Por Elaine Regina Aguiar Amorim*| El viernes 14 de junio los trabajadores brasileños realizaron el primer paro nacional desde que tuvo inicio el gobierno Bolsonaro. Convocado por varias centrales sindicales, el objetivo del paro fue protestar contra la reforma previsional, los ajustes en el presupuesto del área de la educación y reivindicar por más empleo.

Esa huelga general ocurrió en una coyuntura marcada por varias movilizaciones sociales. Especialmente a partir del mes de mayo, millares de personas salieron a la calle para protestar contra la política de ajuste en la educación, propuesta por el Ministro de la Educación. Si no fuera suficientemente impactante el congelamiento – por veinte años – de las inversiones públicas en áreas como la educación y la salud, aprobado durante la gestión de Michel Temer, el nuevo gobierno realizó un corte de 30% del presupuesto destinado a todo el sistema educativo, incluyendo desde la educación infantil hasta el posgrado. El impacto de esa medida llevó trabajadores de la educación, estudiantes y otros sectores sociales a realizar, el 15 de mayo, una movilización multitudinaria en todo el país, que se repitió, no con la misma dimensión, el 30 de mayo.

La lucha en defensa de la educación consiguió reunir sectores de diferentes orientaciones político-ideológicas, que lograron que el gobierno retrocediera, reponiendo el 21% del corte. Sin embargo, poco después de la primera manifestación el propio Presidente convocó a sus electores a salir a las calles para defenderlo de la oposición. La movilización de sus apoyadores, a pesar de no haber sido multitudinaria o contado con la presencia de todos movimientos de derecha, fue así mismo expresiva, ocurriendo en 156 ciudades del país. Además de la demostración de apoyo al mandatario, en algunos lugares los participantes reivindicaron el cierre del Congreso Nacional, Senado y Suprema Corte, para que así el gobierno consiga realizar una renovación en la política.

Al mismo tiempo, la huelga general se produjo en una coyuntura económica marcada por fuertes incertidumbres. Los datos del DIEESE (Departamento Inter-sindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos) indican una desaceleración de la producción industrial, de las ventas del comercio y una reducción de los servicios. En relación al mercado de trabajo el fenómeno más importante sigue siendo el desempleo, que permanece en niveles altos desde 2016. Para tener una idea, en el primer trimestre de 2019 había 13,4 millones de desocupados (12,7%) en búsqueda activa por un empleo y estos números son aún mayores si se incluye a los desocupados que dejaron de buscar trabajo por falta de oportunidades adecuadas; en ese caso los registros indican una tasa de casi 16% de desocupación .

Otro aspecto grave es el aumento de la pobreza y la reducción de la renta de los trabajadores. Para el economista Waldir Quadros, en el último trimestre de 2018 el 80% de los trabajadores ocupados, o sea, alrededor de 74 millones de personas, podrían ser caracterizadas como pobres teniendo en cuenta sus ingresos promedios: la mitad, o sea, 40%, tenía un ingreso promedio máximo de R$920,00 reales (alrededor de P$9.800 pesos argentinos), mientras lo de la otra mitad (40%), que para algunos investigadores correspondería a la clase media baja, su promedio máximo era de R$1.700 reales (alrededor de P$18.000,00) .

En los últimos cinco años los trabajadores de la mayoría de los sectores de actividad sufrieron pérdidas reales de sus sueldos. Ese cuadro podría agravarse considerando los efectos del aumento de la informalidad y la interrupción de la Política de Valorización del Salario Mínimo. Esa política, considerada una conquista del movimiento sindical implementada durante el gobierno Lula, tuvo un reflejo positivo en los sueldos y jubilaciones de los trabajadores, pues reponía las pérdidas inflacionarias y concedía aumento real de acuerdo con el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) en al año anterior.

Todos esos aspectos de la coyuntura dan una idea de cómo las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras vienen siendo impactadas desde que se inició la crisis económica y política en Brasil. Ese impacto puede ser todavía más profundizado caso sea aprobada la reforma previsional que se encuentra en proceso de discusión. Esa reforma es una de las medidas centrales de la agenda neoliberal y sus defensores la están presentando a la población como una medida fundamental para promover el crecimiento económico, la reducción del desempleo y de la desigualdad social, con base en el argumento de que el sistema previsional público es deficitario y sería necesario acabar con privilegios recibidos por una parte de la población. Sin embargo, varios especialistas tienen contestado la idea del déficit y propuesto formas de incremento de la receta del sistema que no perjudiquen a los trabajadores, como por ejemplo, el combate a las diversas formas de evasión de impuestos por parte de empresas, así como la realización de una reforma tributaria que tribute a las grandes fortunas.

