Redacción Cabal Abierto| En el marco del revuelo causado por la revelación de aportantes falsos en las campañas de Cambiemos en 2015 y 2017, se desprendió que entre estas usurpaciones de identidad se encuentran 12 empleados de Murata S.A., la empresa de seguridad que el PRO viene contratando desde la ciudad y que llevó con su desembarco en la Casa Rosada a la órbita nacional.
Uno de los organismos en los que Murata prestó sus servicios fue el Instituto Nacional de Tecnología INdutrial (INTI), cuyos trabajadores vienen atravesando un conflicto contra los despidos implementados a comienzos de este año.
Consultada por Canal Abierto, la delegada de ATE en el Instituto, Giselle Santana afirmó que, además de las tareas propias de seguridad que antes de Murata realizaba personal de planta, la empresa también realizó espionaje sobre los trabajadores organizados contra los despidos.
«Permanentemente nos están filmando, revisando los autos, vienen a cortar la luz y el gas, co nsabotajes permanentes donde realizamos el acampe, espían y filman las asambleas», sostuvo.
Y agregó que «ya eso es absolutamente ilegal porque las leyes plantean que las empresas de seguridad privada no pueden intervenir en seguridad privada. Y a esto le suma la ilegalidad de aportar a una campaña política siendo proveedora del estado», al tiempo que contó que se presentaron denuncias por estos casos de espionaje ilegal.
