Redacción Canal Abierto | El gobierno porteño impulsa el proyecto del Complejo Hospitalario Sur. El mismo implica el cierre y traslado de cinco hospitales monovalentes a un único complejo ubicado en el predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz.
El plan pretende trasladar los hospitales especializados de gastroenterología, Hospital Udaondo (Caseros 2061); de rehabilitación respiratoria, María Ferrer (Finochietto 849); de oncología, Marie Curie (Parque Centenario); y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP, en Núñez) al predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz, especializado en enfemedades infectocontagiosas.
En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas se construiría un nuevo hospital que albergaría a cinco. La Legislatura debe tratar el proyecto y de aprobarse se licitará su construcción en 2019.
Si el proyecto prospera, los lotes ocupados actualmente por los hospitales trasladados serían puestos a la venta para emprendimientos inmobiliarios. En su mayoría, se trata de terrenos en ubicaciones preferenciales y con un alto valor de mercado.
Sin garantías de continuidad laboral y ante el desabastecimiento de las instituciones, trabajadores de la salud, asociaciones gremiales y profesionales, vecinos y organizaciones sociales y políticas se están organizando en una multisectorial: «No al 5×1».
Este jueves 12 de julio, marcharon del Hospital Muñiz al Ministerio de Salud porteño, en la avenida Amancio Alcorta al 2100.
«Este plan de 5 x 1 de reconversión hospitalaria, reconcentración, no significa ni más ni menos que una disminución de la oferta del servicio de salud público hacia la ciudad. Por otra parte va a significar una reducción de personal», sostiene Luis Trombetta, médico infectólogo del Hospital Muñiz
Jorge Yabkowski, presidente de la FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) señala: «Esto que llaman modernización no es más que ajuste. Ajuste con exclusión estructural, con pérdida de derechos, ajuste que romperá los tradicionales servicios públicos de salud que tiene la Argentina para transformarlos en un mix público privado»… ni más ni menos que la implementación de la CUS (Cobertura Universal de Salud) que tanto la FESPROSA, como ATE y otros gremios y asociaciones profesionales denuncian que el gobierno quiere instalar.
Natalia Castrogiovanni de la Asociación de Profesionales del Servicio Social de la ciudad de Buenos Aires, en consonancia con Yabkowski señala: «Esto cierra para el macrismo en función del negocio inmobiliario y el negocio que implica la instalación de la CUS que no es más que la instalación de los seguros de salud en la Argentina y que implica la privatización del sistema sanitario».
El legislador porteño Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, integrante de la Comisión de Salud, señala que el proyecto debe ser aprobado en la Legislatura, cuestión que al oficialismo de Cambiemos no le ofrece dificultad ya que cuenta con mayoría propia y también tiene aliados como los legisladores de Evolución que responden a Martín Lousteau. Según Vilardo el oficialismo está midiendo fuerzas y viendo que reacción genera el proyecto, antes de avanzar. «El desafío es construir fuerza desde abajo y resistir este proyecto del oficialismo que va a atacar las fuentes de trabajo y seguir desfinanciando a la salud pública», concluye el legislador.