De acuerdo con las reglas vigentes en Brasil el trabajador urbano del sector privado puede jubilarse por edad o por tiempo de aportes al sistema de seguridad social. En el caso de la jubilación por edad, es necesario haber aportado por 15 años y alcanzado la edad mínima de 65 años (hombres) o 60 años (mujeres). El valor de la jubilación es calculado con base en el promedio de 80% de los mayores sueldos cobrados y los 20% menores son descartados. Esa es la principal forma por la cual la mayoría de los brasileños acceden hoy a la jubilación, debido a las dificultades que enfrentan para comprobar 20 años de aportes, sobre todo por estar expuestos a los trabajos informales y a la alta rotación, características del mercado de trabajo brasileño. Para ejemplificar, 56% de los hombres y 74,82% de las mujeres jubilan por edad, ya que no consiguen aportar más que 5 meses por año.

A pesar de esos aspectos, la reforma que está actualmente en discusión (después de haber sido debatida y alterada parcialmente la propuesta original del gobierno Bolsonaro), aumentará el tiempo de contribución de los hombres, pasando de 15 para 20 años de aportes, y la edad mínima femenina de 60 años para 62 años (manteniendo los 15 años de aportes) para acceder a 60% del valor parcial de la jubilación; mientras para acceder al valor integral, o sea, al 100%, será necesario comprobar 40 años de aportes! Además, el cálculo del valor de la jubilación pasará a considerar el conjunto de los sueldos cobrados por el trabajador durante su vida laboral, y no sólo los mayores sueldos, lo que va consecuentemente reducir el valor del beneficio.

Ya la otra forma por la cual es posible acceder a la jubilación, que consiste en el tiempo de contribución, o sea, 35 años de aportes (hombres) y 30 años (mujeres), dejará de existir. Considerando que en Brasil el 34% de los hombres y 45% de las mujeres de las ciudades empiezan a trabajar antes de la edad de 15 años, la retirada de esa modalidad de acceso a la jubilación y la imposición a esos trabajadores pobres de cumplir la edad mínima los llevarán a trabajar muchísimos años más.

Otra medida con serias consecuencias negativas es la desconstitucionalización de los derechos previsionales, la cual consiste en retirar del ámbito de la Constitución parámetros de funcionamiento del sistema previsional para someterlos a legislaciones infraconstitucionales, que pueden ser alteradas con mucho más facilidad. Eso abrirá la posibilidad a muchas modificaciones, realizadas de acuerdo con los intereses de cada gobierno o mismo sin el debate que involucran las alteraciones en la Constitución, causando mucha inseguridad a los trabajadores en relación a los beneficios que podrán obtener.

Estas y otras alteraciones propuestas por la reforma previsional comprometerán el carácter protector y el acceso a ese derecho social tan fundamental. La reforma pondrá en riesgo la protección social necesaria para prevenir las vulnerabilidades características de esa etapa de la vida, que es la vejez. La posibilidad de que la trabajadora y el trabajador disfrutaren de su propio tiempo, sin las obligaciones y la disciplina que implican el trabajo cotidiano ejercido durante toda su vida, será postergada para un futuro inalcanzable o, en lo mejor de los casos, muy distante, cuando ellos ya no tendrán mucho más tiempo de vida y disposición física.

Del mismo modo, la propuesta de aumento de la edad mínima de las mujeres desconsidera que ellas trabajan mucho más horas que los hombres, una vez que ejercen sus actividades profesionales, el trabajo doméstico y los cuidados de la familia. La reforma va a contramano de una política que asegure un tratamiento de género más igualitario, incluso si consideramos que el empeoramiento de las condiciones de vida en la vejez van a afectar por duplicado a las mujeres, que siempre fueron y siguen siendo las responsables por el cuidado y acompañamiento de los ancianos, aunque ellas mismas sean también ancianas y necesiten de cuidados.

Por eso, la convocatoria del último paro nacional fue motivada especialmente en defensa del actual sistema jubilatorio. Los profesores, metalúrgicos, petroleros, bancarios y trabajadores del sector de transportes fueron las principales categorías que participaron activamente de las movilizaciones.

