Redacción Canal Abierto | Trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada iniciaron este lunes un corte total por tiempo indeterminado de la Ruta Nacional 22, en el puente El Carancho. Además, realizan una ocupación pacífica del edificio de administración de la PIAP.

La medida es para lograr que se les garantice la continuidad laboral, el pago de haberes atrasados y una recomposición salarial.

Esta acción fue una respuesta a la inactividad que afronta la planta desde julio de 2017, el vaciamiento y los despidos que se viven desde ese momento.

“La gerencia dio un aumento salarial a parte de la jefatura. Ante el reclamo de la gente y varias medidas que venimos llevando adelante durante todo este tiempo sin tener respuestas, vemos esto como un atropello a todos los trabajadores. Se toman el atrevimiento de, con el dinero de los trabajadores, darse aumento ellos”, señaló Nicolás Ventura, delegado de la PIAP.

El conflicto

La PIAP –la más grande del mundo y principal proveedora de las centrales nucleares del país– lleva casi dos años paralizada. Su reactivación dependía exclusivamente del acuerdo con los chinos para la construcción de una cuarta central.

La empresa, que contaba con 450 empleados, pertenece al Estado Nacional (49%) y al Estado Provincial (51%), y está inactiva desde julio de 2017. Entonces, el Gobierno Nacional ordenó una parada técnica que no debía extenderse por más de dos o tres meses pero que nunca se revirtió. Además, la situación se agravó en enero, cuando las partidas de dinero para el pago de salarios y proveedores comenzaron a llegar con atraso.

La crisis en el sector empeoró cuando en julio los trabajadores de Atucha I recibieron 250 telegramas de despidos como parte de la primera tanda, ya que les informaron que debían reducir entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

“Son más de 5.000 los trabajadores estatales que quedaron sin empleo y hoy estamos viviendo con mucha incertidumbre y preocupación”, comentó Pablo Sosa, delegado de ATE PIAP.

Y agregó: “Tuvimos un retroceso sobre nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, que establece transporte y comedor, porque estamos a 50 km de Neuquén Capital, en un lugar bastante alejado, y lamentablemente la empresa cortó ambos servicios. Cortaron el contrato con la empresa del comedor y eso generó el despido de 22 compañeros, que si bien era una empresa tercerizada, a través de la lucha de ATE venían pasando de concesión en concesión. Cada vez que había licitación la empresa que ganara tenía la obligación de tomar a los mismos trabajadores de la concesión anterior, por presión del gremio, por eso había compañeros de 10 años y hasta 20 años que ahora no pueden cobrar su indemnización”.

Finalmente, Sosa advirtió: “mantuvimos reuniones con funcionarios que nos aseguraron que la planta no va a cerrar, que va a continuar, pero los hechos reales nos dicen otra cosa. Hoy ya no tenemos el servicio de comedor, tampoco hay transporte. De seis colectivos que transportaban al personal hoy queda uno, y de siete combis para el personal de turno sólo quedaron dos. Esto es lo que no entendemos. Por un lado nos dicen que vamos a continuar y por otro están vaciando la planta”.

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