Por Mariano Vázquez (@marianovazkez) | 773 kilómetros es la extensión de la frontera entre Bolivia y Argentina. La excusa del gobierno de Mauricio Macri de militarizar el límite norte es impedir el tráfico de drogas hacia el país. La falsedad de tal argumento se refleja en los guarismos que La Paz puede exhibir en la lucha contra el narcotráfico. Desde que Evo Morales expulsó en 2008 a la DEA el número de operativos se incrementó un 275 por ciento, el volumen de droga secuestrada aumentó un 165 por ciento y los cultivos de hoja de coca pasaron de 31 mil hectáreas en 2009 a 20 mil hectáreas en 2017. Estos datos fueron certificados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC, por su sigla en inglés).
Los gobiernos vecinos de Bolivia, conservadores y neoliberales, alineados con los Estados Unidos, apuestan a que Evo Morales no sea reelecto en las elecciones de fines de 2019. Por eso han iniciado una nueva escalada de agresiones para influir en el humor interno del país y azuzar bríos a la extraviada y atomizada oposición de derecha en ese país.
5 de diciembre de 2017. Durante una sesión de la Cámara de Representantes, la congresista cubano-americana Ileana Ros-Lehtinen, conspiradora a tiempo completo contra los gobiernos de izquierda latinoamericanos, atacó a Bolivia: “Si no le prestamos atención pronto se convertirá en otra Cuba, en otra Venezuela, Estados fallidos”, conminó. El 18 de julio de este año, la diputada del Partido Republicano volvió a agredir a Bolivia y demandó al Congreso de su país evitar que Morales se postule para las presidenciales de 2019: “Siguiendo el libro de jugadas de (Fidel) Castro, Evo Morales ha tomado medidas sistemáticas para restringir los derechos básicos del pueblo de Bolivia para mantenerse en el poder (…) Fue quien expulsó a todas nuestras agencias estadounidenses: DEA, USAID y al embajador de Estados Unidos en Bolivia y su amabilidad con los regímenes deshonestos son solo una prueba más de la amenaza que plantea su régimen para la estabilidad y seguridad de nuestros aliados en el hemisferio y más allá (…) ha atacado consistentemente a Estados Unidos y nuestros esfuerzos por defender y promover los valores de la libertad, de la democracia en la región y en todo el mundo (…) Morales no es amigo de los valores democráticos y al igual que las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua su régimen ha solidificado el control a expensas del pueblo y nuestros propios intereses de Seguridad Nacional. El pueblo boliviano necesita nuestra ayuda y debemos empezar a prestar atención sobre lo que pasa aquí en nuestro hemisferio”, amenazó descaradamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores repudió estos dichos y demandó explicaciones al Departamento de Estado.
20 de abril de 2018. En un comunicado conjunto de las cancillerías de Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú dirigido a la presidencia pro tempore de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) expresaron “la extrema disconformidad con la situación por la que atraviesa la Unión” y decidieron suspender su participación en el bloque. La medida extemporánea se produjo en el momento exacto en el que Bolivia asumía la jefatura del organismo. Un golpe artero a la integración regional para forzar un acuerdo de corte neoliberal al estilo de la Alianza del Pacífico o para obtener el premio mayor para Washington: reflotar la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA), enterrada en Mar del Plata en noviembre de 2005. “Una cosa es la voz de los presidentes, otra cosa es la voz de los pueblos. Esperamos que algunos presidentes de América Latina escuchen a sus pueblos para seguir con este proceso de integración”, advirtió Morales. La UNASUR siempre apostó a promover a la región como un territorio de paz.
9 de agosto de 2018. Un mes antes de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, visitará la frontera colombo-venezolana y manchara la investidura de su cargo promoviendo una invasión militar a Venezuela, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, realizó en el mismo lugar, en Cúcuta, declaraciones injerencistas: “Necesitamos que todos los jefes de Estado hablen sobre lo que está pasando. Es algo que estamos planteando ahora, nos han escuchado denunciar la situación en Cuba y Venezuela. Ahora estamos intentando que haya una reunión del Consejo de Seguridad sobre Nicaragua”. Pero sobre el final de esta comunicación a la prensa reunida en el puente internacional Simón Bolívar agregó un dato novedoso: “Bolivia es el próximo país del que debemos estar atentos”.
