Redacción Canal Abierto | Desde el Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, afirman que 2018 –al igual que 2017- se encuentra atravesado por la violencia y la criminalización a los pueblos originarios y que ésta está en un claro ascenso. Referentes de distintos ámbitos firmaron un documento titulado Paren de matar a los pueblos originarios en el que se hace explícito el hostigamiento y la persecución y se pide al Estado que sea “genuinamente igualitario”.
Al respecto, Adolfo Pérez Esquivel, uno de los firmantes, señaló a Canal Abierto: “Hay una persecución a los pueblos originarios y lógicamente que esto nos preocupa”. Y añadió: “estamos reclamando que se respete el derecho a la diversidad de otras culturas que son de esos pueblos, que fueron originarios de esta tierra”.
En 2017, el asesinato de Rafael Nahuel, joven mapuche de la comunidad Lafken Winkul Mapu, por la Prefectura Naval en la provincia de Río Negro, como así también la represión efectuada por Gendarmería Nacional en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, y su repetición en agosto pasado -contexto en el cual se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado- son algunos de los terribles hechos de persecución a la comunidad indígena que han movilizado a referentes de distintos ámbitos.
El sábado pasado en Fomosa, la policía detuvo a Lucas y Roberto Frías – éste último referente de la comunidad wichí- de quienes aún no se sabe el paradero ni su situación de salud.
El común denominador de la persecución y hostigamientos, señala el documento, son las disputas por las tierras, el territorio y por los bienes comunes naturales más específicamente. Esto lleva a que se busque conseguir “un territorio sin indios” a través de un modelo represivo adoptado por las fuerzas de seguridad y alentado por los funcionarios del más alto nivel.
Nilo Cayuqueo, otro de los firmantes y miembro de la comunidad mapuche La Azotea en Los Toldos, se refirió también a la situación de persecución y violencia que sufren los pueblos originarios: “Consideramos que hay una campaña de estigmatización de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche en particular, por parte del Estado, a través del gobierno de Macri”. Asimismo, agregó que existe una política de “explotar los recursos al máximo, sin importar cómo” y que esto lleva a que se instale una política de descrédito al punto tal, de llamar a los pueblos originarios “terroristas”.
“Estamos preocupados y por eso hemos sacado el comunicado, pero realmente creemos que tiene mucha importancia, porque estamos hablando de una campaña premeditada, sistematizada, con muy malas intenciones, de dar luz verde a los policías para que maten y repriman”, afirmó el líder de la comunidad mapuche.
El documento finaliza con el reclamo por la ejecución inmediata y completa de la Ley 26.160 de Emergencia en la propiedad y Posesión Indígena, prorrogada recientemente por el Congreso de la Nación a través de la Ley 27.400, y la pronta sanción de una ley de propiedad comunitaria indígena. Exige el abandono de una política de seguridad en la que sólo se visualiza a los pueblos originarios –y en particular al pueblo mapuche- como terroristas y violentos; y promueve la construcción de un camino en el que prevalezca el respeto al otro, a sus formas de vida y de desarrollo, sin imposiciones ni discriminación.