De acuerdo a la nota emitida en conjunto por diez centrales sindicales que convocaron al paro, entre ellas las dos principales, CUT (Central Única de los Trabajadores) y Fuerza Sindical, la movilización alcanzó a 45 millones de trabajadores. Por la nota no es posible saber cuántos trabajadores adhirieron efectivamente a la paralización y cuántos no trabajaron por haber encontrado dificultades para llegar al trabajo debido a la paralización de los transportes. Esa diferenciación es importante porque las condiciones desfavorables de la coyuntura actual tienen efectos sobre las condiciones de lucha. Por ejemplo, en un escenario de desocupación, el miedo de un despido tiende a dificultar la movilización y adhesión de los trabajadores, especialmente del sector privado. De todo modo, la cantidad estimada por las centrales coloca esa huelga entre las más grandes ya realizadas en el país. A título de comparación, hasta entonces la huelga general más grande de la historia de Brasil ocurrió, en abril de 2017, cuando 35 millones de trabajadores de todos los estados y del Distrito Federal no trabajaron en protesto contra la reforma laboral presentada por el gobierno Temer.

La posibilidad de que la trabajadora y el trabajador disfrutaren de su propio tiempo, sin las obligaciones y la disciplina que implican el trabajo cotidiano ejercido durante toda su vida, será postergada para un futuro inalcanzable o, en lo mejor de los casos, muy distante, cuando ellos ya no tendrán mucho más tiempo de vida y disposición física.

Si bien las luchas en defensa de la educación realizadas semanas antes por varios movimientos sociales contribuyeron para la construcción de la huelga general del 14 de junio, contribuyó también la articulación que ocurrió entre las diez centrales sindicales en la organización de esa paralización. Cabe destacar que, por primera vez en la historia del sindicalismo brasileño esas centrales realizaron conjuntamente un acto unificado en el Día del Trabajador (el 1º de mayo), lanzando, en ese día, la convocatoria a la huelga. Es importante percibir el significado de esa articulación, una vez que esas organizaciones sindicales tienen diferentes posicionamientos político-ideológicos, que se reflejan en las formas de lucha, en su disposición o recusa a negociar junto al gobierno y en sus proyectos políticos. Para entender esas diferencias, un buen ejemplo fue el posicionamiento divergente asumido en el contexto del impeachment, en lo cual algunas centrales fueron a favor de la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff, otra parte en contra y una, en específico, adoptó el lema de “que se vayan todos”.

El análisis de las investigadoras Andréia Galvão y Paula Marcelino nos ayuda a entender esas articulaciones más recientes en el movimiento sindical brasileño. Al analizar el posicionamiento del sindicalismo frente al golpe de 2016, ellas argumentan que el proceso de impeachment dejó el sindicalismo en la defensiva en relación a las políticas nacionales y las negociaciones con las empresas. A medida que se ampliaron los ataques a los derechos de los trabajadores, en el gobierno de Michel Temer, hubo un cierto “realineamiento” entre las centrales sindicales. Con eso, ocurrió un aumento de las manifestaciones sindicales, entre 2016 y 2017, convocadas por casi todas centrales. Sin embargo, conforme las autoras destacan, “(…) la ausencia de una estrategia unificada frente al golpe y a las reformas fragilizó las posibilidades de resistencia sindical”. Esa fragilidad puede ser observada en la dificultad que el sindicalismo encontró para frenar varias reformas. Un ejemplo fue la huelga nacional de abril de 2017, pues, a pesar de su importancia, no consiguió impedir la aprobación de la reforma laboral.

Esa dificultad sigue presente en la coyuntura actual considerando que la aprobación de la reforma previsional es algo inminente. En ese sentido, Brasil vive un contexto político y económico bastante difícil, en lo cual las clases trabajadoras, el movimiento sindical y popular tienen sufrido pérdidas enormes. Sus movilizaciones son fundamentales como formas de resistencia e intervención en la escena política, como también para la organización y formación de los trabajadores; sin embargo, ellas no han sido suficientes para impedir el avance de la destrucción de innumerables derechos sociales y laborales. La aprobación de la reforma previsional, una vez que se concrete, significará una gran derrota para los trabajadores, así como representará un enorme retroceso social, a medida que contribuirá todavía más para la histórica y estructural desigualdad social que caracteriza el país. Son muchos los desafíos que el sindicalismo y los movimientos populares brasileños tienen adelante.

Publicado originalmente en CTA-Autónoma Capital 

Amorim es Socióloga (Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Campinas, Sao Pablo, Brasil), radicada en Buenos Aires, integrante del Laboratorio de Pensamiento Popular-ATE / CTA-Autónoma.

Foto: Diputados celebran la aprobación de la reforma previsional. Falta la discusión en la cámara de Senadores

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