Por Gonzalo Manzullo y Mariano Vázquez | Septiembre de 2019 fue el mes que marcó el inicio de un pulso callejero por un Chile inclusivo que definitivamente deje atrás el nefasto legado de la dictadura pinochetista en el sistema democrático. Las protestas multitudinarias e históricas solo se aplacaron a causa de las medidas represivas que Piñera implementó con la excusa de la pandemia de COVID-19. La desigualdad estructural, la ausencia de un futuro próspero para la mayoría de la población y el quiebre entre la clase política y el pueblo son dimensiones que desarrolla en esta entrevista exclusiva, Tamara Muñoz, secretaria de Relaciones Internacionales de la central obrera mayoritaria de Chile, la CUT.

El gobierno de Chile intentó minimizar los alcances del COVID-19, posteriormente tuvo que admitir que está en un estado crítico a nivel sanitario y social, ¿qué balance hacen desde la CUT?

La pandemia encuentra a Chile en medio de una revuelta social que cuestiona fuertemente el modelo neoliberal y que levanta, entre muchas demandas, el derecho social a la salud como una de sus reivindicaciones centrales. A pesar de la evidencia internacional que mostraba la rápida expansión del virus en la población, el gobierno de Chile se resistió a tomar medidas como cuarentenas nacionales, cordones sanitarios, detección y aislamiento eficaz de personas positivas. Solo por presión de las organizaciones sociales se lograron accionar casos de cuarentenas comunales y cierre de colegios.

Las medidas que emanaron desde el Ministerio de Salud hacia los servicios de salud fueron tardías, desiguales y confusas (algunas veces contradictorias). En esas difíciles circunstancias, la red de salud pública del país y sus trabajadores han asegurado el cuidado a la población.

Desde la CUT denunciaron que el gobierno realizaba un sub-registro de muertes.

-Exacto. Los datos son una herramienta fundamental en el manejo de cualquier epidemia. Desde el comienzo, éstos fueron escasos, desorganizados, mostrando mucha inexperiencia. El Ministerio de Salud contabilizaba a los fallecidos por la pandemia como recuperados y no incluía a los asintomáticos en el recuento de los contagiados.

Por eso, hoy en Chile, el sistema de salud está colapsado y los médicos deben elegir quien vive y quien muere. Estamos viviendo un largo estado de excepción con garantías constitucionales limitadas y con el uso de la fuerza pública en la represión. Es esta represión que se emplea cuando nuestro pueblo sale a denunciar el hambre que se está viviendo en nuestras poblaciones.

Podemos ver el total fracaso de las políticas emanadas del gobierno frente a la crisis. Al día de hoy (7 de junio) hay 134.150 personas contagiadas; 6.405 nuevos casos (5.760 con síntomas y 645 asintomáticos); 24.363 personas casos activos; y 2.190 fallecidos (más 653 que el gobierno no registró).

¿Qué balance hacen en términos de la situación socio-laboral en medio de la pandemia?

-Para enfrentar la pandemia, el gobierno chileno tomó el riesgo de una estrategia sanitaria inédita en el mundo y sin experiencia comparada. La llamó “cuarentena dinámica para proteger la economía”. Esta estrategia provocó la profundización de la crisis sanitaria, tal como lo demuestran las cifras de contagios y muertes. Sebastián Piñera, en representación de la derecha económica, implementó una política coordinada para sacar provecho de la crisis sanitaria y profundizar así su agenda neoliberal. La prioridad ha sido convertir la crisis sanitaria en una etapa de proceso de acumulación de riqueza, en la cual la economía, y los millones de los súper ricos, están por encima, y sin contrapeso alguno, del derecho constitucional por la vida y salud de las personas.

Sólo de esta manera se puede explicar que la crisis médica sea utilizada por las Isapres (Instituciones de Salud Previsional), y las empresas de la salud privada, para aumentar el costo de sus planes y subir los precios de las prestaciones; por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión) para, vía subterfugios del “mercado” y las leyes divinas que lo rigen, hacen desaparecer miles de millones de dólares de los ahorros de las y los trabajadores chilenos. Y de paso que sean estos mismos trabajadores quienes paguen el costo de la suspensión de la relación laboral, con sus ahorros del seguro de cesantía en virtud de la mentada ley de “protección al empleo”, bajando a cero el costo del trabajo para el empresario ya que los únicos costos que mantiene, cotizaciones previsionales y de salud, los puede pagar en cómodas cuotas y a largo plazo, mientras estos reparten sus millonarias utilidades sin pudor alguno y, además, ya se estén desarrollando políticas de salvataje a las empresas, como en la crisis de los ´80.

