Redacción Canal Abierto | El 2 de octubre, la Policía Federal llegó al local ubicado en Triunvirato y Roosevelt, donde funciona la Asamblea de Villa Urquiza, creada por los vecinos en 2002 para brindar servicios a la comunidad.
En un intento de desalojo, los integrantes de la asamblea resistieron el avance de los oficiales. Algunos jóvenes se negaron a abandonar el lugar, mientras otros se encadenaron en las rejas exteriores.
Pablo y Rocío, miembros de la agrupación vecinal, dialogaron con Canal Abierto y explicaron los detalles de este nuevo avance de la gestión Cambiemos sobre tierras nacionales.
“En Marzo de 2017, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) nos intimó al desalojo en diez días. Nos aplicaron la ley 17.091 que se creó en el gobierno de Onganía para desalojar concesionarios privados, y que no debiera aplicarse en espacios comunitarios sin fines de lucro, como lo es la asamblea, ni tampoco en vivienda”, comentó Rocío.
Los abogados de Villa Urquiza presentaron un descargo que la Justicia nunca respondió. Se inició un juicio del que tampoco tuvieron conocimiento y los sentenciaron al desalojo. La ley tampoco da derecho a defensa a la parte demandada. Cuando les llegó la sentencia, en el expediente figuraban como vivienda y ocupantes.
“Hicimos un pedido de nulidad exponiendo que somos una asamblea barrial, que hacemos actividad comunitaria, que existimos hace 16 años. Nos rechazan el pedido y se termina presentando la oficial de justicia, acompañada de la policía, para efectuar el desalojo”, agregó la asambleísta.
El desalojo llega a partir del proyecto de rezonificación de esa manzana bajo el argumento de estar ociosa. “No lo está, porque aparte de estar la asamblea hay viviendas, siete familias que no van a tener acceso a otra casa, hay comercios y un complejo deportivo”, explicó Rocío.
Si bien la legislatura puede aprobar la rezonificación, lo que no se puede hacer es vender tierra pública sin pasar por el Congreso Nacional. «Eso es lo que está haciendo el poder ejecutivo de Ciudad y Nación, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), creada por decreto en 2015, con una facultad para vender tierra pública que es inconstitucional«.
La ex pizzería La Ideal, fue recuperada por los vecinos en 2002, en medio de una crisis económica que dejó a muchas personas en la pobreza. A partir de ahí, comenzaron a brindar servicios a la comunidad, entre los que se destacan el comedor y el bachillerato popular Berta Cáceres.
“Las decisiones se toman en conjunto con todas las personas que queremos estar ahí. Todas las actividades son a colaboración. No cobramos nada porque no es necesario. La idea es ir a compartir. Con las manos ya nos basta y nos llena el corazón. Con que vengan a trabajar al espacio ya es bastante”, manifestó Pablo, miembro de la asamblea hace tres años.
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