Redacción Canal Abierto | Desde que entró en vigencia la medida cautelar a la que, en 2015, dio lugar la Justicia para frenar el proyecto inmobiliario Barrio Náutico Lagos del Mar, los vecinos de Mar Chiquita respiraron aliviados. En 2012, el proyecto le había costado a la laguna la remoción de más de 50 mil metros cúbicos y amenazaba ir por más. Pero con la ordenanza 004/19 el alivio terminó.

Fue el 28 de diciembre del 2018 que el entonces intendente Carlos Ronda (Juntos por el Cambio) elevó al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza de Rezonificación –la 004-, que se aprobó en enero de 2019 y que declaraba a la zona apta para la construcción. Y se reactivó el mes pasado, cuando el nuevo intendente Jorge Paredi (Frente de Todos) salió a defenderla.

 

La historia

“Cuando se aprueba una ordenanza, el intendente puede vetarla o convalidarla, si no hace ninguna de las dos cosas entra en vigencia. Los vecinos pedíamos que la vetara, pero el intendente obviamente no lo hizo porque fue él quien la impulsó”, explica Hugo Gribman, presidente de la Fundación Verde Pampa, una de las organizaciones de pobladores que dan pelea al avance sobre la laguna.

Sucede que la de Mar Chiquita es una laguna albufera declarada Reserva Mundial de Biosfera por Unesco en  1996. Albufera porque se trata de una laguna litoral separada del mar por un cordón de arena pero en comunicación con él. Estos sitios son una muestra de la biodiversidad del planeta y de cómo el hombre puede habitarlo en forma sostenible. En otras palabras, son áreas geográficas representativas de la diversidad de hábitats del mundo y se encuentran protegidas.

La ordenanza 004 atentaba contra esta protección al permitir construir más allá de los límites que las reservas prevén. Así que, pese a no ser vetada por Ronda, no entró en vigencia porque las organizaciones civiles la judicializaron.

En octubre de 2019, Paredi ganó las elecciones municipales. Con ese triunfo, la conducción del partido de Mar Chiquita cambió de signo político pero –al parecer- las intenciones de construir sobre la reserva permanecieron.

“Desde el Municipio se hizo una presentación judicial hace unas semanas que cuando uno lee se da cuenta de que es en apoyo a la ordenanza 004. Creemos que ahí hay una amenaza encubierta: no están en este momento queriendo avanzar abiertamente, pero apoyan una ordenanza que deberían rechazar”, agrega Gribman en diálogo con Canal Abierto.

 

La polémica ordenanza

En efecto, Paredi  realizó una presentación -de forma espontánea y en plena pandemia frente al Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Mar del Plata- donde niega querer avanzar con proyectos inmobiliarios en la zona de reserva y reconoce que la medida cautelar que lo impide sigue vigente. Pero defiende la legalidad de la ordenanza 004/19 como un “acto administrativo” necesario para poder realizar un informe ambiental.

Desde la comunidad, sostienen que esto no tiene sentido. En principio, porque para elaborar dicho informe lo que sí se requería era convocar al Comité de Gestión –que está integrado por organismos de la sociedad civil e instituciones intermedias; una pata técnica, representada por instituciones académicas; y una tercera gubernamental- para que emitiera su opinión de carácter vinculante sobre el proyecto. “Lamentablemente a dos años de su creación, el Comité nunca recibió el expediente”, explican desde la Sociedad de Fomento Balneario Parque Mar Chiquita, la Fundación Verde Pampa, la Asamblea Paremos el Desierto Verde, el Centro de Estudios Comunitarios para la Identidad el Ambiente y el Patrimonio Pachamama (CECIAPP), Surfrider Mar Chiquita y Brujas en Red – Mar de Cobo en un comunicado conjunto.

Coincidentemente con la presentación del intendente, hace pocos días, un grupo de vecinos mencionaron que vieron camiones extrayendo arena en la boca de la laguna, en grandes cantidades. “Luego verificamos que se la estaban llevando a unas obras en Pirán, otra localidad de la costa -afirma Gribman-. Eran unos 30 camiones de arena extraídos de parte de la reserva, de los médanos que también están protegidos. A seis metros de arena que carga cada uno, se llevaron más o menos $ 500.000”.

