Redacción Canal Abierto | La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó a la empresa Feeling Air S.A. a explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de reducido porte.
Sin embargo, la empresa o tiene aviones ni personal, no se conoce su capital ni la capacidad operativa que pueda llegar a tener. “Es una empresa `fantasma´ como lo fue Fly Bondi al momento de desembarcar”, explicó Marcelo Belleli, coordinador de ATE ANAC.
La Resolución 804/2018 del Boletín Oficial explica que Feeling Air SA deberá obtener previamente el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) dentro del plazo de un año calendario, contado desde la firma de la resolución.
Según Belleli, el plazo para que estas rutas se caigan es de seis meses, a pesar de que hubo audiencias públicas en las que se otorgaron prórrogas por las cuales las empresas mantenían las rutas aunque no estuvieran volando.
“Creemos que, en este caso, lo que puede estar pasando es que quieran adquirir rutas para después venderlas, que lo que se venda de la empresa no sea una capacidad operativa, vuelos o aviones, sino las rutas. Esto es lo que genera de alguna manera el negocio de algunos `vivos´ que se presentan en las audiencias públicas”, advirtió el coordinador de ATE ANAC.
El crecimiento comercial en materia aérea no está siendo acompañado de políticas que prevean la eficiencia y seguridad. Sin ir más lejos, Fly Bondi ya tuvo más de 800 vuelos demorados y cancelados por problemas operativos.
“Nosotros vemos una situación crítica respecto a las compañías que están desembarcando, y mucho más crítica respecto a cómo los organismos del Estado se están parando ante este crecimiento. De hecho, hay lugares donde se otorgaban rutas aéreas, que por no tener servicios que debe brindar el Estado a través de la ANAC, las compañías aéreas no están pudiendo llegar. Esa es la problemática estructural que tenemos”, manifestó Belleli.
Ya hace un tiempo que los trabajadores de la ANAC denuncian esta crisis estructural, que además va acompañada de una falta de inversión en el organismo. De hecho, la liberación de espacio aéreo a compañía de dudosa procedencia, responde a un proceso de privatización que está llevando adelante la administración.
“Quieren privatizar las áreas de fiscalización que tienen los aeropuertos. La intención del organismo es dejar de tener injerencia operativa en los aeropuertos, correrse, achicar, fiscalizar menos”, indicó Belleli.
Y agregó: “Con esta política se ve acrecentado el riesgo en las operaciones -que volar sea más inseguro-, y también el no poder contar con un servicio eficiente y de calidad”.