Redacción Canal Abierto | En una intensa jornada, el proyecto de Ley de Responsabilidad Empresaria llega a su instancia de aprobación definitiva a la Cámara de Diputados. Tras haber recibido media sanción allí, vuelve con cambios en su tratamiento que fueron hechos en la Cámara de Senadores. Esta situación deja al proyecto al filo de convertirse en ley tal como vuelve de la Cámara Alta, o de ser descartado.
Entre los cambios introducidos por los senadores se encuentra el de la reducción de los delitos a «cohecho y tráfico de influencias, nacional o transnacional»; «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; «concusión» (exenciones ilegales); «enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados»; «balances e informes falsos agravados».
También establece que aquella persona que se arrepienta y devuelva el producto del desfalco podría verse beneficiado con la condonación de la pena.
Pero las modificaciones sutanciales tal vez deban buscarse por otro lado: la eliminación de la imprescriptibilidad y la sanción a las personas físicas en vez de las jurídicas.
En el primer caso, los cambios del Senado establecen que, tras seis años, el delito prescribe. Nápoli advierte que por la complejidad del tipo de delito, su investigación puede llevar más tiempo para poder ser probado.
En el segundo caso, el historiador remarca que, al condenar a personas y no a firmas, éstas podrán seguir operando y produciendo desfalcos con sólo cambiar a la persona física que se encargue de su ejecución.