Por Pablo Bassi | Este lunes las calles céntricas de Bariloche, tantas veces indiferentes a los barrios de la periferia alta y pobre, volverán a pedir justicia para Rafael Nahuel Salvo, asesinado un año atrás durante el intento de desalojo de Prefectura sobre la comunidad mapuche Winkul Mapu, en el predio recuperado frente a lago Mascardi, a 35 kilómetros de la ciudad andina.

La causa que investiga la muerte se encuentra en modo crucero, embarrada desde un principio por operaciones del Ministerio de Seguridad que, tras desplazar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como agente de diálogo, pasó a ser la voz de un Estado que optó por criminalizar los conflictos territoriales. Patricia Bullrich y Germán Garavano se cansaron de repetir, con la sola versión del grupo Albatros, que el joven mapuche falleció en un enfrentamiento.

A pesar de contar con suficientes elementos que prueban la responsabilidad material del cabo Javier Pintos en el homicidio de Rafael Nahuel, el juez Gustavo Villanueva, que hasta hace pocas horas estuvo al frente de la causa, no dictó nunca su procesamiento.

La demora sólo puede tener una interpretación: la de evitar cualquier tirón de oreja proveniente de Casa Rosada. Así pudo saberlo Canal Abierto, a partir de fuentes allegadas a la secretaría del juzgado. Hasta el propio magistrado manifestó que no veía la hora de irse, lo que finalmente ocurrió la semana pasada, cuando el cargo que subrogaba desde mayo de 2016 volvió a manos de su titular, Leónidas Moldes, cuya representación como vicepresidente en el Consejo de la Magistratura de la Nación venció días atrás.

Para algunos abogados que recorren los tribunales de Bariloche, Moldes y Villanueva son caras de una misma moneda. Para otros, Moldes es peor, y le reprochan haber condenado en 2001 a una abogada a tres meses de prisión en suspenso, por una protesta de dos horas sobre la ruta 237, a la altura del ingreso a la ciudad, cuando reclamaba la apertura de copas de leche y aumento salarial para docentes. Tampoco le perdonan haber ordenado en 2006 el desalojo de una familia que residía desde 1931 en tierras aledañas camino al refugio Jakob. Ni haber allanado en 2014 la comunidad mapuche Colhuan Nahuel, tras un incendio en el refugio Neumeyer. Tres integrantes resultaron heridos entonces con balas de goma, entre ellos una joven de 13 años.

Su primer medida al frente de la causa fue emitir el vienes una alerta roja y aviso a Interpol para detener a Fausto Jones Huala y Lautaro González, los jóvenes mapuches que bajaron muerto el cuerpo de Nahuel a la ruta 40.

De cualquier manera, su arribo no podría engordar la indulgencia con el poder político y eludir el procesamiento de Pintos, que en su declaración de julio aseguró no haber tirado con el subfusil MP5 desde el cual, según los peritos intervinientes con precisión casi inequívoca del Centro Atómico de Bariloche, salió disparada la bala que mató a Rafael.

Antes de irse, el juez Villanueva ordenó repetir ese peritaje amparándose en que los abogados defensores habían estado ausentes aquella oportunidad. Esa omisión resulta inexplicable y objeto de una demora procesal angustiante para la familia de la víctima.

Villanueva será recordado también por haber rechazado la presentación como querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El abogado del organismo Sebastián Feudal explicó a Canal Abierto que el juez, en su fundamento, omitió la condición mapuche de Rafael Nahuel y, de esta manera, desvió la atención del conflicto principal (en perspectiva histórica) por el que lo mataron.

Además, pesará sobre el magistrado no haber citado a declaración indagatoria al cabo Juan Obregón, el único prefecto que, de acuerdo al testimonio de Pinto, ingresó al predio de Villa Mascardi con un subfusil MP5.

Se le recriminará, asimismo, no haber resuelto el pedido de nulidad del peritaje del Cuerpo de Investigaciones de Fiscales del Ministerio Público de Salta, que aseguró que en la mano derecha de la víctima fue hallada una partícula compatible con pólvora. La querella alega que a la provincia del norte sólo llegaron filmaciones y datos digitalizados de la pericia realizada en el Centro Atómico de Bariloche, cuyos especialistas sostuvieron que las partículas correspondientes a las manos de Rafael analizadas en las cintas de carbono no son compatibles con pólvora. Es decir, que el joven mapuche no portaba armas.

Para el círculo cercano a la familia Nahuel Salvo, las perspectivas en la persecución de justicia no son alentadoras: hay quienes creen que Pintos podría ser acusado de un homicidio en riña, que prevé la excarcelación durante el proceso y sólo de dos a cuatro años de prisión.

No obstante, continúan en la pelea y apuestan al diálogo que el Gobierno argentino se encargó de volar por el aire luego de las primeras mesas multisectoriales establecidas para detener la ofensiva represiva de un año atrás. El jueves la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, comunidades indígenas de la región, la CTEP y la Iglesia Católica anunciaron la realización de exposiciones audiovisuales y debates como antesala del aniversario.

 

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