Redacción Canal Abierto | “Cargill S.A.C.I. informa que por no estar dadas las condiciones para operar de manera segura para las personas, instalaciones y procesos, como resultado de haberse reanudado los paros intermitentes, de duración variable y en distintas áreas de trabajo de sus plantas, a lo que se han unido manifestaciones de violencia física, verbal y amenazas contra el personal de la empresa, dentro y fuera de sus instalaciones, se ve obligada nuevamente a interrumpir las operaciones de sus plantas de molienda de Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca desde el 19 de abril hasta el 29 de abril de 2018 inclusive, reiniciando las actividades el día 30 de abril de 2018 en el primer turno correspondiente. Consecuentemente, el personal será suspendido sin goce de haberes por igual lapso”.
Estos fueron los alegatos de Cargill para justificar este lock out que empeoró la relación con el plantel de trabajadores que desde comienzos de año sufrieron el despido arbitrario y sin justificación de 34 empleados. “Sin lugar a dudas, las explicaciones económicas de la empresa no son suficientes. Hay otra cosa detrás, que es el intento de disciplinamiento de los trabajadores para aceptar una paritaria a la baja”, señaló Carlos Zamboni, abogado de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) e integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas (ABL).
En diálogo con Canal Abierto, el Secretario de Prensa del Sindicato de Aceiteros de Rosario, Sergio Díaz, declaró: “Nos cierran las puertas y van a descontar los diez días que no se van a trabajar, lo que consideramos ilegal porque ellos deciden que nosotros no entremos. Nuestra fuerza de trabajo está a disposición, así que nuestros abogados se encargarán de seguir el caso”.
Además indicó que durante la jornada del jueves se presentará ante el Ministerio de Trabajo de la provincia la denuncia correspondiente a este paro patronal de la compañía.
Al ser consultado sobre las acusaciones de situaciones de violencia física y verbal que la patronal expone como justificativo de este cese de actividades, Díaz aclaró que no hubo ninguna situación de esta índole en ambas plantas.
Mientras tanto, los trabajadores no tuvieron otro intento de contacto por parte de la empresa, que “sólo se dedica a ratificar los despidos injustificados en el Ministerio de Trabajo”, agregó el sindicalista.
Hasta el momento, en las centrales de Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca, hubo 34 despidos, y con esta medida que adoptó la empresa, afectaron a más de 460 empleados.
“Nuevamente Cargill pretende adoctrinar y disciplinar a los trabajadores. Pero nos mantenemos unidos frente a este nuevo embate patronal y exigimos además la reincorporación de todos los compañeros despedidos”, sostuvo Díaz.
Por su parte, los obreros continuarán el acampe en las instalaciones de la fábrica hasta que se resuelva el conflicto.
