Redacción Canal Abierto | La cámara de Diputados convirtió este jueves en ley la reforma del Código Procesal Penal e Incorporó varias leyes aprobadas por el Congreso para la supuesta agilización de la administración de justicia. Sin embargo, los pueblos originarios se ven altamente perjudicados en materia de derechos ya que retrocede en el reconocimiento de los derechos comunitarios y colectivos.
“Les saca la calidad de víctima a los pueblos indígenas por su condición de pueblo colectivo. Nos mete en un lugar que quiere tratarnos de la misma manera. Más allá de eso, lo que hacen es poner la sospecha, el enfrentamiento, las calumnias que hacen para justificar la persecución, pero ahora desde el punto de vista político”, señala en diálogo con Canal Abierto, Luis Romero coordinador del área de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
El Código de procedimientos aprobado por la ley 27.063 incluyó como posibles víctimas de delitos a las comunidades indígenas en su artículo 78 inciso E. El nuevo Código, elimina este inciso y sólo otorga a las comunidades indígenas la eventual calidad de querellantes particulares (art. 82 bis), no reconociendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (de 1989) que es el principal instrumento internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas.
“Para este Gobierno las multinacionales tienen preferencia por sobre las poblaciones.En esa línea también tiene que ver la construcción inmobiliaria. Quieren dirigir y concentrar las poblaciones en las grandes ciudades pero dicen que hay grandes extensiones de territorio sin poblar y que hay que redireccionar a la migración.Están atentando contra los pueblos, cada vez más arrinconados en lugares inhóspitos. La opción que queda es seguir engrosando los barrios de emergencia en las grandes ciudades y esto permitido por el nuevo Código Procesal Penal.Quieren perseguir y deshabitar los territorios para que avancen las multinacionales”, advierte Romero.
Diferentes organizaciones ya habían presentado un comunicado dirigido a la comisión de Legislación Penal de la cámara de Diputados antes de la aprobación pero, el reclamo no fue escuchado.Por lo pronto, las comunidades se encuentran en alerta y evaluando las medidas a tomar.