Redacción Canal Abierto | En los últimos tres años se recibieron 592 denuncias por violencia de género en el ámbito laboral de las Fuerzas de Seguridad. Desde la creación de la licencia especial por violencia de género en 2017, se otorgaron 144 de estas.

La Red Nacional de Mujeres Policías se creó como respuesta a este aumento de abusos y violaciones que contaban las trabajadoras. “Hace dos meses, en Las Heras, a una compañera la violó el jefe de guardia. A él lo mandaron de vacaciones y a ella le abrieron una carpeta psiquiátrica. Eso rebalsó el vaso«, explicó Gabriela Macías, integrante de la Red.

Macías comenzó a contactarse con otras mujeres que trabajan en las fuerzas policiales que pasaron por estas situaciones. En esa recopilación de testimonios entendió que hay un mecanismo que se pone en práctica para “callarlas”. Se trata de traslados, reducción de sueldos y carpetas psiquiátricas, que antes de la implementación de la licencia por violencia de género en este ámbito eran peores.

Desde la Red se emitió un comunicado durante el fin de semana, en el cual las oficiales denuncian un caso de abuso sexual en el destacamento de Bomberos de La Colonia, Junín. El hecho ocurrió hace dos años, y a pesar de que el fiscal de instrucción de San Martín La Colonia, Martín Scattareggi, logró acreditar -por medio de entrevistas a efectivos policiales- que el abuso existió, el sargento acusado fue sobreseído por el Ministerio de Seguridad y continúa en actividad.

El inicio del juicio estaba programado para el 31 de mayo. Sin embargo, Antonio Vicente Sánchez Rey, abogado defensor, presentó un certificado médico manifestando que su defendido no podría asistir al juicio. De esta manera logró posponer el proceso judicial hasta el 3 de junio.

Luego de la denuncia, la oficial y sus testigos fueron víctimas de hostigamientos. Uno de los oficiales desistió de dar su testimonio luego de sufrir e robo del cargador de su arma como amenaza.

Nuestra compañera nos hizo saber de su miedo, del riesgo que su vida corre, dado que su agresor es familiar de funcionarios del Ministerio de Seguridad. Pedimos que las autoridades de Mendoza garanticen la vida y seguridad de nuestra compañera y de quienes van a dar su testimonio, ya que hasta ahora no han sido protegidos”, sostiene el comunicado.

La causa está caratulada como “delito de abuso sexual simple, agravado por ser cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Policiales en función”, y la pena podría alcanzar los 20 años de prisión.

Se pide que el caso sea abordado con perspectiva de género, y que se promueva la capacitación de quienes intervinieron en el sobreseimiento desde el Ministerio de Seguridad sin esperar la sentencia.

“Los intereses de silenciar a nuestra compañera se encuentran a la vista. Y hay responsabilidad del Estado, porque se ha mantenido trabajando a un efectivo policial con una denuncia por abuso sexual y un juicio encima”, manifestaron desde la Red.

Actualmente, en Santa Cruz están cursando la etapa de instrucción tres causas de abuso sexual, todos cometidos por policías. Es por esto que las mujeres policías piden a la Justicia de Mendoza que “dé un paso al frente y siente precedentes, para que quienes abusan sexualmente reciban las máximas penas”.

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