Redacción Canal Abierto | La ley 26.160 fue sancionada en noviembre de 2006 con el objetivo de declarar la “emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena” por el término de cuatro años, suspender durante ese período los desalojos y disponer la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades originarias.
Ley 26.160: una prórroga fundamental para los Pueblos Originarios
El plazo para realizar esa suerte de censo se venció reiteradamente sin que se completara. Luego de once años, se encuentran relevadas apenas un 24% de las comunidades, sólo un 12% tiene su carpeta técnica, y fue ejecutado más del 70% del presupuesto asignado para el proyecto.
El 26 de noviembre vence el plazo de la ley y, de no concretarse su prórroga o aprobarse un nuevo texto, los propietarios “legales” de la tierra podrían pedir que el Estado ejecute las sentencias judiciales firmes de desalojo. 
- Como el proyecto no logra obtener dictamen en la comisión de labor parlamentaria, este miércoles se intentó votar su incorporación en la sesión especial convocada por Cambiemos. Para ello, se necesitaba el consenso de las ¾ partes de la Cámara. Esto no se ocurrió, por los votos en contra de la la UCR, el Pro, Coalición Cívica y aliados.
Que Diputados funcione bajo sesión especial no es casual. Si lo hiciera bajo sesión ordinaria, sólo alcanzarían 2/3 de los presentes para incluir un tema en agenda.
La semana pasada, en Senadores, ocurrió algo similar. La diferencia es que a los votos contarios de Cambiemos se le sumaron los que responden al senador justicialista Miguel Pichetto, cuya bancada es mayoritaria.
Una especulación posible es que su decisión estuvo supeditada a la presión ejercida por los gobernadores para que no se tratara la ley (presionados a su vez por los terratenientes).
Que se haya caído el tratamiento de la 26.160 no significa que antes de noviembre no se aborde. De hecho, Senadores aprobó su preferencia de incluirlo en la próxima sesión. La suerte de las comunidades indígenas sigue pendiente de una decisión política.