Redacción Canal Abierto | Luego de más de ocho meses de intensa negociación y una tarde de rumores, el acuerdo entre el Gobierno y los bonistas privados llegó y comenzó el festival de opiniones. Desde izquierda, derecha y centro, hubo quienes criticaron, y quienes festejaron acaloradamente, incluso desde sectores de la más aguerrida oposición.

El propio ex ministro de la misma gestión macrista que tomó la mayor deuda en la historia de la Argentina, Adolfo Prat-Gay, afirmó en Twitter: “Se podría haber logrado un acuerdo mejor. Como Ecuador: más rápido, mayor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital. Pero ya está: con acuerdo no alcanza; sin acuerdo no arranca. Ahora a ponerle todo el diálogo y toda la energía para salir de esta dolorosa recesión”.

En términos generales, el arreglo sobre la deuda argentina en manos privadas bajo legislación extranjera establece que por cada bono de US$ 100 nominales los bonistas recibirán US$ 54,8, se cambia la fecha original del pago de los cupones semestrales y se adelantarán los vencimientos de capital con un plazo de gracia de tres años. Según anunció el presidente Alberto Fernández, este acuerdo “le permite a la Argentina ahorrarse US$ 33 mil millones de la deuda asumida en los próximos diez años”. “Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde –afirmó-. Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar”.

¿Es éste el mejor arreglo al que podíamos arribar? El que se abre, ¿es un mejor escenario para que la Argentina negocie ante el Fondo Monetario Internacional (FMI)? En otras palabras, ¿se puede festejar?

 

Alegrías y reparos

“Lo que veo es que se pudo lograr en el corto plazo, sobre todo en el período de hoy hasta 2028, una reducción importante de los pagos que alcanza los US$ 45 mil millones. En el flujo total hay un ahorro de US$ 30 mil millones concentrados en los primeros años. Es importante preservar esta sustentabilidad de la deuda, y no verlo como una oportunidad de salir a tomar deuda rápido al mercado internacional”, destaca Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en diálogo con Canal Abierto.

Y agrega: “Se critica que este acuerdo se podría haber logrado en marzo o abril. Me parece que era más importante llegar a un acuerdo cumplible que a un acuerdo rápido”.

Por su parte, Julia Strada, directora del Grupo Banco Provincia y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca el acuerdo como “un logro político, para el gobierno de Alberto Fernández y para la gestión en Economía de Martín Guzmán”.

“La concentración de una parte de la deuda en unos pocos acreedores limitaba mucho el margen de maniobra argentino. Creo que es un logro que el punto final haya estado más cerca de la propuesta argentina que de la de los bonistas”, resalta.

Por su parte, Alejandro López Mieres, experto en finanzas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) se mostró más cauteloso: “Vemos que hay un festejo colectivo de todo el establishment económico, financiero, de los medios de comunicación adeptos. En general, cuando festejan ellos, a la gente no le va bien. 

Olmos Gaona, sobre la euforia financiera por el acuerdo: “Cuando ellos festejan, Argentina siempre pierde”

Respecto de la propuesta de julio, Argentina cumple con lo que dijo el Presidente de que no iba a poner ni un dólar más, porque lo que hace es adelantar sutilmente los vencimientos de amortización y renta de los bonos que van a emitir, lo cual genera este efecto de aumento en el valor presente: de US$ 53,5 a US$ 54,8”.

“Pero la letra chica son las cláusulas de acción colectiva y de reasignación que van a regir los nuevos bonos, que son una bandera por parte de Guzmán –detalla-. Lo que los fondos quieren es que lo que Argentina pretende hacer con estas cláusulas de reasignación no se convierta en norma en las futuras reestructuraciones de deuda soberana de otros países. Ven a Argentina como el peligro de ser un faro para negociaciones futuras. Eso es lo que se está discutiendo, y no queda claro cuáles son las modificaciones que los fondos pretenden y en qué medida pueden afectar al contrato. Éste es el punto ciego de la negociación”.

