Redacción Canal Abierto | Finalmente en una sala perdida del predio de la Sociedad Rural de Palermo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, logró sentar a la cúpula de la CGT y asegurar su respaldo al proyecto de reforma laboral que en cuestión de horas ingresará al Senado, donde se descuenta la aprobación con los votos de Cambiemos y el bloque justicialista que comanda Miguel Pichetto.
Algunos de los puntos del borrador que Triaca presentó semanas atrás fueron eliminados y otros modificados. “Las grandes reformas serán sectoriales y se discutirán en paritarias”, anticipó el funcionario. No obstante, si bien todavía falta afinar el lápiz, se confirmó el esquema que transfiere millones de pesos del Estado a los empleadores.
La reducción escalonada de los aportes patronales hasta alcanzar en 2022 la exención sobre los primeros $11.500 brutos más inflación le costará al Estado $200.000 millones. Ese es el monto que aproximadamente saldrá de la ANSES para financiar a los empresarios, a modo de incentivo para generar empleo.
Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que conduce el economista Claudio Lozano, “el gradualismo aplicado a la reducción del pago de las contribuciones puede ser salteado con tan sólo el pedido de las cámaras empresariales, justificado por la existencia de situaciones económicamente críticas, cuestión que no parece presentar dificultad alguna en el contexto económico vigente.” La reducción de la alícuota de contribución patronal oscila el 60%.
El Gobierno condonará además de multa y acción penal alguna a los empleadores que regularicen la relación contractual de sus trabajadores durante el primer año de sancionada la ley. A los empleados blanqueados se les reconocerán hasta 60 meses de aportes previsionales, aunque no serán tenidos en cuenta a la hora del cálculo jubilatorio. Los adicionales por indemnización, que eran las multas aplicadas a la patronal, serán transferidos a la ANSES y no al bolsillo del damnificado.
A pesar de que el secretario general de la CGT Héctor Daer haya considerado “haber protegido a los trabajadores”, el esquema flexibilizador mantendría en su columna vertebral el siguiente esquema:
Menos indemnizaciones
Excluye del cálculo el aguinaldo, los premios, las bonificaciones y todo tipo de ítem no regular
Un fondo para el despido propio
Habilita la creación de un seguro de desempleo al que aporten empresarios y trabajadores para hacer frente a sus propios despidos
Reduce el periodo para hacer juicio
Las causales de demandas contra los empleadores pasarían a prescribir de los 24 meses a un año
Alienta las tercerizaciones
Un trabajador tercerizado sólo podrá demandar a su empleador directo y no para el que desarrolla la actividad. Esto se aplicará a los empleados de limpieza, mantenimiento, seguridad, servicios médicos, gastronomía, informática y transporte de personas
Contratos basura
El documento crea un sistema de relaciones contractuales precarias para jóvenes profesionales a quienes se les ofrece realizar tareas por un máximo de 30 horas semanales extensivas, excepcionalmente, a diez horas más
Más licencias
Se extenderán las de paternidad a 15 días; por matrimonio, a 10 días; por muerte de cónyuge, padres o hijos, a 3 días, y de un hermano, a un día. Por examen podrán tomarse licencias de dos días con un máximo de 10 días totales por año. Y se permitirán licencias de 30 días corridos por año sin goce de sueldo
Cerco a las prestaciones médicas
Por pedido de la CGT y las empresas de salud se crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, que establecerá qué prácticas y remedios estarán cubiertos en los planes de salud. Su decisión es vinculante y, de esta manera, se busca reducir la cantidad de juicios de usuarios por servicios no cubiertos.
Los apoyos y oposiciones al proyecto ya dividen al movimiento obrero. Hacia dentro de la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores que conduce el bancario Sergio Palazzo se manifestó en contra. Quien no se ha pronunciado aún es el camionero Pablo Moyano.
Por otro lado, la CTA Autónoma ya lanzó una jornada nacional de protesta para el 6 de diciembre, que incluye a sus gremios de base pero también a la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, Aceiteros y sectores de SUTEBA, ferroviarios y telefónicos, entre otros.