Redacción Canal Abierto | “Pena de muerte a punta reglamentaria”, así finaliza el documento publicado hace algunas horas por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). En la mañana de hoy, se oficializó lo que dos días antes de la cumbre del G20 había trascendido de manera extraoficial: la ampliación del uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas de seguridad federales.

La Resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que entra en vigencia respecto del personal de todas las fuerzas de seguridad federales.

“El vocero oficial dijo que era sólo por el G20 y fue la excusa que usaron. Cuando ya no queda ninguno de los invitados lo publican en el Boletín Oficial”, señaló en diálogo con Canal Abierto, María del Carmen Verdú, titular de CORREPI.

Tal como se encuentra detallado, la nueva Resolución establece que no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan en situaciones “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal ”, describe el Boletín Oficial y detalla en su Artículo 5º:

c.1.- Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas.

c.2.- Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros.

c.3.- Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma.

d) Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque

e) Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona

f) Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves.

g) Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.

“Es el resumen de las excusas habituales que utilizan las fuerzas de seguridad durante los juicios, en las defensas”, advierte Verdú.

Lo cierto es que desde la asunción de Cambiemos, las Fuerzas de Seguridad han ido sumando respaldo político. No olvidemos la escena del presidente recibiendo a Chocobar y tratándolo de héroe luego de asesinar a quema ropa a un joven desarmado.

Lo que hacen directamente es legalizar el accionar del gatillo fácil. Lo que estamos viendo ahora es el aval por medio legal de la represión de todo aquel que se manifiesta. Cada vez que hay una crisis económica aumentan los casos. Soy víctima de un caso de gatillo fácil cuando en 2001, Carlos Ruckauf, alentaba a matar. Su frase de cabecera era “meta bala” y, según él, la delincuencia se terminaría matando gente. Hoy, matan a un pibe cada 24 horas. Lo que estamos viendo ahora es un paso más, que es aún peor ”, expresó en diálogo con Canal Abierto, Carla Lacorte, referente en la lucha contra el gatillo fácil e integrante del Centro de Profesionales por  los Derechos Humanos (CeProDH).

Por lo pronto, diferentes organizaciones se encuentran en estado de alerta para continuar repudiando el avance de las fuerzas represivas: “Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un atributo del poder”, final el documento de CORREPI.

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