 

 El FMI, la pandemia, y lo que queda por reestructurar

Reestructurada la deuda con los bonistas, a la Argentina le queda la parte más álgida: renegociar los compromisos contraídos con el FMI quien, como destaca Strada, “a cambio de la deuda te pide el plan económico”.

“Ahí es donde aparece un desafío hacia adelante. Lo que se espera que el FMI pida es ajuste, y por eso hay que luchar contra eso –agrega la economista-. Argentina no tiene margen para hacer un ajuste, ya cae diez puntos este año. ¿Cuánto hay que caer para comprimir el gasto, las exportaciones y que haya superávit comercial? ¿Cuál es el número que les va a cerrar al Fondo para asegurarse su tajada en el pago de los vencimientos? El mundo, con la pandemia, ha cambiado. Ha virado el eje de los planteos en la política económica. Yo creo que la lucha que se viene es esa: discutir cuál es la política económica pospandemia. Y no sólo no tiene que haber ajuste sino que tiene que ser expansiva”.

En tanto, López Mieres asegura: “Hubo una especie de alianza con el FMI para esta reestructuración, en un  juego de tres jugadores: el propio Fondo, la Argentina y los bonistas. Donde dos se unen para condicionar al tercero. Y hay un párrafo en el documento que emite Argentina que condiciona el acuerdo a que los organismos internacionales y la comunidad financiera internacional, lo acepte”.

Y agrega: “Con esta reestructuración, Argentina está más o menos desahogada hasta 2025/2026, después empiezan los problemas. Si se concentran estos vencimientos con los del FMI, el sector externo queda estrangulado nuevamente, porque el grueso del crédito que nos dio hay que devolverlo entre 2022 y 2023. ¿Puede el FMI postergar los vencimientos diez años? De eso todavía no se habló,  pero el manual del FMI se incendió con la pandemia. Se junta la necesidad argentina de reestructurar la deuda con el FMI al mayor plazo y a la menor tasa posible, con la necesidad del FMI de regularizar la situación de su principal deudor después de la actitud irresponsable y política de darle el préstamo a Macri. Vamos a ver cómo sigue la historia”.

 

La agenda económica de acá en más

El acuerdo, para muchos, destraba una situación que –pandemia y deuda mediante- fue un reclamo desde múltiples sectores para la gestión de Guzmán: un plan económico claro.

“Los próximos años está bastante despejado el horizonte en cuanto a los compromisos de deuda. Me parece que esto despeja la posibilidad de encarar con más resolución la discusión con el FMI, que va a ser la clave por lo menos por lo que queda de 2020, y, en términos de la agenda productiva, la reforma tributaria, incentivos y programas de desarrollo de exportaciones creo que no era necesario esperar una resolución de la deuda para encarar una transformación de política interna”, asegura Pertierra.

Para Strada, este arreglo significa la oportunidad para Argentina de disponer de recursos líquidos que antes no tenía. “Argentina tenía comprometido, sin resolver esto, el 21% de la recaudación en pago de intereses. Esto queda despejado. Hay otro escenario para pensar política fiscal y la reactivación en el marco de la pandemia y la pospandemia. Se libera la agenda de las otras iniciativas que el Gobierno quiera impulsar más allá de la deuda. Acordar con bonistas tan duros te da una legitimidad para avanzar en lo que viene. Y estos recursos los tiene que usar para fortalecer el mercado interno y para crecer”.

En ese punto, López Mieres acuerda: “Cuando se planteó la reestructuración de deuda ni siquiera estaba la pandemia. Argentina libera los vencimientos de los bonistas durante prácticamente tres años. Se supone que eso, manteniendo las regulaciones con el dólar, nos permitiría generar un colchón en un contexto donde tenemos pocas reservas. Esto va a permitir aplicar dólares a reactivar la economía vía importaciones y empezar la reestructuración productiva”.

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