Redacción Canal Abierto | Jujuy tuvo su primer “verdurazo”, realizado en conjunto por organizaciones de la economía popular de la provincia, en la plaza Belgrano del centro de la capital, donde se repartieron siete toneladas de frutas y verduras traídas desde diferentes puntos para visibilizar las condiciones de trabajo de los pequeños productores, sin ninguna ayuda del Estado.
Las familias de la agricultura artesanal reclaman que se limite el negocio para los intermediarios, beneficiando a los productores que se encuentran en una situación desesperante. El hecho fue uno de los actos más grandes contra la gestión del gobernador Gerardo Morales, en que los trabajadores y trabajadoras exigieron:
-Ley de arrendamiento que permita una vivienda digna
-Ley de acceso a la tierra para vivir y producir
-Créditos blandos para reactivar la producción y sostener los puestos de trabajo de las familias agricultoras
-Insumos como semillas, fertilizantes y materiales para la construcción de centros de acopio para mejorar la comercialización
– Asignaciones sociales complementarios, para fortalecer la producción y garantizar la permanencia de las familias en el campo
-Reglamentación y presupuesto para la ley de agricultura gamiliar.
En conversación con Canal Abierto, Marcelo Cabero, referente jujeño del Movimiento Trabajadores Excluidos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, explicó la alarmante situación que motivó la acción pública: “Los altos costos de arriendo, los bajos precios que les pagan a los productores por sus productos, que están fundidos porque han tenido una muy mala producción este año y no tienen como pagar las deudas que han contraído, porque no sacaron ganancia sino pérdida. Nosotros estamos pidiendo una ley de arrendamiento que le ponga un tope a los alquileres altos y le garantice a los trabajadores una calidad de vida, como el acceso al agua potable, baños, cosas básicas que en este momento no tienen, porque las familias quinteras viven ahí, duermen en chozas, toman agua de canal en algunos casos. También estamos pidiendo que el Estado compre parte de la producción a los compañeros, pero no a los intermediarios, si se las compraran directamente al productor recibirían un precio más justo y el Estado gastaría menos de lo que está gastando”
Además, Cabero asegura que el gobierno de Morales profundizó la desigualdad en la relación del Estado jujeño con las empresas y los sectores del trabajo: “Pedimos igualdad de condiciones con respecto a las tabacaleras que tienen subsidio y fondos especiales, así como el estado financio a las mineras e hizo salvatajes para los bancos, pedimos lo mismo para los pequeños productores que están totalmente fundidos y muchos de ellos después de esta temporada van a emigrar a buscar suerte en otro lado y van a terminar engrosando los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Ahora se está terminando la temporada y nuestros compañeros se tienen que ir de las fincas, tenemos que solucionar con inmediatez, no podemos esperar los tiempos del gobierno, estamos pidiendo dignidad. Producir un cajón de tomate de 20 kilos, cuesta 90 pesos y se lo están pagando al productor a 60 pesos”.
Para finalizar, el referente de la CTEP valoró el impacto de la actividad: “Lo de ayer fue algo desesperado porque ya la producción esta prácticamente perdida y antes de regalársela a los intermediarios preferimos compartirlo con el pueblo jujeño, fue impresionante, eran miles de personas esperándonos, jamás nos imaginamos que iba a ser de tanta magnitud porque era una protesta, y eso demostró también el hambre”.
La responsabilidad del Estado
Las organizaciones campesinas denuncian el creciente abandono de las políticas públicas para el sector de la Agricultura Familiar. Se cierran o achican programas y áreas que venían trabajando con el sector como la Sub Secretaría de Agricultura Familiar; el área de tierra y territorio; el área de género; el SENAF (SENASA para la Agricultura Familiar) o la misma aplicación de la Ley Nacional de Agricultura Familiar.
En la convocatoria, los distintos sectores del campo explicaron que “No accedemos a recursos (financiamiento, asistencia técnica, política pública) o recibimos migajas para mejorar la producción, la infraestructura, la comercialización, nuestro hábitat y el acceso al agua. La ganancia de nuestros productos queda en manos de los intermediarios. La presión fiscal es alta y sin reconocimiento de las condiciones particulares de nuestra producción. Es decir, no recibimos apoyo para sostener y mejorar nuestra forma de vida”.
Canal Abierto también se comunicó con Natalia Morales, trabajadora de la Sub-Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy, que detalló cual es la importancia que la administración provincial le asigna al apoyo al sector campesino: “Nosotros históricamente venimos denunciando que es un sector castigado por los distintos gobiernos de turno, que no han tenido respuesta a demandas elementales como el derecho a la tierra, al agua, infraestructura productiva, lo que se ve es que mientras estos sectores están empobrecidos, están las grandes empresas del azúcar como Blaquier, las tabacaleras, los sojeros, que en detrimento de este sector siguen ganando millones y que incluso tienen enormes beneficios del gobierno provincial y nacional”.
Por último, Morales, que es referente de ATE en el organismo provincial, aseguró que la intención del Estado en su provincia es continuar achicando la relación con la pequeña agricultura: “Nosotros como trabajadores hemos desarrollado el dialogo con el sector, tomando sus demandas para denunciar su situación y marcar las limitaciones que tienen los organismos donde trabajamos, donde en estos dos años se ha profundizado el recorte presupuestario, la pésima situación laboral, que son aspectos que después recaen en las condiciones de los productores, porque nosotros estamos limitados para brindar el acompañamiento, al igual que los despidos que hubo en Agricultura, le quitan recursos para trabajar con el sector, y el cambio de Secretaria a Sub-secretaria da a entender que hay una perspectiva de mayor recorte”.