Redacción Canal Abierto | El Gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En el apartado referido a la declaración de Emergencia Sanitaria busca sumar facultades al Ministerio de Salud de la Nación, con Ginés González García a la cabeza, además de la interacción con otras carteras y la Administración Federal de Impuestos (AFIP).
El acceso a medicamentos, la restitución de programas y las revisiones tributarias, son algunos de los puntos principales de este capítulo. En diálogo con Canal Abierto, el Dr. Oscar Trotta, Presidente del Instituto Revisor de Políticas Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y ex directivo del Garrahan, explicó los pormenores de esta ley y cuál es la situación actual del sistema de salud pública en Argentina.
¿Cómo se llega a esta situación en la que el país se tenga que plantear una emergencia sanitaria?
-El deterioro de todos los indicadores sanitarios, los brotes de sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas producto de la suspensión de la provisión de vacunas e insumos para el calendario de vacunación, la suspensión de medicamentos a las poblaciones en riesgo social. Todo eso constituye un combo de decisiones políticas que ha llevado adelante el gobierno anterior, que ha deteriorado profundamente los indicadores sanitarios y la calidad de vida de la población, que requieren hoy una actividad proactiva del Estado Nacional, en función de restituir todos esos insumos y prestaciones que fueron recortadas, y para eso se necesita una ley que provea las herramientas al Ministerio de Salud de la Nación para llevar adelante esas políticas.
¿Cuáles son las políticas activas que debería tener el Gobierno para revertir esta situación?
-En primer lugar, reponer todos los programas y prestaciones que da el Estado nacional a través de las diferentes secretarías, por ejemplo, la restitución del programa ampliado de vacunas, comprándolas y llevando adelante las campañas de vacunación; el control de las enfermedades infectocontagiosas, de vectores como el dengue. En el caso del sarampión, hay una campaña de vacunación lanzada en niños a partir de los seis meses de edad y en la población de riesgo pero ha caído la cobertura en toda la cadena de provisión y la población vulnerable ha aumentado muchísimo.
Una de las acciones que ya está implementando el Ministerio de Salud de la Nación es justamente restituir el calendario completo de vacunas. El programa de provisión de medicamentos esenciales a las poblaciones que están en estado de vulnerabilidad social, a los jubilados que han sufrido el deterioro en sus ingresos y la imposibilidad de adquirir medicamentos en forma particular porque el PAMI suspendió la provisión de estos.
Este combo produce una situación de alto estrés sanitario porque quien requiere de medicación, no accede a la misma. Por otra parte, los reactivos e insumos para la atención de enfermedades crónicas, como el VIH, que han sufrido recortes significativos. La ley de Emergencia Sanitaria va a permitir que el Ministerio de Salud de la Nación cuente con herramientas como la ampliación presupuestaria y la posibilidad de adquirir los insumos necesarios para restituir los programas que fueron suspendidos.
¿Con qué otras áreas deberían combinar?
-En principio lo que hay que hacer es una coordinación amplia y una programación participativa con los ministerios de Salud de las provincias. Ginés González García ya convocó al Consejo Federal de Salud (COFESA). Hay que hacer lo propio con los secretarios del área de los municipios, sobre todo del conurbano bonaerense donde hay mayor cantidad de casos de sarampión, dengue y otras enfermedades infectocontagiosas.
También hay que activar con otros actores del sistema, como PAMI y Desarrollo Social para la provisión de aquellos insumos necesarios para restituir la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
La producción pública de medicamentos ayudaría, pero ¿es parte de esta ley de emergencia o algo más a largo plazo?
-La producción pública de medicamentos es una estrategia interesante, necesaria a mediano y largo plazo. De todas maneras no cubre todos los requerimientos de la situación actual de salud. Acá también hay un alto impacto en insumos y reactivos de otro tipo que esta producción pública no puede solucionar. Es importante porque solucionaría un tema muy complicado para la economía nacional y el presupuesto sanitario sobre todo.
¿El rol de las provincias cuál sería?
-Deberían participar en la planificación de los programas y la puesta en práctica de los mismos. Esencialmente son el brazo ejecutor que en conjunto se desarrollan y diseñan en el COFESA. El fortalecimiento de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud también es importante. El Garrahan, el Posadas, El Cruce, son instituciones que necesitan volver a tener un presupuesto que les permita llevar adelante acciones de calidad que las caracterizan porque son hospitales de alta referencia, alta complejidad y buenas resoluciones. Son actores importantes a los que debemos darles prioridad.
Yo fui directivo del Garrahan y en su momento, una de las cuestiones que más impacto tenía era el aumento del dólar, que impactaba de manera directa en la provisión de insumos y medicamentos de altos costos, que son los que utilizan estos hospitales de alta complejidad. Esta ley de Emergencia Sanitaria puede llegar a destrabar esta cuestión.