Ante la avanzada legal y de facto, la comunidad se organizó y reclama que se ejerza la protección de la reserva y que haya un ordenamiento territorial ciudadano.

“Lo que hace el ordenamiento territorial es definir los usos de los suelos. El gobierno de Ronda impulsó un cambio de ordenamiento territorial y contrató para eso a una consultora privada que presentó una propuesta. Pero esto generó bastante rechazo porque no se cumplieron con los procesos de participación ciudadana, y no avanzó –explica el titular de la Fundación Verde Pampa-.  Hace pocas semanas Marcelo Artime, secretario de Turismo y Ambiente, dijo en medios marplatenses que están nuevamente trabajando en un ordenamiento territorial, otra vez solos. Esto es grave, porque detrás del uso del suelo hay muchos negocios: no vale lo mismo un terreno frente a la costa si se puede construir ahí una casa que si se puede construir un edificio. No es lo mismo si en la zona se puede tener una granja o hacer agricultura extensiva. Por eso exigimos participar de esa discusión”.

 

La importancia

La Reserva Natural Integral de Mar Chiquita tiene una longitud de 56 kilómetros y una superficie total de 26.588 hectáreas. En su interior aloja una laguna de 37 kilómetros de largo y casi 5.000 hectáreas de superficie, dependiendo de las precipitaciones anuales. Allí viven más de 168 especies de aves que llegan cada año, peces y mamíferos.  También hay dunas y pastizales. Su albufera es un accidente geográfico único en Argentina y muy poco frecuente en el resto del mundo.

La barrera medanosa oriental, que va desde Punta Rasa hasta Mar Chiquita, y la barrera medanosa austral, donde está Claromecó y llega casi a Bahía Blanca, son ecosistemas distintos. Y la primera de ellas, que atraviesa todo el Partido de la Costa, está fragmentada. “Ese ecosistema está desapareciendo. Lo único que queda prístino es la parte que va de Villa Gesell a Mar Chiquita, que son 60 kilómetros. La intención es que eso se preserve, y estamos en relación con el Municipio de Gesell, donde el 3 de marzo se presentó un proyecto que acompañamos con propuestas para la inclusión de Mar Chiquita», cuenta Gribman.

Sucede que proteger la reserva se vuelve más complicado para los vecinos por el problema jurisdiccional. En la actualidad, parte de la reserva es provincial, y parte municipal, y dentro contiene distintas zonificaciones. Un sector, por ejemplo, es administrado conjuntamente por el Ministerio de Defensa de la Nación y Parques Nacionales, porque es una base militar CELPA (Centro de Experimentación de Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados) que data de los años 60, cuando el lugar todavía no estaba preservado.

Por eso, el otro proyecto en el que los vecinos de Mar Chiquita depositan esperanzas en el que planea convertir la reserva en Parque Nacional. El mismo, impulsado en su momento por el diputado Juan Manuel Abal Medina, tuvo media sanción en el Senado pero no fue tratado por Diputados y perdió estado parlamentario. Hoy, un rumor que llegó desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sostiene que su titular, Juan Cabandié, comparte esa intención.

«Un parque nacional es una de las figuras de protección más fuertes que hay. Se nos terminarían muchos problemas, en principio legales. Porque hoy los médanos están protegidos y eso no evita que se los roben. Sería una gran cosa para nosotros y todo dependería de Nación, no de que un intendente saque una ordenanza y cambie la zonificación», asegura Gribman.

 

La organización popular que paró las fumigaciones

Junto con la avanzada sobre la reserva, a mediados de mayo los vecinos de Mar Chiquita sufrieron otra embestida del Concejo Deliberante, el cual aprobó una ordenanza que permitía fumigar hasta 150 metros de zonas pobladas.

Las organizaciones vecinales y agrupaciones protectoras del medio ambiente reaccionaron rápidamente, y organizaron una caravana muy grande en plena pandemia. En paralelo, a través de la Asamblea Paremos el Desierto Verde, que tiene representantes de todas las localidades costeras y algunas del interior,  presentaron un amparo que hizo prevalecer la cautelar que no permite la fumigación a menos de 1.500 metros de zonas urbanas, escuelas y cursos de agua y que continúa vigente.

Estamos mucho más organizados, hay mucha más gente preocupada por el medio ambiente, más instituciones -advierte Gribman- ya no pueden amedrentarnos”.

 

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