Redacción Canal Abierto | Uno de los saldos que dejó la represión a la manifestación contra el Presupuesto 2019, fue el rebrote del discurso xenófobo impulsado desde el gobierno a partir de la detención de dos ciudadanos venezolanos, uno turco y otro paraguayo. Desde el gobierno, los ministros del Interior y de Seguridad Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich informaron que se iniciarían los procedimientos para su deportación.
Desde un sector de la oposición, el jefe del bloque de senadores del Peronismo Federal Miguel Ángel Pichetto, dijo que esperaba que fueran deportados. El programa radial Sobre la Hora conversó con Lucía Galoppo, abogada e integrante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), para analizar las detenciones de extranjeros en dicha movilización y el dispositivo que montaron tanto Gobierno como los medios de comunicación que le responden haciendo foco en los migrantes como responsables del conflicto social.
La abogada manifestó la preocupación con la que ven este reverdecer xenófobo impulsado desde las más altas esferas de la institucionalidad política. «Son discursos que despiertan, no sólo efectos concretos sobre la vida de las cuatro personas en esta situación, sino también la réplica de una idea peligrosa como es la asociación de la migración con la delincuencia. Este gobierno tiene esa línea de trabajo con la política migratoria; desde que asumió empezaron las prácticas tendientes a criminalizar nuevamente a los inmigrantes y luego se concretaron con la reforma parcial de la Ley de MIgraciones» sostuvo.
Entre las acusaciones, estuvo la de que los venezolanos pertenecían a los servicios secretos de su país. Al respecto, Galoppo remarcó que “asociar necesariamente a cualquier venezolano con el gobierno de Maduro es caer en simplificar las cosas demasiado y no puede ser inocente”. “Actualmente estas personas todavía no han sido procesadas, ni siquiera han sido debidamente imputadas, por lo tanto no saben siquiera de qué delito se les acusa” explicó Galoppo.
Y agregó: “Hay una intencionalidad de desalentar la participación de la población en las manifestaciones, y en este caso le tocó a la población migrante. La idea de que el migrante no puede manifestarse porque no le corresponde. Y en realidad, posiblemente está siendo parte del tejido social que está afectado por las medidas como cualquier otro. En este caso en particular ni siquiera estaban participando de las movilizaciones”.