ‘incitación a la usurpación’ por el caso de una ocupación de tierras por parte de 35 familias en emergencia habitacional que, sin un lugar donde vivir, se asentaron en tierras de un barrio obereño”.

Este episodio demuestra que el poder político, mientras se muestra indiferente ante la grave situación económica y social de miles de familias misioneras, utiliza al Poder Judicial para disciplinar a quienes conducen procesos de lucha por acceder a los derechos básicos que deberían estar garantizados por las políticas estatales.

La Revista Superficie, medio alternativo de la provincia de Misiones, ante la detención de Silva puntualizó en la figura de la jueza que ordenó su detención, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat. “La jueza Gauchat procedió en este caso con una celeridad que contrasta con la lentitud extrema y sospechosa que le imprime a causas mucho más urgentes que aún siguen impunes cuando no cajoneadas -relata-. Ésta es la jueza que desde hace diez años mantiene impune y prácticamente inmovilizada la causa judicial por la desaparición del joven y humilde colono Mario Golemba, desaparecido en democracia en Misiones”.

También narra que Gauchat tuvo en su juzgado otros “dos casos emblemáticos”: los femicidios de Marylin Bárbaro (Oberá), y Silvia González (Campo Viera). “Estos casos tienen, además de mantenerse en la absoluta impunidad, una característica en común: en ambos pesan las sospechas de culpabilidad sobre parientes directos del poder político, los llamados ‘hijos del poder'”, detalla.

“En la causa abierta contra la joven obereña Victoria Aguirre, una víctima de violencia de género acusada injustamente de asesinar a su pequeña hija, la jueza Gauchat desplegó su mirada patriarcal y estigmatizante, aunque finalmente y tras una intensa lucha principalmente encabezada por organizaciones de mujeres, Victoria fue absuelta”, sostiene Superficie.

En lo que refiere a la detención de Silva y su contexto, las familias involucradas en la ocupación en Villa Stemberg dependen económicamente, en su mayoría, de la cosecha manual de yerba mate, “que desde septiembre y hasta abril se encuentra paralizada, por lo que este periodo compromete de manera extrema la situación económica de las mismas”, aporta la publicación.

En los últimos años, Hugo Silva estuvo al frente de los reclamos de los tareferos de la Zona Centro, y de los vecinos de su barrio, el San Miguel, donde la falta de servicios básicos y las condiciones de insalubridad son una constante.

 

El gobierno del Frente Renovador tiene sobrados precedentes en criminalizar la protesta
“La cárcel no puede ser la respuesta a los reclamos de los sectores más vulnerables”, sostuvo la CTA Autónoma de Misiones en un comunicado donde repudia la detención de Hugo Silva.

Para la Central, su detención “además de ser un ejemplo claro del avance de la criminalización de la pobreza, es un intento del Estado de desentenderse de la problemática de hambre, desocupación, falta de viviendas y servicios básicos”.

“La denegación de la eximición de prisión de parte de la jueza, a partir del planteo del fiscal Estanislao Elías Bys, argumentando que Silvia podría entorpecer la investigación es una muestra más del rol que juega el Poder Judicial para hostigar y disciplinar la protesta social -sostiene en un comunicado-. Desde la CTA Autónoma repudiamos, además, el accionar de la Municipalidad de Oberá que, lejos de buscar una solución de fondo, para garantizar los derechos humanos básicos de esas familias, cuya vulnerabilidad es extrema, acudieron a la denuncia penal para violentar aún más las vidas de estos vecinos”.

Por otro lado, detalla que el intendente de Oberá recién recibió a los delegados de la ocupación este sábado, y “los convocó a una comisaria que está a punto de inaugurarse”. El lugar elegido no es casual, como tampoco es casual que haya estado rodeado por casi una decena de policías”, detalló la CTA-A.

Además, el comunicado afirma que “el acceso a una vivienda digna es prácticamente imposible para miles de familias que, por sus situación socioeconómica, son excluidas de cualquier programa formal del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. Los planes de viviendas populares también son insuficientes y en algunos casos tardan años en entregarse”.

Para la Central, la detención de Silva “debe inscribirse en el marco de la criminalización de la pobreza y la protesta social” sobre lo cual “el gobierno del Frente Renovador tiene sobrados precedentes”.

“Desde la CTA Autónoma exigimos la inmediata liberación de Hugo Silva, el cese de la criminalización de la pobreza en todas sus variantes. El respeto de todas las garantías constitucionales, como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, el acceso a los derechos humanos básicos, como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo. Responsabilizamos al Estado Municipal y provincial por la integridad física de todas las familias que están hoy ocupando las tierras en conflicto en Oberá. También exigimos instancias de diálogo para resolver con urgencia sus reclamos”, finaliza el comunicado.

 

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