23 de agosto de 2018. El presidente de la Argentina, Mauricio Macri, desplegó 500 militares en la provincia de Jujuy, fronteriza con Bolivia, con la presencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad y su par de Seguridad, Patricia Bullrich. Adicionalmente, se prevé que lleguen a 3.000 los efectivos que den apoyo logístico a la Gendarmería y a la Prefectura en la lucha contra el narcotráfico. “No estoy de acuerdo con lo que hizo estos últimos días Argentina, militarizar la frontera con Bolivia, en La Quiaca, al frente de Villazón. Lo que hacen (es) amedrentar, intentarán asustarnos, no nos vamos a asustar, somos un pueblo unido”, sostuvo Morales en un acto en el departamento (provincia) de Chuquisaca. “La OTAN y las bases militares estadounidenses son sinónimo de robo, de saqueo, de confrontación, de guerra. Mientras estemos unidos, nadie va a parar nuestro proceso de cambio», completó el Jede de Estado.
26 de agosto de 2018. Carlos Sánchez Berzaín —prófugo de la justicia boliviana por su responsabilidad como Ministro de Defensa en la Masacre de octubre de 2003, cuando el ejército asesinó a 67 ciudadanos que se manifestaban contra el saqueo de los recursos naturales— vive protegido en los Estados Unidos y tiene una columna semanal en el ultraderechista Diario de las Américas de Miami. Bajo el título Las dictaduras atacan con migración, narcotráfico y violencia, escribió: “Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia ejecutan una estrategia de ataque contra las democracias de las Américas como su mejor recurso para cumplir el objetivo de permanecer indefinidamente en el poder”. Y regaló elogios a Macri: “El presidente de Argentina acaba de militarizar la frontera con Bolivia para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Gendarmería y a la Policía en la lucha contra el tráfico de cocaína con el que Evo Morales invade”.
Diez años atrás…
10 de septiembre de 2008. El presidente Morales convoca a las figuras más significativas del proceso de cambio boliviano a una conferencia de prensa. La planta baja de la Casa de Gobierno está colmada. Hay tensión. Se palpa en el ambiente la magnitud del anuncio. “Hermanas y hermanos, declaro al embajador de los Estados Unidos persona no grata. No queremos a un separatista que conspire contra la unidad, que atente contra la democracia. Él busca la división de Bolivia, es experto en dirigir conflictos separatistas», bramó el mandatario y el salón estalló en aplausos. Sabía de lo que hablaba: Bolivia fue el laboratorio latinoamericano de Estados Unidos para probar el éxito de la implosión de Yugoslavia en la Segunda Guerra de los Balcanes (1991-2001). Un intérprete participó de ambos actos. Su nombre: Philip Goldberg. Un operador de fuste en la separación de Serbia y Montenegro desde su puesto en las embajadas de Bosnia y Kosovo. Washington financió a grupos separatistas que desataron un conflicto étnico. Este es el contexto que nos permite entender por qué Goldberg fue designado embajador en Bolivia en octubre de 2006, apenas unos meses después de la asunción de Morales. El objetivo: promover un conflicto violento de carácter étnico en un estado plurinacional con fines secesionistas.
Morales lleva más de 12 años al frente del gobierno. Su gestión ha sido elogiada hasta por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y Naciones Unidas. Pero no toleran que este campesino cocalero antiimperialista haya elegido un camino autónomo sin la tutela de Washington.
Como líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba enfrentó la injerencia de los Estados Unidos, que inició una guerra de baja intensidad para la erradicación forzosa de la sagrada hoja de coca. La resistencia en el Chapare galvanizó la identidad ideológica del movimiento como la organización campesina más antiimperialista del continente. El propio Morales estuvo en la mira de la DEA y la CIA, que pusieron en marcha planes para asesinarlo. Hoy los métodos son otros, pero el objetivo es el mismo, cercar a Evo Morales.