Redacción Canal Abierto | Con 429 votos a favor y sólo siete en contra, la Conferencia del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes en Ginebra la adopción del Convenio 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo. La medida es de vanguardia pero el empresariado argentino, no. El sector, encabezado por Daniel Funes de Rioja, engrosó la pequeña lista de 30 abstenciones.

El Convenio aprobado por la OIT que los patrones locales evitaron votar reconoce “la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso, que afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social, y que pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente”.

La CTA Autónoma sostuvo que la actitud de los empresarios «habla de la falta de sensibilidad y compromiso que tienen los empleadores en Argentina ante un problema tan grave como es la violencia de género y el acoso laboral en el mundo del trabajo». «Más grave aún se vuelve esta actitud en un contexto de creciente movilización y protagonismo del movimiento de mujeres y diversidades en nuestro país», agregó.

Además, considera que “la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad”. Y que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo “pueden contribuir, como parte de otras medidas, a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica”. Postulados que los empresarios locales parecen no compartir.

Funes de Rioja, quien encabezó la comitiva nacional que se abstuvo, es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y fue, curiosamente, Premio Konex 2016 por «Derecho Comercial y Laboral».

Sobre el tema, la CTA-A -que participó de conferencia anual de la OIT a través de una delegación encabezada por su secretario general, Ricardo Peidro- sostuvo que este convenio «representa un triunfo rotundo de la clase trabajadora organizada» y que la actitud de los empresarios «habla de la falta de sensibilidad y compromiso que tienen los empleadores en Argentina ante un problema tan grave como es la violencia de género y el acoso laboral en el mundo del trabajo». «Más grave aún se vuelve esta actitud en un contexto de creciente movilización y protagonismo del movimiento de mujeres y diversidades en nuestro país», agregó.

Por su parte, la CGT también emitió un comunicado donde rechazó la abstención, que “deja en evidencia su falta de sensibilidad y compromiso con los sectores más vulnerables y su desinterés en la defensa de los derechos laborales y humanos más elementales de los trabajadores”. Expresó además que la posición hace “retroceder a la Argentina a nivel internacional en términos de equidad y garantía de derechos”.

Lo que los empresarios no quieren

El Convenio es producto de varios años de arduo trabajo de las mujeres y las disidencias del movimiento sindical, quienes comenzaron este camino en 2015. La iniciativa actúa más allá del espacio físico donde se ejerce la tarea, esto es en el camino a casa, en los viajes y reuniones por trabajo, etc. Abarca, además, las relaciones laborales con pasantes y aprendices, voluntarios, despedidos, con las trabajadoras de casas particulares y con aquellos que no estén en relación de dependencia, porcentaje que actualmente es mayoritario en  el mundo. También aplica para los trabajadores y trabajadoras del sector público, reconociendo así al Estado como patrón.

Contiene también otras miradas revolucionarias en la materia, como el reconocimiento de que la violencia doméstica tiene impacto en el mundo del trabajo, por lo que es necesario tomar medidas para aliviar sus efectos, y que son factores de riesgo de violencia los procesos de organización y las condiciones de trabajo.

El Convenio regula también la reparación y la asistencia para víctimas de violencia en el trabajo. Legisla el derecho a dimitir y percibir una indemnización, así como la readmisión del trabajador y una indemnización apropiada por los daños resultantes. Asimismo, prevé asistencia y asesoramiento jurídicos para los denunciantes y las víctimas, apoyo para reincorporarse al mercado de trabajo, un servicio de atención telefónica disponible las 24 horas, atención y tratamiento médicos y psicológicos, entre otras medidas. También recomienda campañas públicas de sensibilización, y formación sobre violencia y el acoso en el mundo del trabajo para jueces, inspectores del trabajo, agentes de policía, fiscales y otros agentes públicos, así como para asistir a los empleadores y a los trabajadores de los sectores público y privado, y a sus organizaciones.

Informe: Inés Hayes

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