Por Pablo Bassi (@pablobassi_) | El próximo lunes, la Sala II de la Cámara de Casación Penal determinará si los familiares de las víctimas podrán continuar querellando. Hace dos años que esperan esta audiencia.
Si la resolución fuese afirmativa, luego la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional deberá expedirse sobre el procesamiento y los montos de embargo de hasta 17 millones de pesos que pesan sobre seis exfuncionarios del gobierno porteño, dos inspectores, un sereno y los cinco hombres que componen la cúpula de la empresa multinacional en la Argentina, encabezada por el gerente general y cara visible, Guillermo Lockhart.
“Después vendría el juicio oral”, espera confiado Javier Moral, abogado reprensentante de las víctimas. “Los procesamientos están muy bien hechos”, asegura a Canal Abierto.
Moral también aguarda confiado la audiencia del lunes: dice que la Cámara de Casación no puede eludir la orientación del derecho internacional en el protagonismo que le otorga a las víctimas durante el proceso penal.
Sostiene asimismo, que el nuevo Código Civil y Comercial borra de un plumazo la imposibilidad de mantener una querella penal porque se haya alcanzado antes un acuerdo civil. Este es el motivo que esgrime la defensa para recusar a los familiares.
“Así que todas las expectativas son positivas: el lunes, la Cámara deberá corregir una resolución a contramano de la historia del expediente, porque esta misma Sala, antes de la incorporación de Mariano González Palazzo, cuasi secretario de Boca Juniors, presuntamente vinculado al gobierno anterior, nos permitió seguir en la causa”, dice el abogado.
Seis años sin justicia
El último paso relevante en el caso Iron Mountain se remonta a marzo de 2018, cuando el juez de Instrucción Pablo Ormaechea procesó a 14 presuntos responsables a partir de los peritajes realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
“Existían irregularidades que resultaban notorias y no fueron consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento término en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio transversal y longitudinal entre los estantes”, escribió el magistrado.
También se encontraron restos de acelerantes, se comprobó que la alarma de incendio fue desatendida en varias oportunidades, que los planos eran inexactos, que no había suficiente reserva de agua ni llave que habilitase el acceso al agua de la calle.
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Por la responsabilidad que le cabe al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ormaechea procesó también a los funcionarios dependientes de Juan Gómez Centurión en la Agencia Gubernamental de Control durante la segunda gestión de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño. Entre ellos Rafael Roldan, Gastón Laugle, Esther Moroni y Luis Cogo. También Luis Chapar, quien reemplazó a Gómez Centurión al frente de la Aduana cuando fue apartado por el presidente Macri acusado de corrupción en 2016, y Vanesa Berkowski, que debió renunciar tras pedir coimas a locales nocturnos.
La lista de Ormaechea siguió con los inspectores Félix Raimundo Lugo, Jorge Néstor Papanicolau, Ricardo Edmundo Grunfeld y Alberto Daniel Graciani. El magistrado procesó además a Oscar Godoy, el sereno empleado de la empresa Segurplus, sobre quien recae la sospecha de omitir las dos alarmas que sonaron pasadas las 8 de aquel 5 de febrero.
En una entrevista con Canal Abierto, el defensor adjunto de la Ciudad, Gabriel Fucks, aseveró que los organismos de control del Gobierno de la Ciudad detectaron quince irregularidades en las plantas de Iron Mountain durante los ocho años previos al incendio. Una le valió en mayo de 2007 la clausura del galpón en Villa Lugano.
Fucks recordó que luego de los hechos, la legislatura de la Ciudad realizó durante un año nueve pedidos de informe a Gómez Centurión. Primero el funcionario respondió, en la informalidad, haber extraviado el expediente sobre los controles en Iron Mountain y su habilitación. Recién luego de que la Justicia dictaminara la intencionalidad del siniestro, el Gobierno de la Ciudad respondió la solicitud de la Legislatura, que el Defensor adjunto calificó de “contradictorias”.
En la piadosa cadena de responsabilidades que el macrismo no tuvo con Aníbal Ibarra figuran Francisco Cabrera, exministro de Producción y antes ministro de Desarrollo Económico porteño. Él, ex directivo del HSBC, tenía a cargo a Ezequiel Sabor, por entonces Subsecretario de Trabajo en la Ciudad, encargado de las inspecciones en los edificios porteños. Suya era la potestad sobre la Dirección General de Protección de Trabajo al mando de Fernando Macchi, jefe de los inspectores y exhoy funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Como informó este medio, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dependiente del Ministerio Público Fiscal (Procelac) denunció en mayo de 2014, a pedido de la Comisión Nacional de Valores, que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain que se habían quemado había información de 43 empresas vinculadas a 29 investigaciones sobre delitos financieros por entonces en curso.
Entre ellas el BNP Paribas por encubrimiento de fraude a la administración pública, la alimentaria Nidera por presunto lavado de dinero, así como el Banco Patagonia, el JP Morgan, Ipesa y Endemol, y otras como el HSBC por estafa bancaria. Patagonia y HSBC perdieron la mayor parte de su documentación resguardada en el depósito de Barracas.
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La pérdida de documentación fue la excusa esgrimida por el HSBC para evadir los requerimientos de la investigación originada a partir de la denuncia de Hervé Falciani. Este hombre reveló la titularidad de 4040 cuentas argentinas radicadas en paraísos fiscales de Suiza, en los que el banco funcionó como vehículo de la operación ilegal. Esa información fue suministrada por el Estado francés al argentino y por el cual se tramita una causa en la Justicia local.
Si bien la trama delictiva nunca pudo ser reconstruida, el extitular de la Procelac Carlos Gonella aseguró a este medio que es la misma que probó en el caso BNP Paribás. “Tenemos información que acredita cómo los oficiales del banco buscaban clientes y les ofrecían servicios para fugar divisas”, reveló. En total, migraron 1.000 millones de dólares a Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes.