Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua al genocida -teniente coronel (R)- Jorge Navarro González e impuso penas de entre 3 y 17 años de prisión para el resto de los 19 imputados. Seis acusados fueron absueltos. El 15 de mayo próximo se conocerán los fundamentos de la sentencia
El tribunal de este juicio, que tuvo al genocida multicondenado Luciano Benjamín Menéndez como principal imputado hasta su fallecimiento el 27 de febrero, estuvo integrado por los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga.
Navarro González, condenado por secuestros, torturas y homicidios, se desempeñaba en la IV Brigada Aerotransportada del Ejército en Córdoba al momento de los hechos juzgados. También fueron recibieron penas los represores Héctor Hugo Lorenzo Chilo a 17 años de prisión, Rubén Osvaldo Brocos y Luis Gustavo Diedrichs a 8 años, Héctor Vergez y Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro a 12 años, Alberto Luis Choux a 11 años, Calixto Luis Flores, Mirta Graciela Antón y Enrique Alfredo Maffei a 10 años, Carlos Alberto Díaz a 9 años, José Luis Yañez a 6 años y Jorge Ezequiel Acosta a 3 años de prisión, por delitos cometidos en perjuicio de 61 víctimas.
Resultaron absueltos los acusados Yamil Jabour, Juan Eduardo Ramón Molina, Eduardo Grandi, José Andrés Tófalo, Ricardo Lardone y Oreste Valentín Padován.
Si bien se trata del décimo proceso judicial que investiga crímenes del terrorismo de Estado en la provincia, es el primero en el que se incluyeron casos de violaciones a los derechos humanos sucedidas antes del 24 de marzo de 1976. La “Causa Vergez” investiga los crímenes del Comando Libertadores de América (versión local de la Triple A), previos al Golpe de Estado, comandada por el genocida Héctor Vergez.
El fiscal Maximiliano Hairabedián se mostró se mostró “satisfecho” con las penas aunque señaló que en la lectura del veredicto “hubo casos en los que el tribunal podría haber puesto penas mayores”.
El juicio había comenzado el 21 de noviembre de 2017 con 21 imputados. Fue apartado por razones de salud el imputado Reginaldo Castro.
Los hechos que se juzgaron fueron cometidos en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio conocidos como D2, que funcionaba en el ámbito de la inteligencia de la Policía cordobesa, y Campo La Ribera, del Ejército.