Actualmente, se ha elevado el nivel de cesantía, una gran cantidad de trabajadores se encuentra con sus contratos laborales suspendidos y un gran número de trabajadores independientes, por cuenta propia, trabajadores de plataformas, etcétera, que no pueden salir de sus casas a trabajar, y que no han tenido respuestas ni política de Estado que les permita cubrir las necesidades básicas como es la alimentación o la vivienda, es por esto que han resurgido las ollas comunes, como una forma de responder a la crisis social que estamos viviendo y en donde han sido el pueblo, las organizaciones sociales quienes han coordinado estas acciones.

Tamara Muñoz, CUT Chile
¿Y cómo contrarresta este sombrío panorama el pueblo trabajador? ¿Cuáles son las principales demandas de la CUT? Sabemos que una de las principales propuestas es un impuesto a los súper ricos, ¿podría contarnos de qué se trata?

-El rol de la clase trabajadora en nuestro país desde el primer momento ha sido hacerle frente a la pandemia en primera línea; trabajadoras y trabajadores de la salud, empleadas de la limpieza y del comercio, trabajadores de recolección de basura, trabajadores de medios de comunicación, transportistas, en otros. Hemos propuesto medidas económicas sociales urgentes como:

  • Entregar una renta básica de emergencia (RBE) de aproximadamente 400.000 pesos (520 dólares) por familia, que les permita salir de la pobreza y que se extienda por seis meses.
  • Reemplazar la entrega de canastas por transferencias en dinero, sino provocaremos una segunda caída de las economías locales y se perderán más empleos.
  • Otorgar créditos blandos por la vía de agencias públicas a micro y pequeñas empresas, exigiendo que no sea la banca privada quien otorgue esos dineros.
  • Implementar un impuesto permanente a los súper ricos, por un 2,5% del total de su patrimonio, que abarca a 5.840 personas, incluido Sebastián Piñera y su familia, para recaudar 6.400 millones de dólares para la RBE (Renta Básica de Emancipación) y la recuperación posterior de la economía.
  • Ejercer el control de precios sobre productos alimenticios, sanitarios y servicios básicos para la población, de esta manera, es posible poner freno al abuso de la especulación de precios en un país con elevado costo de la vida.
  • Control estatal de las empresas estratégicas para enfrentar la crisis, con la necesaria nacionalización de servicios públicos, principalmente salud, para asegurar la provisión adecuada y a tiempo de los servicios públicos.
  • Crear una Pensión Básica Universal y prohibir totalmente los despidos.
  • Legislar de forma urgente un mecanismo de protección para los trabajadores independientes con criterios de solidaridad, universalidad e intervención estatal.
  • El salvataje de empresas estratégicas solo puede hacerse por la vía del ingreso del Estado a la propiedad (nacionalización total o parcial) y administración bajo el compromiso del ingreso de los trabajadores a la misma con criterios de representatividad sindical
Durante 2019, el pueblo chileno protagonizó manifestaciones masivas en pos de un cambio estructural, que decantaron en la posibilidad una asamblea constituyente para refundar el país, ¿dónde se está canalizando, en tiempos de pandemia, este reclamo popular?

-El reclamo popular se ha trasladado a las poblaciones donde el pueblo está pasando hambre y esto se está canalizando en protestas diarias en diferentes lugares de Santiago, como así también en las regiones (provincias). El pueblo reclama por el hambre y el gobierno le envía represión. El peso de la crisis debe recaer sobre las grandes empresas y el capital extranjero.

¿Qué rol cumple la solidaridad internacional en este contexto?

La clase trabajadora, en sus herramientas históricas, tiene un legado de construcción de redes de solidaridad nacional, regional e internacional en épocas de restricción de derechos, libertades y ataques a la democracia. Hoy más que nunca debemos unir fuerzas y activar todas las redes de solidaridad internacional para hacer frente a esta crisis sanitaria, económica y social.

 

Publicado originalmente en CTA Autónoma Internacional 

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